México
Holder resulta libre de toda culpa
El Departamento de Justicia exhonera al fiscal general de Estados Unidos por el operativo “Rápido y Furioso”; afirma que no estaba enterado del caso
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (20/SEP/2012).- Al final, después de revelaciones, acusaciones y hasta asesinatos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a una conclusión: Eric Holder, fiscal general, no tiene culpa en la operación “Rápido y Furioso”.
Sin embargo, el organismo gubernamental también determinó que hubo “graves fallos” en el operativo encubierto, mediante el cual se permitió el paso ilegal de más de dos mil armas a territorio mexicano.
El análisis del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, recomienda acciones disciplinarias —pero no cargos penales— contra 14 empleados de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que buscaba rastrear las armas hasta dar con los principales cabecillas del narcotráfico en México.
“No encontramos pruebas de que el fiscal general Holder fue informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la ‘Operación Rápido y Furioso’ usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)”, indicó el análisis de 512 páginas con anexos incluidos.
El informe, que se basa en más de 100 mil documentos y entrevistas a más de 130 testigos, detalla la operación, que comenzó en la oficina de ATF en Phoenix (Arizona) y permitió la compra de más de dos mil armas con un valor de cerca de 1.5 millones de dólares.
El análisis reveló “una serie de equivocadas estrategias, tácticas, errores de juicio y fallos de gestión que se extendieron en la sede de ATF y en Phoenix, así como en la oficina del fiscal general en Arizona”.
Agregó que los agentes y fiscales en Phoenix y Tucson (Arizona), y funcionarios de alto rango de ATF en Washington “comparten responsabilidad” por no frenar el trasiego ilegal de armas a México, y “por hacerlo sin tomar en cuenta debidamente el peligro para la seguridad pública que emanaba de esta arriesgada estrategia”.
El informe señala que la mayoría de las armas eran rifles AK-47 y pistolas FN Herstal calibre 5.7, y reconoce que “numerosas armas” fueron recuperadas en escenas de crímenes en México y en Estados Unidos. Hasta el momento hay dos casos que representan un efecto bumerán en Estados Unidos, con la muerte de los agentes Brian Terry, en Arizona, y Jaime Zapata, en San Luis Potosí, ambas con armas que provenían del fallido operativo.
Tras conocer la resolución, Holder dijo: “El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso”. El funcionario fue acusado de desacato por los republicanos, la primera vez en la historia que un titular de Justicia afronta esa acusación.
Telón de fondo
La historia de la que nadie supo nada
El Gobierno estadounidense determinó que hubo “fallas graves” en la operación, por lo que recomienda ejercer acciones disciplinarias, mas no cargos penales
Desde que en marzo del año pasado se dio a conocer que Estados Unidos permitió la entrada ilegal a México de más de dos mil armas, se desató una cadena señalamientos que tenían una respuesta común: nadie sabía nada.
Para el 10 de marzo de 2011, unos días después de que fue revelada la estrategia, la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, afirmó que desconocía el operativo que permitió la entrada de armas.
Carlos Pascual, quien entonces era el embajador estadounidense en México, afirmó que las autoridades mexicanas sí fueron notificadas de esta operación, a lo que la PGR reiteró su desconocimiento.
Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, también afirmó días después que en México no hubo notificación sobre el operativo planificado en Estados Unidos.
El 23 de marzo de 2011 vino el que probablemente es el deslinde más importante: el del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien afirmó que ni él ni el fiscal Eric Holder estaban enterados de “Rápido y Furioso”. Fue entonces cuando anunció que un inspector se encargaría de investigar el caso, lo que terminó en la absolución de Holder.
Sin embargo, el organismo gubernamental también determinó que hubo “graves fallos” en el operativo encubierto, mediante el cual se permitió el paso ilegal de más de dos mil armas a territorio mexicano.
El análisis del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, recomienda acciones disciplinarias —pero no cargos penales— contra 14 empleados de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que buscaba rastrear las armas hasta dar con los principales cabecillas del narcotráfico en México.
“No encontramos pruebas de que el fiscal general Holder fue informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la ‘Operación Rápido y Furioso’ usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)”, indicó el análisis de 512 páginas con anexos incluidos.
El informe, que se basa en más de 100 mil documentos y entrevistas a más de 130 testigos, detalla la operación, que comenzó en la oficina de ATF en Phoenix (Arizona) y permitió la compra de más de dos mil armas con un valor de cerca de 1.5 millones de dólares.
El análisis reveló “una serie de equivocadas estrategias, tácticas, errores de juicio y fallos de gestión que se extendieron en la sede de ATF y en Phoenix, así como en la oficina del fiscal general en Arizona”.
Agregó que los agentes y fiscales en Phoenix y Tucson (Arizona), y funcionarios de alto rango de ATF en Washington “comparten responsabilidad” por no frenar el trasiego ilegal de armas a México, y “por hacerlo sin tomar en cuenta debidamente el peligro para la seguridad pública que emanaba de esta arriesgada estrategia”.
El informe señala que la mayoría de las armas eran rifles AK-47 y pistolas FN Herstal calibre 5.7, y reconoce que “numerosas armas” fueron recuperadas en escenas de crímenes en México y en Estados Unidos. Hasta el momento hay dos casos que representan un efecto bumerán en Estados Unidos, con la muerte de los agentes Brian Terry, en Arizona, y Jaime Zapata, en San Luis Potosí, ambas con armas que provenían del fallido operativo.
Tras conocer la resolución, Holder dijo: “El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso”. El funcionario fue acusado de desacato por los republicanos, la primera vez en la historia que un titular de Justicia afronta esa acusación.
Telón de fondo
La historia de la que nadie supo nada
El Gobierno estadounidense determinó que hubo “fallas graves” en la operación, por lo que recomienda ejercer acciones disciplinarias, mas no cargos penales
Desde que en marzo del año pasado se dio a conocer que Estados Unidos permitió la entrada ilegal a México de más de dos mil armas, se desató una cadena señalamientos que tenían una respuesta común: nadie sabía nada.
Para el 10 de marzo de 2011, unos días después de que fue revelada la estrategia, la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, afirmó que desconocía el operativo que permitió la entrada de armas.
Carlos Pascual, quien entonces era el embajador estadounidense en México, afirmó que las autoridades mexicanas sí fueron notificadas de esta operación, a lo que la PGR reiteró su desconocimiento.
Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, también afirmó días después que en México no hubo notificación sobre el operativo planificado en Estados Unidos.
El 23 de marzo de 2011 vino el que probablemente es el deslinde más importante: el del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien afirmó que ni él ni el fiscal Eric Holder estaban enterados de “Rápido y Furioso”. Fue entonces cuando anunció que un inspector se encargaría de investigar el caso, lo que terminó en la absolución de Holder.
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