México
La SFP denuncia a ex secretario de Finanzas de Andrés Granier
La denuncia también implica a otros ex trabajadores del gobierno de Tabasco por el presunto delito de coalición de servidores públicos
CIUDAD DE MÉXICO (14/NOV/2013).- La Secretaría de la Función Pública (
SFP) denunció penalmente al ex secretario de Finanzas de
Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda; al ex presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández; a cuatro ex empleados federales de la Comisión Nacional de Vivienda (
Conavi) y ex trabajadores del gobierno de Tabasco por el presunto delito de coalición de servidores públicos.
La SFP realizó una investigación en la que acreditó que estas personas incumplieron un acuerdo para comprar terrenos para construir casas que serían otorgadas a las personas que resultaron afectadas durante la inundación de octubre de 2007 en Tabasco.
La SFP explicó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) suscribieron en 2007 un convenio para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, para resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios por las inundaciones de octubre de ese año.
La Conavi aportaría 350 millones de pesos y el Estado agregaría 38.5 millones de pesos. A 10 días de firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas, la cual a su vez, canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.
El Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.
Posteriormente, el Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos.
Ese organismo federal -explicó Función Pública- se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente, mediante el cual la inmobiliaria se comprometía a construir solamente mil 338 viviendas.
En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios involucrados, tanto federales como estatales, signaron un nuevo documento de transacción para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras.
La SFP realizó una investigación en la que acreditó que estas personas incumplieron un acuerdo para comprar terrenos para construir casas que serían otorgadas a las personas que resultaron afectadas durante la inundación de octubre de 2007 en Tabasco.
La SFP explicó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) suscribieron en 2007 un convenio para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, para resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios por las inundaciones de octubre de ese año.
La Conavi aportaría 350 millones de pesos y el Estado agregaría 38.5 millones de pesos. A 10 días de firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas, la cual a su vez, canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.
El Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.
Posteriormente, el Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos.
Ese organismo federal -explicó Función Pública- se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente, mediante el cual la inmobiliaria se comprometía a construir solamente mil 338 viviendas.
En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios involucrados, tanto federales como estatales, signaron un nuevo documento de transacción para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras.
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