México
Francia preocupada por presión de ONGs al caso Cassez
Asociaciones pidieron no dejarse influenciar para conceder amparo contra sentencia de 60 años
CIUDAD DE MÉXICO (10/FEB/2011).- La embajada de Francia en México aseguró que es preocupante que organizaciones mexicanas ejerzan presiones directas sobre el Poder Judicial para influir en la decisión que se tomará en los tribunales en el caso de su ciudadana Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por su presunta participación en tres secuestros en la banda de "Los Zodiaco".
Ayer miércoles, las organizaciones ''Alto al Secuestro'', ''México SOS'', ''Causa Común'' y la ''Asociación Nacional de Consejos de Participación Ciudadana'', pidió a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito que no se dejen presionar por el gobierno francés para que se le conceda un amparo contra la sentencia que se le impuso, pues temen que pueda quedar en libertad.
La representación diplomática indicó que el pronunciamiento de estas organizaciones motiva una serie de observaciones: "es preocupante ver que dichas organizaciones ejercen presiones directas sobre el Poder Judicial para intentar influenciar sus decisiones". Sostuvo que las organizaciones "practican lo que por otro lado denuncian y reprochan, sin ningún fundamento, por parte del Gobierno francés".
Recordó que en el caso de Cassez, el gobierno francés "no ha dejado de pedir un proceso justo e imparcial, así como la aplicación de la Constitución y de las leyes mexicanas", ya que se han denunciado graves irregularidades y violaciones de garantías, "las cuales han caracterizado este caso desde el montaje inicial -por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal-, que en sí mismo siembra la duda sobre el conjunto del procedimiento judicial".
La embajada en su comunicado reiteró que en este caso, "no se respetó el derecho consular mexicano que prevé que la detención se comunique "de inmediato" a la representación consular correspondiente" que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, "aún cuando el gobierno mexicano exige la aplicación rigurosa de este principio por parte de países terceros, y en particular de Estados Unidos".
Sostuvo que el gobierno francés "apoya sin reservas las iniciativas a favor de la defensa de las víctimas. Pero solamente el debido proceso, exento de presiones y opiniones sin fundamentos, puede dar la garantía que se rinda justicia a las víctimas, persiguiendo a los culpables sin encarcelar a inocentes. Es lo que Francia espera de la justicia mexicana".
Ayer miércoles, las organizaciones ''Alto al Secuestro'', ''México SOS'', ''Causa Común'' y la ''Asociación Nacional de Consejos de Participación Ciudadana'', pidió a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito que no se dejen presionar por el gobierno francés para que se le conceda un amparo contra la sentencia que se le impuso, pues temen que pueda quedar en libertad.
La representación diplomática indicó que el pronunciamiento de estas organizaciones motiva una serie de observaciones: "es preocupante ver que dichas organizaciones ejercen presiones directas sobre el Poder Judicial para intentar influenciar sus decisiones". Sostuvo que las organizaciones "practican lo que por otro lado denuncian y reprochan, sin ningún fundamento, por parte del Gobierno francés".
Recordó que en el caso de Cassez, el gobierno francés "no ha dejado de pedir un proceso justo e imparcial, así como la aplicación de la Constitución y de las leyes mexicanas", ya que se han denunciado graves irregularidades y violaciones de garantías, "las cuales han caracterizado este caso desde el montaje inicial -por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal-, que en sí mismo siembra la duda sobre el conjunto del procedimiento judicial".
La embajada en su comunicado reiteró que en este caso, "no se respetó el derecho consular mexicano que prevé que la detención se comunique "de inmediato" a la representación consular correspondiente" que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, "aún cuando el gobierno mexicano exige la aplicación rigurosa de este principio por parte de países terceros, y en particular de Estados Unidos".
Sostuvo que el gobierno francés "apoya sin reservas las iniciativas a favor de la defensa de las víctimas. Pero solamente el debido proceso, exento de presiones y opiniones sin fundamentos, puede dar la garantía que se rinda justicia a las víctimas, persiguiendo a los culpables sin encarcelar a inocentes. Es lo que Francia espera de la justicia mexicana".
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