México
La PGR quiere los bienes del crimen
Buscan que 25 propiedades vinculadas a éste sean bienes nacionales
CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2014).- La Procuraduría General de la República
(PGR) busca que 25 propiedades ubicadas en nueve entidades del país, vinculadas al crimen organizado, formen parte de los bienes nacionales mediante la extinción de dominio.
Algunos de los inmuebles en la mira son de los secuestradores del esposo de la cantante Gloria Trevi y de los plagiarios de Fernando Martí, viviendas en las que fueron abatidos dos jefes de cárteles y hasta una residencia que fue sede de una célebre “narcoposada”.
Vía juicios de extinción de dominio —iniciados entre marzo de 2010 y hasta agosto de 2013—, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó a un juzgado federal que se declare la entrega de estas propiedades a favor de la nación. Aunque algunas pertenecen a terceros, fueron usadas por integrantes de grupos criminales, por lo que sus dueños litigan estos casos.
La Ley Federal de Extinción de Dominio se promulgó en 2009. Al siguiente año, el entonces presidente Felipe Calderón envió una iniciativa al Congreso para agilizar el proceso de extinción, y en 2012 se aprobaron los cambios.
Algunos de los inmuebles en la mira son de los secuestradores del esposo de la cantante Gloria Trevi y de los plagiarios de Fernando Martí, viviendas en las que fueron abatidos dos jefes de cárteles y hasta una residencia que fue sede de una célebre “narcoposada”.
Vía juicios de extinción de dominio —iniciados entre marzo de 2010 y hasta agosto de 2013—, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó a un juzgado federal que se declare la entrega de estas propiedades a favor de la nación. Aunque algunas pertenecen a terceros, fueron usadas por integrantes de grupos criminales, por lo que sus dueños litigan estos casos.
La Ley Federal de Extinción de Dominio se promulgó en 2009. Al siguiente año, el entonces presidente Felipe Calderón envió una iniciativa al Congreso para agilizar el proceso de extinción, y en 2012 se aprobaron los cambios.
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