México
La Segob señala ''transformación histórica'' de procuración de justicia
Asegura que logró gracias al diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales permitieron la aprobación de la reforma penal
CIUDAD DE MÉXICO (23/NOV/2012).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré, afirmó que en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa se llevó a cabo una "transformación histórica" en materia de procuración e implementación de la justicia.
Lo anterior, resaltó, gracias al diálogo y a los consensos alcanzados entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales permitieron la aprobación de la reforma penal.
Durante la instalación de la IX Sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Poiré Romero indicó que hasta ahora se han ejercido cerca de mil 200 millones de pesos en subsidios directos por parte de la Secretaría Técnica del consejo a las entidades federativas.
En el acto celebrado en el Salón Juárez del antiguo Palacio de Covián, el responsable de la política interior del país señaló que esa inversión ha permitido dotar de salas de audiencia, estructura penitenciaria y capacitación.
Asimismo reconoció el esfuerzo, compromiso e ímpetu de los integrantes del consejo y, en particular, de los miembros de la sociedad civil que han acompañado e impulsado a las diversas autoridades.
En su oportunidad el presidente y fundador de la organización civil México SOS, Alejandro Martí, reconoció al presidente Felipe Calderón como estadista, pues la reforma penal impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo "es la más importante en la época moderna del país".
Alejandro Martí solicitó a Poiré Romero, en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación, establecer contacto con el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto a fin de informarle los avances que en materia de justicia penal ha logrado ese grupo de trabajo.
El propósito es que el próximo gobierno dé continuidad a los trabajos y acuerdos del propio consejo, a fin de reforzarlo y reafirmar los progresos que en la materia se han alcanzado en los últimos cuatro años, aclaró.
Por su parte el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego, manifestó que al inicio de la actual administración había un sistema penal anquilosado, rebasado, manipulado y sin credibilidad social.
Además una policía sin capacitación que no tenía conocimientos para realizar investigaciones científicas, agregó.
Esa "es sólo una parte de la gran problemática que padecía nuestro país en el tema de justicia, y para encontrar una solución se requería de un cambio y de una verdadera voluntad política: una reforma para transformar el sistema de justicia penal en México", dijo.
Subrayó que la actual administración federal estableció como objetivo primordial de este sexenio "transformar las instituciones de procuración y administración de justicia radicalmente, para encontrar formas eficaces de proteger los derechos de todos".
A la sesión del consejo asistieron Gilberto Higuera Bernal, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, y César Esquinca Muñoa, consejero de la Judicatura Federal.
Además Javier Arriaga Sánchez, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, entre otros.
Lo anterior, resaltó, gracias al diálogo y a los consensos alcanzados entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales permitieron la aprobación de la reforma penal.
Durante la instalación de la IX Sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Poiré Romero indicó que hasta ahora se han ejercido cerca de mil 200 millones de pesos en subsidios directos por parte de la Secretaría Técnica del consejo a las entidades federativas.
En el acto celebrado en el Salón Juárez del antiguo Palacio de Covián, el responsable de la política interior del país señaló que esa inversión ha permitido dotar de salas de audiencia, estructura penitenciaria y capacitación.
Asimismo reconoció el esfuerzo, compromiso e ímpetu de los integrantes del consejo y, en particular, de los miembros de la sociedad civil que han acompañado e impulsado a las diversas autoridades.
En su oportunidad el presidente y fundador de la organización civil México SOS, Alejandro Martí, reconoció al presidente Felipe Calderón como estadista, pues la reforma penal impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo "es la más importante en la época moderna del país".
Alejandro Martí solicitó a Poiré Romero, en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación, establecer contacto con el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto a fin de informarle los avances que en materia de justicia penal ha logrado ese grupo de trabajo.
El propósito es que el próximo gobierno dé continuidad a los trabajos y acuerdos del propio consejo, a fin de reforzarlo y reafirmar los progresos que en la materia se han alcanzado en los últimos cuatro años, aclaró.
Por su parte el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego, manifestó que al inicio de la actual administración había un sistema penal anquilosado, rebasado, manipulado y sin credibilidad social.
Además una policía sin capacitación que no tenía conocimientos para realizar investigaciones científicas, agregó.
Esa "es sólo una parte de la gran problemática que padecía nuestro país en el tema de justicia, y para encontrar una solución se requería de un cambio y de una verdadera voluntad política: una reforma para transformar el sistema de justicia penal en México", dijo.
Subrayó que la actual administración federal estableció como objetivo primordial de este sexenio "transformar las instituciones de procuración y administración de justicia radicalmente, para encontrar formas eficaces de proteger los derechos de todos".
A la sesión del consejo asistieron Gilberto Higuera Bernal, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, y César Esquinca Muñoa, consejero de la Judicatura Federal.
Además Javier Arriaga Sánchez, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, entre otros.
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