México
Indígenas poblanos esperan resolución tras dos años de cárcel
Son ''presos de conciencia'', una calificación otorgada por Amnistía Internacional por haber sido encarcelados ''en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos''
ATLA, PUEBLA (11/SEP/2012).- Los indígenas mexicanos Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto Gómez, considerados presos de conciencia por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), esperan tras más de dos años en prisión a que la Corte Suprema se pronuncie sobre su caso.
Procedentes de Atla, un pequeño núcleo rural indígena náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, ambos ostentaban cargos de responsabilidad comunitaria, José Ramón era presidente auxiliar y Pascual ejercía como juez menor de paz, cuando fueron detenidos el 13 de enero de 2010 acusados de robo con violencia de un vehículo.
Promotores de un programa de universalización del agua potable en esta abrupta comunidad de aproximadamente 2 mil habitantes, detrás de la acusación se esconde, según las organizaciones de derechos humanos, un enquistado conflicto por el acceso al agua.
Durante décadas, el grupo caciquil de la comunidad, que por su dominio del castellano pudo relacionarse con las autoridades estatales, monopolizó la venta de tomas de agua, que llegó a ofrecer por 5 mil pesos, unos ingresos que el proyecto de los líderes nahuas ponían seriamente en peligro.
Este conflicto local, según AI, puso al descubierto la discriminación jurídica que existe hacia los indígenas en México y la falta de protección gubernamental a defensores de derechos humanos, como en este caso lo eran los encarcelados por la defensa del derecho universal al agua.
Según dijo Araceli Olivos, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, responsable del caso, fue el hijo de uno de los miembros de ese grupo de poder quien denunció el robo.
Lo hizo tras una confusa trifulca que tuvo lugar el 22 de octubre de 2009, cuando el joven presuntamente agredió con su coche a los líderes indígenas, y al ser descubierto por un agente, que actualmente está en prisión, salió corriendo. Su coche fue llevado al corralón municipal y días después denunció el supuesto robo.
"Desprovistos de traductores, con evidencias de testigos falsos (los dos principales se desdijeron posteriormente) y numerosas contradicciones en los testimonios", según la letrada, fueron condenados a 6 años y diez meses de internamiento en la prisión de Huauchinango, donde ya llevan dos años y ocho meses.
Allí, a las puertas de este reclusorio ubicado a una hora y media de camino de la comunidad de Atla, su familia y activistas de Amnistía protagonizaron una protesta el pasado fin de semana para pedir su inmediata puesta en libertad.
En una reciente conversación telefónica, José Ramón y Pascual dijeron estar ''tranquilos'' porque su único delito fue ''buscar el bien'' para la comunidad de la que son originarios.
Tras disculparse por no hablar perfectamente español, José Ramón explicó que la preocupación por su gente y por el pueblo fue lo que les llevó a considerar una ''buena oportunidad'' convertir el agua potable en un recurso gratuito para todos los miembros de Atla.
''Había un grupo de personas que se adueñaron del agua potable y se enojaron porque había aceptado esa oportunidad. La verdad, notamos la discriminación porque sabemos que no hemos hecho nada, no hemos cometido nada, no existió ese robo'', comentó.
La relevancia social y jurídica del caso, una presunta fabricación de delito contra dos personas indígenas y defensoras de derechos humanos, hizo que la Suprema Corte de Justicia admitiese a trámite un recurso de amparo que actualmente se encuentra en trámite y que los abogados calculan que se terminará de resolver en octubre.
Mientras tanto, en Atla, Salustiana Aparicio, esposa de Pascual, explicó con su hijo como traductor que se siente ''muy triste'' cuando acude a la prisión a ver a su marido porque ''le duele mucho'' que lo encarcelaran ''injustamente por un delito que no cometió''.
Junto a ella, en la plaza municipal, rebosante de personas por la visita de medios y activistas, la esposa de José Ramón, Brígida Cruz, expresó en náhuatl su deseo de que salgan pronto de la cárcel porque está segura de que no hicieron absolutamente nada: ''ni siquiera saben conducir'', exclamó.
Actualmente José Ramón y Pascual son los únicos dos presos de conciencia en México, una calificación que, según el coordinador de movilización e impacto de AI México, Daniel Zapico, se les otorgó por haber sido encarcelados ''en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos''.
''Aquí se mezclan varios factores, la falta de acción del Estado para garantizar derechos como el acceso al agua (...) y se mezcla la discriminación hacia las personas indígenas, porque entre otras cosas no tuvieron acceso a traductores'', afirmó.
Procedentes de Atla, un pequeño núcleo rural indígena náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, ambos ostentaban cargos de responsabilidad comunitaria, José Ramón era presidente auxiliar y Pascual ejercía como juez menor de paz, cuando fueron detenidos el 13 de enero de 2010 acusados de robo con violencia de un vehículo.
Promotores de un programa de universalización del agua potable en esta abrupta comunidad de aproximadamente 2 mil habitantes, detrás de la acusación se esconde, según las organizaciones de derechos humanos, un enquistado conflicto por el acceso al agua.
Durante décadas, el grupo caciquil de la comunidad, que por su dominio del castellano pudo relacionarse con las autoridades estatales, monopolizó la venta de tomas de agua, que llegó a ofrecer por 5 mil pesos, unos ingresos que el proyecto de los líderes nahuas ponían seriamente en peligro.
Este conflicto local, según AI, puso al descubierto la discriminación jurídica que existe hacia los indígenas en México y la falta de protección gubernamental a defensores de derechos humanos, como en este caso lo eran los encarcelados por la defensa del derecho universal al agua.
Según dijo Araceli Olivos, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, responsable del caso, fue el hijo de uno de los miembros de ese grupo de poder quien denunció el robo.
Lo hizo tras una confusa trifulca que tuvo lugar el 22 de octubre de 2009, cuando el joven presuntamente agredió con su coche a los líderes indígenas, y al ser descubierto por un agente, que actualmente está en prisión, salió corriendo. Su coche fue llevado al corralón municipal y días después denunció el supuesto robo.
"Desprovistos de traductores, con evidencias de testigos falsos (los dos principales se desdijeron posteriormente) y numerosas contradicciones en los testimonios", según la letrada, fueron condenados a 6 años y diez meses de internamiento en la prisión de Huauchinango, donde ya llevan dos años y ocho meses.
Allí, a las puertas de este reclusorio ubicado a una hora y media de camino de la comunidad de Atla, su familia y activistas de Amnistía protagonizaron una protesta el pasado fin de semana para pedir su inmediata puesta en libertad.
En una reciente conversación telefónica, José Ramón y Pascual dijeron estar ''tranquilos'' porque su único delito fue ''buscar el bien'' para la comunidad de la que son originarios.
Tras disculparse por no hablar perfectamente español, José Ramón explicó que la preocupación por su gente y por el pueblo fue lo que les llevó a considerar una ''buena oportunidad'' convertir el agua potable en un recurso gratuito para todos los miembros de Atla.
''Había un grupo de personas que se adueñaron del agua potable y se enojaron porque había aceptado esa oportunidad. La verdad, notamos la discriminación porque sabemos que no hemos hecho nada, no hemos cometido nada, no existió ese robo'', comentó.
La relevancia social y jurídica del caso, una presunta fabricación de delito contra dos personas indígenas y defensoras de derechos humanos, hizo que la Suprema Corte de Justicia admitiese a trámite un recurso de amparo que actualmente se encuentra en trámite y que los abogados calculan que se terminará de resolver en octubre.
Mientras tanto, en Atla, Salustiana Aparicio, esposa de Pascual, explicó con su hijo como traductor que se siente ''muy triste'' cuando acude a la prisión a ver a su marido porque ''le duele mucho'' que lo encarcelaran ''injustamente por un delito que no cometió''.
Junto a ella, en la plaza municipal, rebosante de personas por la visita de medios y activistas, la esposa de José Ramón, Brígida Cruz, expresó en náhuatl su deseo de que salgan pronto de la cárcel porque está segura de que no hicieron absolutamente nada: ''ni siquiera saben conducir'', exclamó.
Actualmente José Ramón y Pascual son los únicos dos presos de conciencia en México, una calificación que, según el coordinador de movilización e impacto de AI México, Daniel Zapico, se les otorgó por haber sido encarcelados ''en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos''.
''Aquí se mezclan varios factores, la falta de acción del Estado para garantizar derechos como el acceso al agua (...) y se mezcla la discriminación hacia las personas indígenas, porque entre otras cosas no tuvieron acceso a traductores'', afirmó.
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