México
Impera desorden en albergues infantiles
En el país hay 25 mil 700 menores en 922 instituciones; asociaciones civiles denuncian que las autoridades se desentienden de su revisión
GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2014).- En México hay miles de niños vulnerables atendidos en albergues bajo una supervisión irregular, y sin un marco legal uniforme; los censos que contabilizan a estos menores son deficientes.
El Gobierno federal destina recursos a estas instituciones al igual que los estados y municipios, los cuales no están cuantificados.
El caso del albergue de “La Gran Familia” de Zamora, Michoacán, intervenido por la Procuraduría General de la República el 15 de julio pasado, prendió los focos rojos a nivel nacional respecto a las condiciones de los establecimientos al poner en evidencia la falta de una política nacional de supervisión. Tampoco se tiene un padrón confiable del número de albergues que operan en el país.
Ante esto, el 22 de julio el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) instó al Gobierno mexicano a elaborar un registro de albergues y casas de cuidado de niños.
Según la información del DIF Nacional, en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues —805 privados y 117 públicos— registrados. Y se les destinó 39 millones 912 mil 500 pesos, sólo en el último año.
En contraste, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar reportó en 2011 que en México hay 29 mil 310 niños en instituciones o albergues.
Una investigación realizada por la Agencia PAR en el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Yucatán Coahuila, Durango y Tabasco revela que existen albergues que no se encuentran en el padrón y que, por lo tanto, no pueden ser supervisados.
La escasez de datos revela la inexistencia de una regulación uniforme que establezca cómo deben operar estos espacios y ser inspeccionados, confirma la responsable del área legal y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Alma Meneses Bernal.
Dice que el Gobierno ha sido omiso al incumplir con su tarea, y ha deslindado su obligación a los particulares.
María Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de México, explica que las instituciones registradas como Asociación Civil deben ser supervisadas por Hacienda, Regulación Sanitaria, Desarrollo Social y el DIF, pero no se dan abasto con las miles de fundaciones privadas que existen.
Mariscal Torroella sugiere que los centros de atención a menores se constituyan en Instituciones de Asistencia Privada, para que se revisen por parte de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia que sólo existe en 16 entidades.
Con información de El Financiero, El Presente, El Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, El Dictamen, El Diario de Yucatán y EL INFORMADOR.
El Gobierno federal destina recursos a estas instituciones al igual que los estados y municipios, los cuales no están cuantificados.
El caso del albergue de “La Gran Familia” de Zamora, Michoacán, intervenido por la Procuraduría General de la República el 15 de julio pasado, prendió los focos rojos a nivel nacional respecto a las condiciones de los establecimientos al poner en evidencia la falta de una política nacional de supervisión. Tampoco se tiene un padrón confiable del número de albergues que operan en el país.
Ante esto, el 22 de julio el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) instó al Gobierno mexicano a elaborar un registro de albergues y casas de cuidado de niños.
Según la información del DIF Nacional, en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues —805 privados y 117 públicos— registrados. Y se les destinó 39 millones 912 mil 500 pesos, sólo en el último año.
En contraste, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar reportó en 2011 que en México hay 29 mil 310 niños en instituciones o albergues.
Una investigación realizada por la Agencia PAR en el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Yucatán Coahuila, Durango y Tabasco revela que existen albergues que no se encuentran en el padrón y que, por lo tanto, no pueden ser supervisados.
La escasez de datos revela la inexistencia de una regulación uniforme que establezca cómo deben operar estos espacios y ser inspeccionados, confirma la responsable del área legal y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Alma Meneses Bernal.
Dice que el Gobierno ha sido omiso al incumplir con su tarea, y ha deslindado su obligación a los particulares.
María Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de México, explica que las instituciones registradas como Asociación Civil deben ser supervisadas por Hacienda, Regulación Sanitaria, Desarrollo Social y el DIF, pero no se dan abasto con las miles de fundaciones privadas que existen.
Mariscal Torroella sugiere que los centros de atención a menores se constituyan en Instituciones de Asistencia Privada, para que se revisen por parte de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia que sólo existe en 16 entidades.
Con información de El Financiero, El Presente, El Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, El Dictamen, El Diario de Yucatán y EL INFORMADOR.