México
La CIDH admite denuncia contra México por caso Atenco
Las organizaciones representantes de 11 de las víctimas que presentaron notificación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2011).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra México por la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio mexiquense de Atenco.
La oficina regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó que el caso es conocido como "Mariana Selvas Gómez y otras" y que la notificación fue recibida el pasado viernes 18 de noviembre por las organizaciones representantes de 11 de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El caso -presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008- involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la "represión de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ubicados en el Estado de México".
Asimismo, dice la CIDH, las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades, pues estos hechos continúan en la impunidad.
La CIDH admitió el caso ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley.
También, la CIDH reiteró su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de "Belém do Pará".
A partir de la notificación del informe de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, advirtió que "este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado".
Krsticevic recordó que en agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones sexuales y torturas perpetradas por soldados mexicanos contra dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero (casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo), y ya antes había sido condenado en términos similares por la CIDH por la violencia sufrida en contra de mujeres indígenas en Chiapas por parte de miembros del Ejército (caso hermanas González Pérez).
La oficina regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó que el caso es conocido como "Mariana Selvas Gómez y otras" y que la notificación fue recibida el pasado viernes 18 de noviembre por las organizaciones representantes de 11 de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El caso -presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008- involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la "represión de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ubicados en el Estado de México".
Asimismo, dice la CIDH, las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades, pues estos hechos continúan en la impunidad.
La CIDH admitió el caso ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley.
También, la CIDH reiteró su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de "Belém do Pará".
A partir de la notificación del informe de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, advirtió que "este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado".
Krsticevic recordó que en agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones sexuales y torturas perpetradas por soldados mexicanos contra dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero (casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo), y ya antes había sido condenado en términos similares por la CIDH por la violencia sufrida en contra de mujeres indígenas en Chiapas por parte de miembros del Ejército (caso hermanas González Pérez).