México
La Corte inicia hoy el debate del caso ABC; prevén división
En la reunión se decidirá si incluyen el dictamen de un perito estadounidense que asegura que la tragedia fue provocada
Renuncia obliga, por Raymundo Riva Palacio
Telón de fondo: Incendio en guardería
podría ser el último caso del Alto Tribunal
CIUDAD DE MÉXICO (14/JUN/2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy la discusión del dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar en torno al caso del incendio de la guardería ABC, en el que propone responsabilizar a 14 funcionarios del Gobierno federal, estatal y municipal de violaciones graves de garantías y no queda claro cuál será la posición de los 11 ministros.
Como primer punto de la discusión, que será transmitida en vivo por el Canal Judicial y por el portal de la Corte (www.scjn.gob.mx), los ministros revisarán si toman en cuenta o no el peritaje del estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio fue provocado.
Este tema será básico para determinar si la Corte abre una pausa en su discusión para revisar a fondo este peritaje, o si continúa sin tomarlo en cuenta por no considerarlo necesario para la revisión de las violaciones de garantías.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio, que agrupa a algunos de los padres cuyos hijos murieron durante el incendio de la guardería ABC, asegura que “hay elementos extraños alrededor del recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo y otros responsables, por señalar que manos extrañas causaron la conflagración”, dijeron mediante un comunicado los padres de ocho menores fallecidos.
“Repudiamos categóricamente los intereses oficiales orientados a desviar a la Corte de la identificación de los responsables, y los patéticos cabildeos iniciados ante los ministros por el ex director del Seguro Social y su sucesor en funciones, Molinar Horcasitas y Karam Toumeh, respectivamente; así como del ex gobernador Bours y el ex director de Protección Civil estatal, Willebaldo Alatriste, entre otros”, agregaron los padres en un comunicado.
El peritaje realizado por Smith es respaldado por los padres de dos niños fallecidos.
Si el máximo tribunal considera que el incendio fue suficientemente investigado, pasará a revisar el fondo del dictamen del ministro Zaldívar en el que concluyó que el desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar el ministro Arturo Zaldívar —desde el 3 de junio pasado— la encabezan el ex director del Seguro Social y secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Para que prospere la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
PERFILES
Los ministros y los derechos humanos
Guillermo Ortiz Mayagoitia
Antes de ser presidente de la Corte se oponía a investigar casos de violación de garantías. Pero ya en el cargo ha impulsado su revisión.
En Aguas Blancas y Oaxaca votó por responsabilizar a los gobernadores Rubén Figueroa y Ulises Ruiz, pero con Lydia Cacho y Atenco votó por no culpar a los gobernadores.
Juan Silva Meza
Es uno de los ministros más garantistas y más rigurosos a la hora de juzgar a las autoridades. Forma parte de los cinco ministros que quedan en la Corte y que votaron por responsabilizar de violaciones al gobernador Rubén Figueroa en el caso de la matanza de Aguas Blancas.
Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves.
Olga Sánchez Cordero
Se le ubica como una defensora férrea de los derechos de los niños, pero a la hora de fincar responsabilidades a funcionarios de alto nivel, sus votos se han dividido.
Votó por responsabilizar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. No responsabilizó de violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso de Lydia Cacho ni de violaciones a las autoridades estatales y federales por Atenco, pero sí culpó al gobernador de Oaxaca.
Sergio Valls Hernández
Es de los ministros más difíciles de predecir.
Se le ubica como conservador, pero ha sorprendido sumándose a fallos a favor de la protección de derechos humanos, como en la despenalización del aborto.
Votó por no responsabilizar a las autoridades en los casos de Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. En un tiempo fue el jurídico del IMSS.
Fue él quien hizo suya la petición de los padres de las víctimas de la guardería para que la Corte atrajera su caso.
Luis María Aguilar Morales
Hasta el momento no existen elementos formales para saber cómo votará en el caso de la guardería ABC subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.
Ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre pasado.
Es un juez de carrera que llegó al máximo tribunal del país con la promesa de defender los derechos humanos de la población, pero el sentido de sus juicios es aún una duda para todos.
José de Jesús Gudiño Pelayo
La tendencia de sus votos ha sido muy clara.
En todos los casos de violaciones graves a las garantías individuales ha votado por responsabilizar a las más altas autoridades del país involucradas en los sucesos denunciados.
En el caso de San Salvador Atenco, su intención era presentar una lista de responsables enorme que incluía lo mismo a todos los policías que participaron en los operativos que todas las autoridades de nivel medio y superior.
Arturo Zaldívar
Ingresó en la Corte en diciembre de 2009, por lo que no participó en los anteriores casos de violaciones a los derechos humanos como Aguas Blancas, Atenco y Oaxaca.
Sin duda defenderá su dictamen en el que propone responsabilizar de las violaciones graves a las garantías de la población a 14 funcionarios públicos de los diferentes niveles de Gobierno, sean municipales, estatales y federales.
Fernando F. González Salas
Su postura es de las que más dudas despiertan. En el caso Lydia Cacho no estuvo presente.
En Atenco votó por no responsabilizar a las autoridades. Pero en Oaxaca culpó al gobernador Ulises Ruiz por no haber hecho lo correcto para proteger a la población.
Le tocó por turno el caso ABC, pero se excusó porque había sido subsecretario del Trabajo y porque una hermana trabaja en el IMSS.
Margarita Luna Ramos
Es otro caso que no genera dudas.
No formaba parte de la Corte cuando sucedió el caso de Aguas Blancas, donde los deudos señalaba como culpable al gobernador Rubén Figueroa.
En todas las investigaciones de violaciones graves a las garantías individuales, por diferentes motivos la ministra ha votado por no responsabilizar a ninguna autoridad de primer nivel, ya sea estatal o federal.
José Ramón Cossío
Es uno de los ministros que genera dudas con respecto a su voto.
No formaba parte de la Corte cuando el caso Aguas Blancas. En los casos de Lydia Cacho y Oaxaca votó por responsabilizar de violaciones a los gobernadores de Puebla y de Oaxaca.
Pero en Atenco, bajo el esquema de deslindar responsabilidades, pidió no señalar a altos funcionarios por lo que hicieron sus subordinados.
Salvador Aguirre Anguiano
Su voto tampoco genera dudas.
Salvo en el caso de la matanza en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en todos los demás se ha opuesto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigue las violaciones graves a los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución.
Y en todas las pesquisas se ha negado a responsabilizar de algún hecho a las autoridades.
Telón de fondo: Incendio en guardería
podría ser el último caso del Alto Tribunal
CIUDAD DE MÉXICO (14/JUN/2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy la discusión del dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar en torno al caso del incendio de la guardería ABC, en el que propone responsabilizar a 14 funcionarios del Gobierno federal, estatal y municipal de violaciones graves de garantías y no queda claro cuál será la posición de los 11 ministros.
Como primer punto de la discusión, que será transmitida en vivo por el Canal Judicial y por el portal de la Corte (www.scjn.gob.mx), los ministros revisarán si toman en cuenta o no el peritaje del estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio fue provocado.
Este tema será básico para determinar si la Corte abre una pausa en su discusión para revisar a fondo este peritaje, o si continúa sin tomarlo en cuenta por no considerarlo necesario para la revisión de las violaciones de garantías.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio, que agrupa a algunos de los padres cuyos hijos murieron durante el incendio de la guardería ABC, asegura que “hay elementos extraños alrededor del recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo y otros responsables, por señalar que manos extrañas causaron la conflagración”, dijeron mediante un comunicado los padres de ocho menores fallecidos.
“Repudiamos categóricamente los intereses oficiales orientados a desviar a la Corte de la identificación de los responsables, y los patéticos cabildeos iniciados ante los ministros por el ex director del Seguro Social y su sucesor en funciones, Molinar Horcasitas y Karam Toumeh, respectivamente; así como del ex gobernador Bours y el ex director de Protección Civil estatal, Willebaldo Alatriste, entre otros”, agregaron los padres en un comunicado.
El peritaje realizado por Smith es respaldado por los padres de dos niños fallecidos.
Si el máximo tribunal considera que el incendio fue suficientemente investigado, pasará a revisar el fondo del dictamen del ministro Zaldívar en el que concluyó que el desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar el ministro Arturo Zaldívar —desde el 3 de junio pasado— la encabezan el ex director del Seguro Social y secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Para que prospere la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
PERFILES
Los ministros y los derechos humanos
Guillermo Ortiz Mayagoitia
Antes de ser presidente de la Corte se oponía a investigar casos de violación de garantías. Pero ya en el cargo ha impulsado su revisión.
En Aguas Blancas y Oaxaca votó por responsabilizar a los gobernadores Rubén Figueroa y Ulises Ruiz, pero con Lydia Cacho y Atenco votó por no culpar a los gobernadores.
Juan Silva Meza
Es uno de los ministros más garantistas y más rigurosos a la hora de juzgar a las autoridades. Forma parte de los cinco ministros que quedan en la Corte y que votaron por responsabilizar de violaciones al gobernador Rubén Figueroa en el caso de la matanza de Aguas Blancas.
Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves.
Olga Sánchez Cordero
Se le ubica como una defensora férrea de los derechos de los niños, pero a la hora de fincar responsabilidades a funcionarios de alto nivel, sus votos se han dividido.
Votó por responsabilizar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. No responsabilizó de violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso de Lydia Cacho ni de violaciones a las autoridades estatales y federales por Atenco, pero sí culpó al gobernador de Oaxaca.
Sergio Valls Hernández
Es de los ministros más difíciles de predecir.
Se le ubica como conservador, pero ha sorprendido sumándose a fallos a favor de la protección de derechos humanos, como en la despenalización del aborto.
Votó por no responsabilizar a las autoridades en los casos de Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. En un tiempo fue el jurídico del IMSS.
Fue él quien hizo suya la petición de los padres de las víctimas de la guardería para que la Corte atrajera su caso.
Luis María Aguilar Morales
Hasta el momento no existen elementos formales para saber cómo votará en el caso de la guardería ABC subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.
Ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre pasado.
Es un juez de carrera que llegó al máximo tribunal del país con la promesa de defender los derechos humanos de la población, pero el sentido de sus juicios es aún una duda para todos.
José de Jesús Gudiño Pelayo
La tendencia de sus votos ha sido muy clara.
En todos los casos de violaciones graves a las garantías individuales ha votado por responsabilizar a las más altas autoridades del país involucradas en los sucesos denunciados.
En el caso de San Salvador Atenco, su intención era presentar una lista de responsables enorme que incluía lo mismo a todos los policías que participaron en los operativos que todas las autoridades de nivel medio y superior.
Arturo Zaldívar
Ingresó en la Corte en diciembre de 2009, por lo que no participó en los anteriores casos de violaciones a los derechos humanos como Aguas Blancas, Atenco y Oaxaca.
Sin duda defenderá su dictamen en el que propone responsabilizar de las violaciones graves a las garantías de la población a 14 funcionarios públicos de los diferentes niveles de Gobierno, sean municipales, estatales y federales.
Fernando F. González Salas
Su postura es de las que más dudas despiertan. En el caso Lydia Cacho no estuvo presente.
En Atenco votó por no responsabilizar a las autoridades. Pero en Oaxaca culpó al gobernador Ulises Ruiz por no haber hecho lo correcto para proteger a la población.
Le tocó por turno el caso ABC, pero se excusó porque había sido subsecretario del Trabajo y porque una hermana trabaja en el IMSS.
Margarita Luna Ramos
Es otro caso que no genera dudas.
No formaba parte de la Corte cuando sucedió el caso de Aguas Blancas, donde los deudos señalaba como culpable al gobernador Rubén Figueroa.
En todas las investigaciones de violaciones graves a las garantías individuales, por diferentes motivos la ministra ha votado por no responsabilizar a ninguna autoridad de primer nivel, ya sea estatal o federal.
José Ramón Cossío
Es uno de los ministros que genera dudas con respecto a su voto.
No formaba parte de la Corte cuando el caso Aguas Blancas. En los casos de Lydia Cacho y Oaxaca votó por responsabilizar de violaciones a los gobernadores de Puebla y de Oaxaca.
Pero en Atenco, bajo el esquema de deslindar responsabilidades, pidió no señalar a altos funcionarios por lo que hicieron sus subordinados.
Salvador Aguirre Anguiano
Su voto tampoco genera dudas.
Salvo en el caso de la matanza en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en todos los demás se ha opuesto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigue las violaciones graves a los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución.
Y en todas las pesquisas se ha negado a responsabilizar de algún hecho a las autoridades.
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