La CNDH urge fortalecer mecanismos de protección a periodistas
Luis Raúl González alerta sobre el incremento de las agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan en México
CIUDAD DE MÉXICO (07/DIC/2016).- Ante el incremento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a fortalecer el mecanismo de protección y dejar de burocratizar el proceso para poder acceder.
Ante el presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Roberto Campa Cifrián; Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Ricardo Nájera Herrera, fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR; el presidente de la CNDH alertó sobre el incremento de las agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan los periodistas en México.
Datos de la CNDH detallan que 119 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 a la fecha; 20 periodistas han sido desaparecidos desde 2005 y se han registrado 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
González Pérez detalló que del año 2006 a la fecha se han registrado 29 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos y cuatro han sido desaparecidos desde el año 2009.
“Las voces que buscan denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos con estigmatizaciones y descalificaciones de que defienden delincuentes, es una falacia, pues con ello solo se desvía la atención de lo esencial, que los servidores públicos actúen apegados a la ley y al respeto de los derechos humanos”, enfatizó.
De acuerdo con cifras de la CNDH, del 2000 a la fecha 119 periodistas han sido asesinados, doce de ellos mujeres; 20 han desaparecido desde 2005 y se han cometido 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación
Señaló que entre los agravios que se cometen en su contra destacan, por su gravedad, los homicidios, desapariciones, lesiones, amenazas e intimidación, así como la insuficiente actuación de las autoridades en la investigación y esclarecimiento de los actos delictivos, lo que se traduce en desaliento y temor entre los miembros de esos colectivos, como consecuencia de la inseguridad física y jurídica que les aquejan.