México
Hubo violación a derechos de migrantes en San Fernando
Egidio Torre Cantú, gobernador, y Jesús Murillo Karam, procurador, deben tomar cartas en el asunto
CIUDAD DE MÉXICO (28/DIC/2013).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (
CNDH) emitió esta semana una recomendación a los titulares de la Procuraduría General de la República (
PGR) y del Gobierno de Tamaulipas, por la violación de garantías en el caso de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando.
De acuerdo con la recomendación 80/2013, el 25 de agosto de 2010 se difundió la noticia del hallazgo de 72 cuerpos en una fosa de San Fernando, en Tamaulipas, en la que se afirmaba que migrantes de distintas nacionalidades que se dirigían a Estados Unidos, fueron interceptados por un grupo criminal y que al negarse a trabajar como sicarios fueron privados de su vida.
La investigación está hecha con base en las denuncias de dos de los sobrevivientes a la conocida como “masacre de San Fernando” en los que se da cuenta de la negligencia en la que cayó la instancia federal así como el Gobierno estatal.
“Derivado de la intervención que tuvieron la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República, respectivamente, esta Comisión Nacional advierte violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, relacionadas con violaciones al derecho al trato digno y al conocimiento de la verdad, en agravio de 72 personas migrantes, que fueron halladas sin vida en el lugar de los hechos, así como de sus familiares y de V73 y V74, supervivientes de esos hechos, atribuibles a servidores públicos adscritos a las citadas procuradurías”, se lee en el documento expedido el 23 de diciembre de 2013, más de tres años después de la matanza.
Ambas autoridades omitieron implementar acciones efectivas para impedir el acceso al lugar donde ocurrieron los hechos y así evitar la pérdida o manipulación de evidencias relacionadas; así como la transgresión de los lineamientos del Protocolo de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos. Asimismo, los peritos que entraron al lugar de los hechos omitieron asentar de manera minuciosa los detalles en los que encontraron los cuerpos, como su posición, edad aproximada, ropa y grado de putrefacción.
Por ello, la CNDH recomendó al procurador Jesús Murillo Karam a que se instruya a los miembros de la corporación a tomar las medidas necesarias para que los agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, ejerciendo sus atribuciones como garantes de tales derechos.
Con información de Sinembargo.mx
De acuerdo con la recomendación 80/2013, el 25 de agosto de 2010 se difundió la noticia del hallazgo de 72 cuerpos en una fosa de San Fernando, en Tamaulipas, en la que se afirmaba que migrantes de distintas nacionalidades que se dirigían a Estados Unidos, fueron interceptados por un grupo criminal y que al negarse a trabajar como sicarios fueron privados de su vida.
La investigación está hecha con base en las denuncias de dos de los sobrevivientes a la conocida como “masacre de San Fernando” en los que se da cuenta de la negligencia en la que cayó la instancia federal así como el Gobierno estatal.
“Derivado de la intervención que tuvieron la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República, respectivamente, esta Comisión Nacional advierte violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, relacionadas con violaciones al derecho al trato digno y al conocimiento de la verdad, en agravio de 72 personas migrantes, que fueron halladas sin vida en el lugar de los hechos, así como de sus familiares y de V73 y V74, supervivientes de esos hechos, atribuibles a servidores públicos adscritos a las citadas procuradurías”, se lee en el documento expedido el 23 de diciembre de 2013, más de tres años después de la matanza.
Ambas autoridades omitieron implementar acciones efectivas para impedir el acceso al lugar donde ocurrieron los hechos y así evitar la pérdida o manipulación de evidencias relacionadas; así como la transgresión de los lineamientos del Protocolo de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos. Asimismo, los peritos que entraron al lugar de los hechos omitieron asentar de manera minuciosa los detalles en los que encontraron los cuerpos, como su posición, edad aproximada, ropa y grado de putrefacción.
Por ello, la CNDH recomendó al procurador Jesús Murillo Karam a que se instruya a los miembros de la corporación a tomar las medidas necesarias para que los agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, ejerciendo sus atribuciones como garantes de tales derechos.
Con información de Sinembargo.mx
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