México
Garantías individuales, sociedad y delincuencia
Por Vicente BELLO
Virtualmente a “matacaballo” diputados y senadores se han puesto a finiquitar procesos de construcción de leyes, en lo que se ha convertido en una suerte de gran borrachera legislativa: mientras la Cámara de Diputados aprobaba 15 dictámenes, el Senado rondaba las 10 en asamblea plenaria, y otras cinco en comisiones.
En este frenesí de reformas de “cuarto para las 12”, han dado una gran prioridad a las modificaciones legales que tienen que ver con el reforzamiento institucional para el combate a la delincuencia organizada. Sólo que dichas leyes han llegado adheridas a la polémica, porque un sector de la oposición las considera una puerta abierta a la represión y al aliento del ejercicio autoritario del poder público, no sólo contra delincuentes, sino también contra sectores de la sociedad inconformes con el ejercicio político de quien ostente el poder.
20:15 de la noche. San Lázaro concluía su segunda sesión ordinaria del día. Hacía tres horas (cinco de la tarde y minutos) habían dado por concluida la primera. Una gran lista de dictámenes que esperan su refrendo plenario (son iniciativas de reformas que ya fueron aprobadas en comisiones, previamente) permanecen en lista de espera. Y es que no sólo el periodo ordinario se acabará el día 30 venidero, sino prácticamente también la LX Legislatura. Aunque ésta concluye formalmente el día 31 de agosto, ya las dos cámaras no podrán echar mano de la función legislativa, porque sólo en periodo ordinario están los legisladores facultados por la Constitución para votar leyes.
En San Lázaro, de las 15 aquéllas, las siguientes cinco fueron forjadas con jiribilla: la Ley de la Policía Federal, reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley de Extinción de Dominio, modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y una de gran calado social: reformas al Código Penal en Materia Federal que por primera vez consideran como delito grave a la pederastia.
De los 18 a los 35 años de edad, una persona puede acusar a otra que —en su agravio— considere que la agredió sexualmente cuando era menor de edad. Y las sanciones pueden llegar hasta los 18 años de cárcel. Se ha hecho especial mención de los casos sucedidos en iglesias, escuelas y centros laborales.
Cuando el pleno votaba la Ley de la Policía Federal, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respingaban diciendo que aquel nuevo poder que otorgaban a los policías —de intervenir celulares, espiar correos electrónicos— iba a ser causa de injusticias. Sobre todo, porque la interpretación de la nueva ley estará lo suficientemente abierta como para emitir criterios polémicos.
La otra ley de gran trascendencia que ayer aprobaron los diputados, fue la de Extinción de Dominio, que el Senado les había enviado desde marzo pasado. La han aprobado, finalmente, pero con modificaciones que consideraron “sólo ajustes de carácter jurídico”. Los senadores tendrán ahora que revisar las correcciones a su minuta original.
A decir de César Camacho, el diputado priista presidente de la Comisión de Justicia, “integraron ‘candados’ legales para evitar que el derecho de amparo proteja a delincuentes y a abogados de éstos, para que mediante artilugios y chicanadas legaloides se les reintegren bienes confiscados por el Estado”.
En torno de este asunto, será interesante ver la reacción que tendrán senadores como Jesús Murillo Karam. ¿Aceptará el argumento de César Camacho? Es una de las preguntas que deberán ser contestadas en el dictamen de la corrección que los diputados hicieron a la Ley de Extinción de Dominio.
En el Senado, paralelo a los dictámenes de ayer (uno de ellos, la facultad dada a los licenciados en enfermería a recetar también, como los médicos), el pleno turnó a comisiones cuatro iniciativas que Felipe Calderón envió en la víspera a propósito del combate a la delincuencia.
Calderón pide al Senado reformar el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad Nacional, la Federal de Armas de Fuego y Explosivos y más reformas a los códigos Penal federal y de Procedimientos Penales. En todos, Calderón pide cambios jurídicos que permitan a las autoridades de seguridad pública hacer su trabajo quitándoles del camino exigencias de atender a las garantías individuales.
En el pasillerío de Xicoténcatl, un senador del Partido Acción Nacional (PAN), bajo exigencia del anonimato, admitía: “Esta semana han regresado sobre sus pasos la defensa de los derechos humanos, so pretexto del combate a la delincuencia organizada”.
En este frenesí de reformas de “cuarto para las 12”, han dado una gran prioridad a las modificaciones legales que tienen que ver con el reforzamiento institucional para el combate a la delincuencia organizada. Sólo que dichas leyes han llegado adheridas a la polémica, porque un sector de la oposición las considera una puerta abierta a la represión y al aliento del ejercicio autoritario del poder público, no sólo contra delincuentes, sino también contra sectores de la sociedad inconformes con el ejercicio político de quien ostente el poder.
20:15 de la noche. San Lázaro concluía su segunda sesión ordinaria del día. Hacía tres horas (cinco de la tarde y minutos) habían dado por concluida la primera. Una gran lista de dictámenes que esperan su refrendo plenario (son iniciativas de reformas que ya fueron aprobadas en comisiones, previamente) permanecen en lista de espera. Y es que no sólo el periodo ordinario se acabará el día 30 venidero, sino prácticamente también la LX Legislatura. Aunque ésta concluye formalmente el día 31 de agosto, ya las dos cámaras no podrán echar mano de la función legislativa, porque sólo en periodo ordinario están los legisladores facultados por la Constitución para votar leyes.
En San Lázaro, de las 15 aquéllas, las siguientes cinco fueron forjadas con jiribilla: la Ley de la Policía Federal, reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley de Extinción de Dominio, modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y una de gran calado social: reformas al Código Penal en Materia Federal que por primera vez consideran como delito grave a la pederastia.
De los 18 a los 35 años de edad, una persona puede acusar a otra que —en su agravio— considere que la agredió sexualmente cuando era menor de edad. Y las sanciones pueden llegar hasta los 18 años de cárcel. Se ha hecho especial mención de los casos sucedidos en iglesias, escuelas y centros laborales.
Cuando el pleno votaba la Ley de la Policía Federal, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respingaban diciendo que aquel nuevo poder que otorgaban a los policías —de intervenir celulares, espiar correos electrónicos— iba a ser causa de injusticias. Sobre todo, porque la interpretación de la nueva ley estará lo suficientemente abierta como para emitir criterios polémicos.
La otra ley de gran trascendencia que ayer aprobaron los diputados, fue la de Extinción de Dominio, que el Senado les había enviado desde marzo pasado. La han aprobado, finalmente, pero con modificaciones que consideraron “sólo ajustes de carácter jurídico”. Los senadores tendrán ahora que revisar las correcciones a su minuta original.
A decir de César Camacho, el diputado priista presidente de la Comisión de Justicia, “integraron ‘candados’ legales para evitar que el derecho de amparo proteja a delincuentes y a abogados de éstos, para que mediante artilugios y chicanadas legaloides se les reintegren bienes confiscados por el Estado”.
En torno de este asunto, será interesante ver la reacción que tendrán senadores como Jesús Murillo Karam. ¿Aceptará el argumento de César Camacho? Es una de las preguntas que deberán ser contestadas en el dictamen de la corrección que los diputados hicieron a la Ley de Extinción de Dominio.
En el Senado, paralelo a los dictámenes de ayer (uno de ellos, la facultad dada a los licenciados en enfermería a recetar también, como los médicos), el pleno turnó a comisiones cuatro iniciativas que Felipe Calderón envió en la víspera a propósito del combate a la delincuencia.
Calderón pide al Senado reformar el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad Nacional, la Federal de Armas de Fuego y Explosivos y más reformas a los códigos Penal federal y de Procedimientos Penales. En todos, Calderón pide cambios jurídicos que permitan a las autoridades de seguridad pública hacer su trabajo quitándoles del camino exigencias de atender a las garantías individuales.
En el pasillerío de Xicoténcatl, un senador del Partido Acción Nacional (PAN), bajo exigencia del anonimato, admitía: “Esta semana han regresado sobre sus pasos la defensa de los derechos humanos, so pretexto del combate a la delincuencia organizada”.
Síguenos en