México
Juez concede arraigo por 40 días a funcionarios de Michoacán
En la actual administración se han detenido a 573 servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia
CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal concedió el arraigo por 40 días de 30 servidores públicos de Michoacán por presuntos nexos con la organización delictiva “La Familia michoacana”, entre quienes se encuentran 10 presidentes municipales y el ex subprocurador regional de Justicia en Morelia, Ignacio Mendoza.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sostuvo ayer que existen suficientes evidencias documentales, testimoniales y de otra índole (grabaciones) que demuestran, incluso, la relación de los arraigados no sólo con “La Familia”, como se había anunciado el pasado martes, sino también con el cártel de Los Valencia y el brazo armado del cártel del Golfo.
En conferencia de prensa, Medina Mora se refirió a la operación realizada en Michoacán, donde fueron detenidos al menos 10 alcaldes, y aprovechó para informar que en la actual administración se han detenido a 573 servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia de los tres niveles de Gobierno, por su presunta colaboración con grupos del crimen organizado que operan en el país.
De ellos, dijo, 373 eran agentes de seguridad pública municipal, 155 pertenecían a las policías ministerial y preventiva estatales, y 45 más a instituciones federales.
Aseguró que todos los gobiernos estatales y municipales afectados apoyan la lucha contra el crimen organizado.
En el caso de Michoacán, el funcionario detalló que desde hace seis meses se tuvieron indicios de que servidores públicos, aprovechando su cargo u omitiendo cumplir con sus responsabilidades oficiales, favorecieron las actividades de “La Familia michoacana”, y de otros grupos del crimen organizado.
Por ello, dijo, se giraron las órdenes de localización y presentación correspondientes que, al cumplimentarse, llevaron a la detención y el arraigo de los involucrados.
La lista de los arraigados, investigados por delincuencia organizada y fomento al tráfico de drogas, incluye a 10 presidentes municipales, el ex procurador de Justicia, Miguel García Hurtado; la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlalli Fernández, y al juez de Primera Instancia, Jaime Liera, comandantes y policías.
La medida cautelar de arraigo fue otorgada a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el Juez Sexto Penal Federal especializado en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones.
Medina Mora afirmó que la detención de los ahora arraigados se realizó con apego a derecho, y rechazó que el operativo de Michoacán haya tenido un sesgo partidista.
Dijo que “las Instituciones de seguridad pública y justicia federales y estatales, por definición, son ajenas, a los intereses político-partidistas”.
Sostuvo que en este trabajo “no existen afinidades o sesgos políticos o partidistas” ,y que los tiempos del derecho penal los disponen las leyes respectivas “y no los propios procesos electorales o cualquier acontecimiento que pueda estar en la atención pública”.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sostuvo ayer que existen suficientes evidencias documentales, testimoniales y de otra índole (grabaciones) que demuestran, incluso, la relación de los arraigados no sólo con “La Familia”, como se había anunciado el pasado martes, sino también con el cártel de Los Valencia y el brazo armado del cártel del Golfo.
En conferencia de prensa, Medina Mora se refirió a la operación realizada en Michoacán, donde fueron detenidos al menos 10 alcaldes, y aprovechó para informar que en la actual administración se han detenido a 573 servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia de los tres niveles de Gobierno, por su presunta colaboración con grupos del crimen organizado que operan en el país.
De ellos, dijo, 373 eran agentes de seguridad pública municipal, 155 pertenecían a las policías ministerial y preventiva estatales, y 45 más a instituciones federales.
Aseguró que todos los gobiernos estatales y municipales afectados apoyan la lucha contra el crimen organizado.
En el caso de Michoacán, el funcionario detalló que desde hace seis meses se tuvieron indicios de que servidores públicos, aprovechando su cargo u omitiendo cumplir con sus responsabilidades oficiales, favorecieron las actividades de “La Familia michoacana”, y de otros grupos del crimen organizado.
Por ello, dijo, se giraron las órdenes de localización y presentación correspondientes que, al cumplimentarse, llevaron a la detención y el arraigo de los involucrados.
La lista de los arraigados, investigados por delincuencia organizada y fomento al tráfico de drogas, incluye a 10 presidentes municipales, el ex procurador de Justicia, Miguel García Hurtado; la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlalli Fernández, y al juez de Primera Instancia, Jaime Liera, comandantes y policías.
La medida cautelar de arraigo fue otorgada a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el Juez Sexto Penal Federal especializado en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones.
Medina Mora afirmó que la detención de los ahora arraigados se realizó con apego a derecho, y rechazó que el operativo de Michoacán haya tenido un sesgo partidista.
Dijo que “las Instituciones de seguridad pública y justicia federales y estatales, por definición, son ajenas, a los intereses político-partidistas”.
Sostuvo que en este trabajo “no existen afinidades o sesgos políticos o partidistas” ,y que los tiempos del derecho penal los disponen las leyes respectivas “y no los propios procesos electorales o cualquier acontecimiento que pueda estar en la atención pública”.
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