México
Incendio en guardería, último caso de la Corte
Telón de fondo
CIUDAD DE MÉXICO (14/JUN/2010).- El caso del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se perfila para convertirse en la última investigación por violaciones graves a las garantías que lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Senado aprobó en abril pasado una reforma constitucional que se turnó a la Cámara de Diputados, con base en la cual se decidió quitarle esta atribución al máximo tribunal del país para otorgársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De concretarse esta reforma en la Cámara de Diputados, donde aún falta la discusión y aprobación, se le pondría fin a la facultad que le confirió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su artículo 97.
Durante décadas, esta atribución no fue empleada por la Suprema Corte de Justicia.
No fue sino en los últimos 15 años que fue retomada.
Hallan culpables
En este periodo, en ejercicio de dicha atribución, la Corte responsabilizó de violaciones graves a las garantías al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, por su actuación en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, en junio de 1995, y al actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el conflicto magisterial de 2006.
Pero también libró de este tipo de señalamientos a los gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, por los casos de la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, y por los enfrentamientos en la comunidad de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, respectivamente.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su informe final respecto a los hechos que investiga, le corresponde, principalmente, al Congreso de la Unión, a los Congresos estatales, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras autoridades, fincar responsabilidades políticas, penales, administrativas o civiles, según sea el caso, a los funcionarios señalados por los ministros del máximo tribunal del país.
Pero ninguna de esas autoridades ha hecho algo para sancionar a los responsables de las violaciones ubicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es en este contexto que el Congreso de la Unión pretende quitarle esta atribución al máximo tribunal del país para trasladársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tal vez en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
El Senado aprobó en abril pasado una reforma constitucional que se turnó a la Cámara de Diputados, con base en la cual se decidió quitarle esta atribución al máximo tribunal del país para otorgársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De concretarse esta reforma en la Cámara de Diputados, donde aún falta la discusión y aprobación, se le pondría fin a la facultad que le confirió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su artículo 97.
Durante décadas, esta atribución no fue empleada por la Suprema Corte de Justicia.
No fue sino en los últimos 15 años que fue retomada.
Hallan culpables
En este periodo, en ejercicio de dicha atribución, la Corte responsabilizó de violaciones graves a las garantías al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, por su actuación en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, en junio de 1995, y al actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el conflicto magisterial de 2006.
Pero también libró de este tipo de señalamientos a los gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, por los casos de la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, y por los enfrentamientos en la comunidad de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, respectivamente.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su informe final respecto a los hechos que investiga, le corresponde, principalmente, al Congreso de la Unión, a los Congresos estatales, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras autoridades, fincar responsabilidades políticas, penales, administrativas o civiles, según sea el caso, a los funcionarios señalados por los ministros del máximo tribunal del país.
Pero ninguna de esas autoridades ha hecho algo para sancionar a los responsables de las violaciones ubicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es en este contexto que el Congreso de la Unión pretende quitarle esta atribución al máximo tribunal del país para trasladársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tal vez en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
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