México
Gobierno, planea recuperar “control pleno” en zonas del país
Plan de seguridad establece como prioridad recuperar territorios en poder del crimen
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (
Segob) planea recuperar los territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas, luego de admitir que en el país hay espacios que “han sido cooptados por el crimen organizado, subvirtiendo el orden constitucional”.
En el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, que en breve será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se destacan las líneas de acción en la materia, entre las que figura la 2.2.5: “Impulsar la recuperación de aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.
Para ello, se pondrá especial énfasis en el reforzamiento de las estructuras sociales básicas, por medio de campañas de prevención del delito y fortalecimiento de programas cívicos.
“Recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas, poniendo énfasis especial” en el reforzamiento de las estructuras sociales básicas, por medio de campañas de prevención del delito, subraya la línea de acción 2.2.3 del programa.
Se impulsarán entre concesionarios de medios de comunicación códigos de conducta autoasumidos que promuevan una difusión responsable de información.
Adémás se pondrán en marcha planes de rehabilitación e instrumentarán operativos conjuntos en “las regiones más afectadas por la delincuencia organizada”.
Otra línea de acción buscará evitar que el crimen organizado “derive en focos de ingobernabilidad en regiones específicas”.
Para alcanzar este objetivo, se promoverán nuevas atribuciones legales para combatir el narcomenudeo —aunque ya hay una ley aprobada en el Congreso el 28 de abril pasado que define topes máximos de portación de enervantes como la mariguana y la cocaína— y desarrollar las capacidades operativas en su lucha; impedir el ingreso ilegal de armas, municiones, sustancias explosivas, dinero y de drogas.
Las principales amenazas a la seguridad nacional son: la delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad en las fronteras, por donde no sólo hay trasiego de armas y personas, sino drogas.
El narcotráfico, se reconoce, es la manifestación “más significativa” de la delincuencia organizada, por lo que es de atención prioritaria para la seguridad nacional, porque “la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.
El crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional que “puede vulnerar la soberanía y el orden constitucional” del país.
Las acciones contra el narcotráfico, señala Gobernación, “marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida sobre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.
Añade que entre las dinámicas derivadas de la actuación del crimen figuran la coerción que ejercen sobre autoridades en los tres órdenes de gobierno y la cooptación de miembros de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para obtener impunidad.
En el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, que en breve será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se destacan las líneas de acción en la materia, entre las que figura la 2.2.5: “Impulsar la recuperación de aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.
Para ello, se pondrá especial énfasis en el reforzamiento de las estructuras sociales básicas, por medio de campañas de prevención del delito y fortalecimiento de programas cívicos.
“Recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas, poniendo énfasis especial” en el reforzamiento de las estructuras sociales básicas, por medio de campañas de prevención del delito, subraya la línea de acción 2.2.3 del programa.
Se impulsarán entre concesionarios de medios de comunicación códigos de conducta autoasumidos que promuevan una difusión responsable de información.
Adémás se pondrán en marcha planes de rehabilitación e instrumentarán operativos conjuntos en “las regiones más afectadas por la delincuencia organizada”.
Otra línea de acción buscará evitar que el crimen organizado “derive en focos de ingobernabilidad en regiones específicas”.
Para alcanzar este objetivo, se promoverán nuevas atribuciones legales para combatir el narcomenudeo —aunque ya hay una ley aprobada en el Congreso el 28 de abril pasado que define topes máximos de portación de enervantes como la mariguana y la cocaína— y desarrollar las capacidades operativas en su lucha; impedir el ingreso ilegal de armas, municiones, sustancias explosivas, dinero y de drogas.
Las principales amenazas a la seguridad nacional son: la delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad en las fronteras, por donde no sólo hay trasiego de armas y personas, sino drogas.
El narcotráfico, se reconoce, es la manifestación “más significativa” de la delincuencia organizada, por lo que es de atención prioritaria para la seguridad nacional, porque “la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.
El crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional que “puede vulnerar la soberanía y el orden constitucional” del país.
Las acciones contra el narcotráfico, señala Gobernación, “marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida sobre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.
Añade que entre las dinámicas derivadas de la actuación del crimen figuran la coerción que ejercen sobre autoridades en los tres órdenes de gobierno y la cooptación de miembros de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para obtener impunidad.
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