México
Fiscalía de Chihuahua reconoce estancamiento en caso de activista asesinada
La dependencia solicitó apoyo a la Interpol para capturar al presunto responsable de la muerte de Marisela Escobedo
CIUDAD DE MÉXICO (29/DIC/2010).- Carlos González, vocero de la fiscalía de Chihuahua, admitió que no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de la activista Marisela Escobedo.
En entrevista con W Radio señaló que la dependencia solicitó apoyo a Interpol México para detener a Sergio Barraza, el principal sospechoso de la muerte de la activista Marisela Escobedo y asesino confeso de la hija de ésta.
"Ya se solicitó apoyo a la Procuraduría del Estado, de la República, a la misma Interpol México, se han enviado datos, información, características, tanto de Sergio Barraza Bocanegra como de otra persona", aseveró.
Sobre la inhabilitación de los jueces que dejaron en libertad a Barraza Bocanegra tras admitir que había asesinado a la hija de la activista, el vocero afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya inicia el proceso para "el juicio político, de una separación del cargo para la inhabilitación de estos funcionarios y una posible sanción penal que habrá de iniciar la fiscalía".
Además, dijo que "la investigación no sólo apunta a estos tres jueces, sino a personal del Ministerio Público que pudo haber incurrido en fallas durante el proceso".
González tampoco pudo precisar cuál es la calidad migratoria que tiene la familia de la activista, quienes decidieron salir del estado.
En entrevista con W Radio señaló que la dependencia solicitó apoyo a Interpol México para detener a Sergio Barraza, el principal sospechoso de la muerte de la activista Marisela Escobedo y asesino confeso de la hija de ésta.
"Ya se solicitó apoyo a la Procuraduría del Estado, de la República, a la misma Interpol México, se han enviado datos, información, características, tanto de Sergio Barraza Bocanegra como de otra persona", aseveró.
Sobre la inhabilitación de los jueces que dejaron en libertad a Barraza Bocanegra tras admitir que había asesinado a la hija de la activista, el vocero afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya inicia el proceso para "el juicio político, de una separación del cargo para la inhabilitación de estos funcionarios y una posible sanción penal que habrá de iniciar la fiscalía".
Además, dijo que "la investigación no sólo apunta a estos tres jueces, sino a personal del Ministerio Público que pudo haber incurrido en fallas durante el proceso".
González tampoco pudo precisar cuál es la calidad migratoria que tiene la familia de la activista, quienes decidieron salir del estado.
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