México
Fiscalización, el gran fracaso de las elecciones
José Merino, académico del ITAM, advierte que el Tribunal debe resolver la elección sin toda la información sobre los gastos
GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2012).- Los ecos de los resultados electorales todavía resuenan en los medios de comunicación. Y, justamente, por la forma en que los medios tratan la información, no hacen más que desviar la atención de los puntos más importantes de la contienda, esto en la opinión del politólogo y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Merino.
Según Merino, lo más relevante no es lo que diga o deje de decir Andrés Manuel López Obrador, sino analizar uno de los grandes problemas del sistema electoral: la fiscalización.
“Tenemos un sistema en donde las campañas van a entregar sus reportes hasta el 30 de octubre, y el Tribunal Electoral debe resolver la elección en septiembre. Vamos a resolver una elección de la cual no tenemos todos los elementos informativos para saber exactamente con qué gravedad se violó la ley y en todo caso, qué impacto tuvo en el resultado electoral”.
Merino califica como grave el problema en el proceso. Y es que “parece que lo que se castiga no es el delito, sino el efecto de éste; es decir, el delito llega a ser importante sólo si se comprueba que alteró sustancialmente el resultado electoral”.
“Tú no castigas el robo porque se llevaron un florero, tú lo castigas porque el intento de robo es un delito. Es exactamente lo mismo, y resulta que en México castigamos en donde podemos probar que el delito tuvo un impacto en los resultados electorales”.
¿Qué es lo que ocurre? José Merino afirma que esto provoca que todos los partidos tengan “incentivos” para violar la ley, aunque a algunos le salga mejor que a otros, como el caso del PRI, que le beneficia la opacidad en el control de gasto en los estados que gobierna.
El otro problema es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) demostró ser “un cero a la izquierda”, y aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) puede investigar a petición de parte, no tiene las facultades ni los recursos para realizar una indagación a fondo.
Arena legislativa
¿Serán los partidos quienes regulen este sistema de fiscalización? Merino señala que, si López Obrador y el PRD son congruentes, es un tema que deberá estar en la agenda legislativa, en un Congreso en el que la izquierda logró instalarse como la segunda fuerza política.
Pero, el hecho de que la compra y coacción del voto sea una práctica de la que todos se benefician deja escepticismo.
“Hoy, PAN y PRD lo ven mal porque el que se benefició más fue el PRI, pero todos los partidos lo han usado y se han beneficiado. Yo diría que tendría que venir de la sociedad civil. En este país, si no hay una masa crítica que presione a que los partidos hagan lo que no quieren hacer, pues simplemente no ocurre”.
Aunque cada movimiento social tendrá su propia agenda —recuerda que en el caso de #YoSoy132 tiene que ver más con medios democráticos y gasto en publicidad—, el académico opina que sin la existencia de grupos ciudadanos, “ningún legislador de iniciativa propia va a empezar cambios que evidentemente a ninguno de los tres partidos les conviene”.
A pregunta expresa sobre si la izquierda negociará una agenda o se convertirá en un “opositodo”, Merino pronostica: “Yo no veo qué agenda tienen qué negociar. O sea, ¿por qué nos parece que lo importante es que el PRI proponga y que el PRD no se oponga? Lo importante es ver qué proponga el PRI, y después discutirlo, deliberarlo y ver si se aprueba o no. Yo veo que los medios se han comprado completita la historia de las reformas estructurales; ni siquiera las cuestionan y ni las han leído, que es lo peor de todo”.
El punto realmente importante, a consideración de José Merino, es revisar cuál es la agenda legislativa, misma que ya deberían estar trabajando desde este momento.
El tema no es que el presidente proponga una reforma y se tenga que aprobar en automático; no, “esas cosas se tienen que discutir, deliberar y participar la ciudadanía. Es una democracia deliberativa y participativa, no es una democracia en donde simplemente estamos esperando a que se formen mayorías artificiales o consensos y que se apruebe lo que sea”.
La Fepade resultó ser un cero a la izquierda para atender las denuncias electorales; el IFE carece de atribuciones y recursos para hacerlo a fondo
Según Merino, lo más relevante no es lo que diga o deje de decir Andrés Manuel López Obrador, sino analizar uno de los grandes problemas del sistema electoral: la fiscalización.
“Tenemos un sistema en donde las campañas van a entregar sus reportes hasta el 30 de octubre, y el Tribunal Electoral debe resolver la elección en septiembre. Vamos a resolver una elección de la cual no tenemos todos los elementos informativos para saber exactamente con qué gravedad se violó la ley y en todo caso, qué impacto tuvo en el resultado electoral”.
Merino califica como grave el problema en el proceso. Y es que “parece que lo que se castiga no es el delito, sino el efecto de éste; es decir, el delito llega a ser importante sólo si se comprueba que alteró sustancialmente el resultado electoral”.
“Tú no castigas el robo porque se llevaron un florero, tú lo castigas porque el intento de robo es un delito. Es exactamente lo mismo, y resulta que en México castigamos en donde podemos probar que el delito tuvo un impacto en los resultados electorales”.
¿Qué es lo que ocurre? José Merino afirma que esto provoca que todos los partidos tengan “incentivos” para violar la ley, aunque a algunos le salga mejor que a otros, como el caso del PRI, que le beneficia la opacidad en el control de gasto en los estados que gobierna.
El otro problema es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) demostró ser “un cero a la izquierda”, y aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) puede investigar a petición de parte, no tiene las facultades ni los recursos para realizar una indagación a fondo.
Arena legislativa
¿Serán los partidos quienes regulen este sistema de fiscalización? Merino señala que, si López Obrador y el PRD son congruentes, es un tema que deberá estar en la agenda legislativa, en un Congreso en el que la izquierda logró instalarse como la segunda fuerza política.
Pero, el hecho de que la compra y coacción del voto sea una práctica de la que todos se benefician deja escepticismo.
“Hoy, PAN y PRD lo ven mal porque el que se benefició más fue el PRI, pero todos los partidos lo han usado y se han beneficiado. Yo diría que tendría que venir de la sociedad civil. En este país, si no hay una masa crítica que presione a que los partidos hagan lo que no quieren hacer, pues simplemente no ocurre”.
Aunque cada movimiento social tendrá su propia agenda —recuerda que en el caso de #YoSoy132 tiene que ver más con medios democráticos y gasto en publicidad—, el académico opina que sin la existencia de grupos ciudadanos, “ningún legislador de iniciativa propia va a empezar cambios que evidentemente a ninguno de los tres partidos les conviene”.
A pregunta expresa sobre si la izquierda negociará una agenda o se convertirá en un “opositodo”, Merino pronostica: “Yo no veo qué agenda tienen qué negociar. O sea, ¿por qué nos parece que lo importante es que el PRI proponga y que el PRD no se oponga? Lo importante es ver qué proponga el PRI, y después discutirlo, deliberarlo y ver si se aprueba o no. Yo veo que los medios se han comprado completita la historia de las reformas estructurales; ni siquiera las cuestionan y ni las han leído, que es lo peor de todo”.
El punto realmente importante, a consideración de José Merino, es revisar cuál es la agenda legislativa, misma que ya deberían estar trabajando desde este momento.
El tema no es que el presidente proponga una reforma y se tenga que aprobar en automático; no, “esas cosas se tienen que discutir, deliberar y participar la ciudadanía. Es una democracia deliberativa y participativa, no es una democracia en donde simplemente estamos esperando a que se formen mayorías artificiales o consensos y que se apruebe lo que sea”.
La Fepade resultó ser un cero a la izquierda para atender las denuncias electorales; el IFE carece de atribuciones y recursos para hacerlo a fondo