México
La CIDH condena a México
Los casos son un ejemplo de violaciones extremas de derechos humanos que no encontraron justicia en nuestro país
Un tribunal internacional, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, falló recientemente en dos juicios en contra del Estado mexicano. Ambas sentencias fueron emitidas con una semana de diferencia. Los casos son un ejemplo de violaciones extremas de derechos humanos que no encontraron justicia en nuestro país.
Los dos asuntos son: el asesinato en 2001 de tres jovencitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la desaparición forzada en 1974 de un campesino, en Guerrero, tras ser detenido en un retén de las Fuerzas Armadas. Tras innumerables sufrimientos durante años, los familiares recurrieron a la CIDH, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que pertenece México.
En el primero de los casos, el 6 de noviembre de 2001 aparecieron los cuerpos sin vida de tres jovencitas en el campo algodonero de Ciudad Juárez. Se trataba de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. En el mismo sitio fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres, que se suman a las más de 500 asesinadas en Chihuahua desde 1991.
Las madres de las jóvenes y sus familias sufrieron desde amenazas hasta agresiones, a pesar de lo cual siguieron adelante con su legítima exigencia de justicia. Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las jóvenes, y lo condena, de manera obligatoria, a cumplir con diversas medidas.
El segundo caso es el de Rosendo Radilla Pacheco, un campesino de 60 años de edad que el 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar en Guerrero y desaparecido. También, luego de enfrentar numerosos sufrimientos, sus hijos y sus abogados lograron que la institución judicial acusara el pasado 23 de noviembre al Estado mexicano de violar los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, entre otros. El camino para exigir justicia en otros casos similares, se abrió.
Además, entre otros puntos del fallo, la CIDH vigilará que el Estado mexicano reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 A del Código Penal Federal, para hacerlos compatibles con los estándares internacionales en la materia.
Lo que tantos organismos nacionales e internacionales demandaron sin que nadie les hiciera caso, ahora será obligatorio que lo cumplan las autoridades mexicanas. La lección es clara: ante tanta impunidad, hay que buscar justicia fuera del país.
Los dos asuntos son: el asesinato en 2001 de tres jovencitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la desaparición forzada en 1974 de un campesino, en Guerrero, tras ser detenido en un retén de las Fuerzas Armadas. Tras innumerables sufrimientos durante años, los familiares recurrieron a la CIDH, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que pertenece México.
En el primero de los casos, el 6 de noviembre de 2001 aparecieron los cuerpos sin vida de tres jovencitas en el campo algodonero de Ciudad Juárez. Se trataba de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. En el mismo sitio fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres, que se suman a las más de 500 asesinadas en Chihuahua desde 1991.
Las madres de las jóvenes y sus familias sufrieron desde amenazas hasta agresiones, a pesar de lo cual siguieron adelante con su legítima exigencia de justicia. Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las jóvenes, y lo condena, de manera obligatoria, a cumplir con diversas medidas.
El segundo caso es el de Rosendo Radilla Pacheco, un campesino de 60 años de edad que el 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar en Guerrero y desaparecido. También, luego de enfrentar numerosos sufrimientos, sus hijos y sus abogados lograron que la institución judicial acusara el pasado 23 de noviembre al Estado mexicano de violar los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, entre otros. El camino para exigir justicia en otros casos similares, se abrió.
Además, entre otros puntos del fallo, la CIDH vigilará que el Estado mexicano reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 A del Código Penal Federal, para hacerlos compatibles con los estándares internacionales en la materia.
Lo que tantos organismos nacionales e internacionales demandaron sin que nadie les hiciera caso, ahora será obligatorio que lo cumplan las autoridades mexicanas. La lección es clara: ante tanta impunidad, hay que buscar justicia fuera del país.
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