México
La Procuraduría de Jalisco necesita ''dientes'' contra lavado de dinero
En la Entidad no está tipificado el delito; 12 estados ya lo integraron a sus Códigos Penales
GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2013).- En la mayor parte del país el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, sigue siendo una facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR), pero hay una minoría de entidades federativas, 12 en específico, que se han sumado en estos esfuerzos integrando el delito a su Código Penal: Jalisco no es uno de ellos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) tiene clara la relevancia de cortar los flujos de fondos económicos a las organizaciones criminales para minar su operatividad, particularmente ahora que la investigación del narcomenudeo ya es de su competencia, pero mientras el lavado de dinero no esté incluido en el Código Penal estatal, no tendrá facultades para seguir la ruta de los recursos que obtienen los delincuentes.
El titular de la Coordinación General de Asesores de la PGJEJ, Omar Lenin Luna Osorio, dice al respecto:
“Una cosa es la detención de personas, la desarticulación de bandas que es propiamente la cuestión reactiva, pero en el fenómeno criminal los grupos de la delincuencia siguen manteniéndose por los recursos, por los bienes, por el numerario, o por lo que tengan para poder seguir operando”.
“Una de las estrategias que se ha diseñado es que si durante muchos años se ha llevado a cabo la detención de personas, la desarticulación de bandas, el aseguramiento de vehículos, armas, etcétera, ahora vamos a complementar esa parte quitándole los recursos a la delincuencia, porque gracias a ellos es como siguen subsistiendo. Las detenciones les pueden afectar, pero finalmente reclutan, reclutan y reclutan gente, si tú les quitas esa parte del recurso económico, prácticamente los asfixias, los extingues”.
El poder económico de los grupos del crimen organizado en el país se refleja bien en la flotilla de 578 aeronaves que fueron aseguradas por las instituciones federales en el sexenio anterior, los 99 mil 123 vehículos terrestres y otros 503 marítimos; las 153 mil 430 armas confiscadas y los 189 mil 346 detenidos (una cifra muy cercana a los 263 mil 930 efectivos de las Fuerzas Armadas del país: 209 mil 716 del Ejército y 54 mil 214 de la Marina-Armada).
En 1996 se tipificó el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el país, en el fuero federal. En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 11 de octubre de 2012, se establecen papeles primordiales en estas tareas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (desde el ámbito administrativo, y creada en 2004), y a la nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR (en lo penal).
“Efectivamente”, prosigue el funcionario de la Procuraduría estatal, “el lavado de dinero actualmente es competencia o está legislado únicamente en el ámbito federal, si lo quisiéramos aplicar, el Congreso del Estado tendría que legislar en la materia, porque también hay (aquí) lavado de dinero o recursos que son de procedencia ilícita”.
Desde el 30 de junio de 2011 los gobernadores del país se comprometieron al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a perseguir el “lavado” de dinero, con la creación en sus procuradurías de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), lo que fue categorizado como “eje estratégico” y “prioridad nacional”.
Esto conlleva, sin embargo, una parte ejecutiva (la creación de la UIPE) y otra legislativa (la modificación al Código Penal), y ni una ni otra se ha concretado en Jalisco. Entre las entidades federativas que sí tienen esta figura penal en sus leyes está Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.
Actualmente, la única manera por la que podría intervenir la PGJEJ en una investigación de lavado de dinero sería a petición de la PGR, pues “es de carácter federal, como nosotros podríamos intervenir es en coadyuvancia (sic) con ellos; si ellos, si esa unidad federal que ya la tienen, nos solicita realizar diligencias, nosotros estamos obligados a apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, pero la competencia como tal no la tenemos”.
> CIFRAS ESTATALES
Blanqueo aumentó 180 por ciento
Las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, muestran un fuerte incremento en la incidencia del delito en Jalisco, que resulta clave para financiar las estructuras operativas de los cárteles.
Según la PGR, de 2007 a 2011 este delito creció 180% en el Estado, pues la fiscalía pasó de integrar cinco averiguaciones previas a 14. Los últimos datos disponibles de la fiscalía se ubican a junio de 2012 con 12 casos más.
En México, se disparó este ilícito a partir de las acciones del crimen organizado a partir de las operaciones para introducir sus ganancias en el sistema financiero nacional.
Las cifras hablan por sí solas. El incremento en cuatro años fue de 83 por ciento: en 2007, la PGR abrió 260 averiguaciones previas y en 2011 totalizaron 477. En el primer semestre de 2012 se registraron otros 279 ilícitos de este tipo.
También los números dan una idea del nivel de eficiencia de las indagatorias en Jalisco.
Durante el sexenio anterior, la fiscalía documenta que reunió los elementos de prueba como para consignar casi 16% de los casos que investigó.
Entre 2007 a 2012 (a su primer semestre), el Ministerio Público federal investigó 57 delitos en Jalisco, pero concluyó satisfactoriamente nueve expedientes, es decir, sólo 15.8 por ciento.
Y la cifra tiene una explicación. El titular de la Coordinación General de Asesores de la Procuraduría de Jalisco, Omar Lenín Luna Osorio, opina que la fiscalía necesita herramientas para poder operar “más eficientemente en la Entidad”.
“Si lo quisiéramos aplicar, el Congreso tendría que legislar en la materia, porque también hay (aquí) delitos con recursos que son de procedencia ilícita.
“El lavado de dinero actualmente es competencia o está legislado únicamente en el ámbito federal.”
DATOS
El delito por entidades
Estado Delitos Consignaciones %
1. Sinaloa 357 30 8.4%
2. Sonora 120 39 32.5%
3. Baja California Sur 99 31 31.3%
4. Tamaulipas 63 27 42.8%
5. Jalisco 57 9 15.7%
6. DF 37 5 13.5%
7. Chiapas 33 13 39.3%
8. Veracruz 29 3 10.3%
9. Chihuahua 25 2 8%
10. Michoacán 25 3 12%
Nota: De los dos mil 326 delitos por lavado de dinero indagados en el sexenio, sólo mil 025 están categorizados por Entidad federativa.
Averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a nivel nacional
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total
AP 260 481 369 460 477 279 2326
Consignadas 70 90 73 113 107 69 522
% Consignación 26.9% 18.7% 19.7% 24.5% 22.4% 24.7% 22.4%
*Hasta junio. Fuente: PGR
Averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en Jalisco
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total
AP 5 4 6 16 14 12 57
Consignadas 0 0 1 2 4 2 9
% Consignación 0 0 16% 12.5% 28.5% 16.6% 8.7%
*Hasta junio. Fuente: PGR
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) tiene clara la relevancia de cortar los flujos de fondos económicos a las organizaciones criminales para minar su operatividad, particularmente ahora que la investigación del narcomenudeo ya es de su competencia, pero mientras el lavado de dinero no esté incluido en el Código Penal estatal, no tendrá facultades para seguir la ruta de los recursos que obtienen los delincuentes.
El titular de la Coordinación General de Asesores de la PGJEJ, Omar Lenin Luna Osorio, dice al respecto:
“Una cosa es la detención de personas, la desarticulación de bandas que es propiamente la cuestión reactiva, pero en el fenómeno criminal los grupos de la delincuencia siguen manteniéndose por los recursos, por los bienes, por el numerario, o por lo que tengan para poder seguir operando”.
“Una de las estrategias que se ha diseñado es que si durante muchos años se ha llevado a cabo la detención de personas, la desarticulación de bandas, el aseguramiento de vehículos, armas, etcétera, ahora vamos a complementar esa parte quitándole los recursos a la delincuencia, porque gracias a ellos es como siguen subsistiendo. Las detenciones les pueden afectar, pero finalmente reclutan, reclutan y reclutan gente, si tú les quitas esa parte del recurso económico, prácticamente los asfixias, los extingues”.
El poder económico de los grupos del crimen organizado en el país se refleja bien en la flotilla de 578 aeronaves que fueron aseguradas por las instituciones federales en el sexenio anterior, los 99 mil 123 vehículos terrestres y otros 503 marítimos; las 153 mil 430 armas confiscadas y los 189 mil 346 detenidos (una cifra muy cercana a los 263 mil 930 efectivos de las Fuerzas Armadas del país: 209 mil 716 del Ejército y 54 mil 214 de la Marina-Armada).
En 1996 se tipificó el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el país, en el fuero federal. En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 11 de octubre de 2012, se establecen papeles primordiales en estas tareas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (desde el ámbito administrativo, y creada en 2004), y a la nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR (en lo penal).
“Efectivamente”, prosigue el funcionario de la Procuraduría estatal, “el lavado de dinero actualmente es competencia o está legislado únicamente en el ámbito federal, si lo quisiéramos aplicar, el Congreso del Estado tendría que legislar en la materia, porque también hay (aquí) lavado de dinero o recursos que son de procedencia ilícita”.
Desde el 30 de junio de 2011 los gobernadores del país se comprometieron al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a perseguir el “lavado” de dinero, con la creación en sus procuradurías de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), lo que fue categorizado como “eje estratégico” y “prioridad nacional”.
Esto conlleva, sin embargo, una parte ejecutiva (la creación de la UIPE) y otra legislativa (la modificación al Código Penal), y ni una ni otra se ha concretado en Jalisco. Entre las entidades federativas que sí tienen esta figura penal en sus leyes está Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.
Actualmente, la única manera por la que podría intervenir la PGJEJ en una investigación de lavado de dinero sería a petición de la PGR, pues “es de carácter federal, como nosotros podríamos intervenir es en coadyuvancia (sic) con ellos; si ellos, si esa unidad federal que ya la tienen, nos solicita realizar diligencias, nosotros estamos obligados a apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, pero la competencia como tal no la tenemos”.
> CIFRAS ESTATALES
Blanqueo aumentó 180 por ciento
Las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, muestran un fuerte incremento en la incidencia del delito en Jalisco, que resulta clave para financiar las estructuras operativas de los cárteles.
Según la PGR, de 2007 a 2011 este delito creció 180% en el Estado, pues la fiscalía pasó de integrar cinco averiguaciones previas a 14. Los últimos datos disponibles de la fiscalía se ubican a junio de 2012 con 12 casos más.
En México, se disparó este ilícito a partir de las acciones del crimen organizado a partir de las operaciones para introducir sus ganancias en el sistema financiero nacional.
Las cifras hablan por sí solas. El incremento en cuatro años fue de 83 por ciento: en 2007, la PGR abrió 260 averiguaciones previas y en 2011 totalizaron 477. En el primer semestre de 2012 se registraron otros 279 ilícitos de este tipo.
También los números dan una idea del nivel de eficiencia de las indagatorias en Jalisco.
Durante el sexenio anterior, la fiscalía documenta que reunió los elementos de prueba como para consignar casi 16% de los casos que investigó.
Entre 2007 a 2012 (a su primer semestre), el Ministerio Público federal investigó 57 delitos en Jalisco, pero concluyó satisfactoriamente nueve expedientes, es decir, sólo 15.8 por ciento.
Y la cifra tiene una explicación. El titular de la Coordinación General de Asesores de la Procuraduría de Jalisco, Omar Lenín Luna Osorio, opina que la fiscalía necesita herramientas para poder operar “más eficientemente en la Entidad”.
“Si lo quisiéramos aplicar, el Congreso tendría que legislar en la materia, porque también hay (aquí) delitos con recursos que son de procedencia ilícita.
“El lavado de dinero actualmente es competencia o está legislado únicamente en el ámbito federal.”
DATOS
El delito por entidades
Estado Delitos Consignaciones %
1. Sinaloa 357 30 8.4%
2. Sonora 120 39 32.5%
3. Baja California Sur 99 31 31.3%
4. Tamaulipas 63 27 42.8%
5. Jalisco 57 9 15.7%
6. DF 37 5 13.5%
7. Chiapas 33 13 39.3%
8. Veracruz 29 3 10.3%
9. Chihuahua 25 2 8%
10. Michoacán 25 3 12%
Nota: De los dos mil 326 delitos por lavado de dinero indagados en el sexenio, sólo mil 025 están categorizados por Entidad federativa.
Averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a nivel nacional
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total
AP 260 481 369 460 477 279 2326
Consignadas 70 90 73 113 107 69 522
% Consignación 26.9% 18.7% 19.7% 24.5% 22.4% 24.7% 22.4%
*Hasta junio. Fuente: PGR
Averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en Jalisco
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Total
AP 5 4 6 16 14 12 57
Consignadas 0 0 1 2 4 2 9
% Consignación 0 0 16% 12.5% 28.5% 16.6% 8.7%
*Hasta junio. Fuente: PGR
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