México
Intoxicación periodística
En los países democráticos y avanzados, la relación entre política y periodismo suele ser tensa pero respetuosa
La teoría de algunos estrategas es la ley del “vaso lleno”: hay un momento en el que el vaso ya está lleno de información y la gente no quiere saber más. Si se le agrega más información, entonces desplaza la que ya se tiene o la repele, y te quedas con la información inicial. No sé de dónde sacan nuestros dirigentes que el pueblo mexicano está dispuesto a resistir. La frecuencia con que algunos políticos con importantes responsabilidades utilizan a la prensa como mero transportista de sus opiniones, hace que la función social del periodismo vaya disminuyendo y perdiendo a la vez interés entre los lectores. Se confunden “periodismo y publicidad”. ¿O no es así el caso Peña Nieto-Televisa? “Lo que no sale en los medios no existe”.
En los países democráticos y avanzados, la relación entre política y periodismo suele ser tensa pero respetuosa. Cada uno hace su trabajo. Y todos suelen respetar unas reglas del juego que incluyen dos principios: la obligación del periodista de preguntar e indagar de forma responsable, y la obligación del político de responder de su actuación ante los ciudadanos.
Comparto el criterio de que los periodistas no han de hacer partícipes a sus lectores de sus contrariedades, ni siquiera de las dificultades que tiene para realizar su trabajo. El manual de estilo del periódico español El País lo dice claramente: “El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran trabas, se superan; si éstas añaden información, se cuentan; si no es así, se aguantan. Las columnas del periódico no están para que el redactor desahogue sus rumores, por justificados que sean”.
Hay muchos periodistas que se sienten cómodos en su papel de controladores, es más, disfrutan de ese maquiavélico poder que da la pluma o el micrófono, muy parecido en fondo al mismo que critican en forma, “el de los políticos”. Pero también los hay que acusan el malestar que les produce encontrarse en medio de un fuego cruzado de presiones opuestas: por un lado, la que ejercen los responsables políticos o editores de la institución en la que trabajan, que exigen no sólo un control estricto de la información, sino unos determinados resultados de presencia mediática (rating). Y por otro lado las dificultades que se tienen para acceder a la información, incluida aquella que por imperativo legal debería estar a disposición de cualquier ciudadano.
Hay un creciente control político de la información pública. Esto no resulta en una buena relación entre periodistas y funcionarios. Cada vez se convocan más comparecencias de políticos que no admiten preguntas, y la utilización de la información con fines partidistas de propaganda o de mera intoxicación cada vez más descarada.
En los países democráticos y avanzados, la relación entre política y periodismo suele ser tensa pero respetuosa. Cada uno hace su trabajo. Y todos suelen respetar unas reglas del juego que incluyen dos principios: la obligación del periodista de preguntar e indagar de forma responsable, y la obligación del político de responder de su actuación ante los ciudadanos.
Comparto el criterio de que los periodistas no han de hacer partícipes a sus lectores de sus contrariedades, ni siquiera de las dificultades que tiene para realizar su trabajo. El manual de estilo del periódico español El País lo dice claramente: “El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran trabas, se superan; si éstas añaden información, se cuentan; si no es así, se aguantan. Las columnas del periódico no están para que el redactor desahogue sus rumores, por justificados que sean”.
Hay muchos periodistas que se sienten cómodos en su papel de controladores, es más, disfrutan de ese maquiavélico poder que da la pluma o el micrófono, muy parecido en fondo al mismo que critican en forma, “el de los políticos”. Pero también los hay que acusan el malestar que les produce encontrarse en medio de un fuego cruzado de presiones opuestas: por un lado, la que ejercen los responsables políticos o editores de la institución en la que trabajan, que exigen no sólo un control estricto de la información, sino unos determinados resultados de presencia mediática (rating). Y por otro lado las dificultades que se tienen para acceder a la información, incluida aquella que por imperativo legal debería estar a disposición de cualquier ciudadano.
Hay un creciente control político de la información pública. Esto no resulta en una buena relación entre periodistas y funcionarios. Cada vez se convocan más comparecencias de políticos que no admiten preguntas, y la utilización de la información con fines partidistas de propaganda o de mera intoxicación cada vez más descarada.
Síguenos en