México
La PGR sufre reestructuración
Al concluir el sexenio de Felipe Calderón, la institución ha sido diagnosticada como ''desmantelada'' por su nuevo titular, Jesús Murillo Karam
CIUDAD DE MÉXICO (01/ENE/2013).- Un proceso de reestructuración y depuración de la Procuraduría General de la República (PGR) caracterizó 2012, pero también la corrupción se hizo presente, no sólo en los casos emblemáticos que se investigaron vinculados al poder de infiltración del narcotráfico en instituciones del país o en ámbitos como la política, también dentro de la misma dependencia, que al concluir el sexenio ha sido diagnosticada como "desmantelada" por su nuevo titular, Jesús Murillo Karam.
En abril de 2011, cuando Marisela Morales Ibañez asumió la conducción de la PGR, decidió emprender una serie de cambios institucionales para hacer más eficiente su papel en el combate a los delitos federales, desde la creación de 171 protocolos de actuación antes inexistentes, la incorporación de nuevas tecnologías e instalaciones, hasta la salida de más de 50 funcionarios de todos niveles por no cumplir con el perfil del cargo o no dar resultados. Al parecer, el tiempo fue insuficiente.
El año cierra con una evaluación negativa de la dependencia, elaborada por el actual gobierno federal. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se realizó el 17 de diciembre, Murillo Karam ofreció un diagnóstico sobre cómo recibió la PGR: "existe una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que abona brutalmente la impunidad (...) Arrastra a través de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad".
Tajante indicó que hay ausencia de objetivos generales, permanentes, sistémicos, sin procedimientos o personal ministerial o policial de calidad para hacer frente a una delincuencia creciente en recursos. Peor aún: "perdimos el propósito central de la investigación (...), violentando con frecuencia derechos fundamentales", dijo en alusión a la utilización recurrente del arraigo y los testigos protegidos, que hoy están bajo revisión por mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
Casos cuestionados
En los casos más relevantes de presunta corrupción o por la gravedad de los ilícitos que se registraron, la actuación de la PGR y sus métodos de investigación a lo largo de 2012 fueron seriamente cuestionados.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en mayo pasado arraigó al ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y otros cinco militares coacusados, como el general Roberto Dawe, quienes enfrentan proceso penal por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero su defensa sostiene ante tribunales que la acusación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos y del ex militar Iván Reyna Muñoz, sin más evidencias.
En la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, acusados de recibir sobornos millonarios del cártel del Golfo a cambio de protección y de lavar los recursos ilícitos con la compra de propiedades y empresas en México y Estados Unidos, dos de los presuntos cómplices fueron convertidos en testigos protegidos, por lo que los abogados de los ex funcionarios aseguran que no hay más pruebas que declaraciones.
Incluso en el último caso relevante que resolvió la PGR, la consignación de 15 elementos de la Policía Federal, presuntamente implicados en el ataque armado de Tres Marías, Morelos, en contra de dos diplomáticos estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), el resultado de las investigaciones confrontó a la dependencia con la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que ésta acusó irregularidades en la integración del expediente.
Problemas Internos
La PGR no estuvo exenta de infiltraciones del narcotráfico o de actos de corrupción graves. En octubre pasado, se anunció la detención de servidores públicos presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, entre ellos Manuel Arroyo Hernández, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, quien según testigos protegidos entregaba información a la organización.
Meses antes fue aprehendido Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ex funcionario de la SEIDO, que presuntamente recibía 60 mil dólares por información de cómplices dentro de la PGR.
Entre los cambios dentro de la PGR, estuvo la certificación de casi 100% del personal operativo con controles de confianza, y la capacitación de casi ocho mil de ellos para realizar juicios orales, a través del Proyecto Diamante. Además, en noviembre se anunció la digitalización de expedientes con el sistema "Protagon".
En abril de 2011, cuando Marisela Morales Ibañez asumió la conducción de la PGR, decidió emprender una serie de cambios institucionales para hacer más eficiente su papel en el combate a los delitos federales, desde la creación de 171 protocolos de actuación antes inexistentes, la incorporación de nuevas tecnologías e instalaciones, hasta la salida de más de 50 funcionarios de todos niveles por no cumplir con el perfil del cargo o no dar resultados. Al parecer, el tiempo fue insuficiente.
El año cierra con una evaluación negativa de la dependencia, elaborada por el actual gobierno federal. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se realizó el 17 de diciembre, Murillo Karam ofreció un diagnóstico sobre cómo recibió la PGR: "existe una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que abona brutalmente la impunidad (...) Arrastra a través de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad".
Tajante indicó que hay ausencia de objetivos generales, permanentes, sistémicos, sin procedimientos o personal ministerial o policial de calidad para hacer frente a una delincuencia creciente en recursos. Peor aún: "perdimos el propósito central de la investigación (...), violentando con frecuencia derechos fundamentales", dijo en alusión a la utilización recurrente del arraigo y los testigos protegidos, que hoy están bajo revisión por mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
Casos cuestionados
En los casos más relevantes de presunta corrupción o por la gravedad de los ilícitos que se registraron, la actuación de la PGR y sus métodos de investigación a lo largo de 2012 fueron seriamente cuestionados.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en mayo pasado arraigó al ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y otros cinco militares coacusados, como el general Roberto Dawe, quienes enfrentan proceso penal por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero su defensa sostiene ante tribunales que la acusación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos y del ex militar Iván Reyna Muñoz, sin más evidencias.
En la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, acusados de recibir sobornos millonarios del cártel del Golfo a cambio de protección y de lavar los recursos ilícitos con la compra de propiedades y empresas en México y Estados Unidos, dos de los presuntos cómplices fueron convertidos en testigos protegidos, por lo que los abogados de los ex funcionarios aseguran que no hay más pruebas que declaraciones.
Incluso en el último caso relevante que resolvió la PGR, la consignación de 15 elementos de la Policía Federal, presuntamente implicados en el ataque armado de Tres Marías, Morelos, en contra de dos diplomáticos estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), el resultado de las investigaciones confrontó a la dependencia con la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que ésta acusó irregularidades en la integración del expediente.
Problemas Internos
La PGR no estuvo exenta de infiltraciones del narcotráfico o de actos de corrupción graves. En octubre pasado, se anunció la detención de servidores públicos presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, entre ellos Manuel Arroyo Hernández, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, quien según testigos protegidos entregaba información a la organización.
Meses antes fue aprehendido Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ex funcionario de la SEIDO, que presuntamente recibía 60 mil dólares por información de cómplices dentro de la PGR.
Entre los cambios dentro de la PGR, estuvo la certificación de casi 100% del personal operativo con controles de confianza, y la capacitación de casi ocho mil de ellos para realizar juicios orales, a través del Proyecto Diamante. Además, en noviembre se anunció la digitalización de expedientes con el sistema "Protagon".
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