México
Faltan recursos para la aplicación de Ley de Narcomenudeo
Revela Mancera que se carece de capacitación e infraestructura
CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera Espinosa, aseguró que la Ley del Narcomenudeo, recientemente aprobada por el Congreso, no podrá aplicarse en la práctica si no se asignan los recursos necesarios.
En entrevista, el procurador consideró que si bien, esta normativa otorga facultades legales a las autoridades locales para combatir la distribución minorista de droga, el llevar a la práctica lo anterior en las circunstancias actuales no es viable.
"Va a representar una gran carga de trabajo y una inversión importante en materia económica, porque ya hay plazos que están corriendo y se tienen que cumplir", indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF).
Explicó que de acuerdo al dictamen aprobado por el Congreso, cuando se publique la ley en el Diario Oficial de la Federación, correrá un plazo de un año para hacer las adecuaciones legislativas, y un máximo de tres años para su preparación, puesta en marcha y ejecución.
"El problema es que si no se tienen los apoyos económicos y no se disponen las partidas presupuestales respectivas puede tomarnos de sorpresa, es decir, no nada más es tener competencia en el tema de narcomenudeo, implica varias obligaciones como la prevención, tratamiento, especialización, entre otros", subrayó.
Mancera Espinosa destacó la importancia de la nueva ley, que conllevará reformas a disposiciones de la Ley Federal de Salud, del Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales.
"De hecho van a ser diferencias sustanciales porque con estas disposiciones, la PGJDF (al igual que el resto de las procuradurías estatales) será competente para iniciar una averiguación previa que tenga que ver con narcomenudeo, lo que hasta ahora no ocurría", dijo.
No obstante, el procurador enfatizó que debe existir la infraestructura necesaria en los estados y el Distrito Federal, principalmente en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, para atender casos de narcomenudeo que se presenten.
"Toda la carga de trabajo de narcomenudeo que ahora ocupa una buena parte de los esquemas de la Procuraduría General de la República y de los juzgados de Distritos Federales, ahora sería competencia de las entidades", afirmó.
Insistió en que uno de los mayores retos será para los sistemas de justicia locales, pues los jueces del fuero común no tratan actualmente temas de narcomenudeo, y ahora no solamente tendrán que atender esos procesos sino resolverlos, por lo que se requerirá una capacitación intensa.
Igual caso será para las policías Preventiva y la Judicial, que requerirán de una preparación específica, y en lo que concreta directamente a la PGJDF deberá crearse al menos una "Fiscalía Especializada en temas de Narcomenudeo", para atender las denuncias e iniciar las averiguaciones previas.
En este contexto, Mancera Espinosa subrayó la necesidad de que existan los recursos económicos suficientes para llevar a cabo los esquemas de operación, y preparar al personal una vez que la normativa entre en vigor.
"Se tendrán que hacer los planteamientos con los mismos diputados que están aprobando esas disposiciones, con los órganos legislativos, para que se entienda que tiene que haber partidas presupuestales etiquetadas o no, pero que tengan que ver con el tema de narcomenudeo", sentenció.
Sobre las cantidades de droga que se pueden portar para consumo, y que la normativa define, Mancera Espinosa rechazó que con esto se impulse a que la población las adquiera.
Externó que se trata de un parámetro con un doble objetivo; el primero marcar hasta qué punto se considera que se trata de una cantidad para el consumo personal; por otro lado si se excede ese límite en qué momento se diferenciarán las competencias, y pasa de ser un tema de narcomenudeo a narcotráfico.
El titular de la PGJDF consideró que de concretarse los apoyos suficientes que permitan sustentar de manera óptima la Ley de Narcomenudeo, se convertirá en un "buen instrumento" para combatir esta ilícita actividad.
Abundó que una vez puesta en marcha la normativa se atacará primero, en esfuerzos coordinados entre autoridades locales y federales, las zonas con mayor índice de narcomenudeo que son las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
En entrevista, el procurador consideró que si bien, esta normativa otorga facultades legales a las autoridades locales para combatir la distribución minorista de droga, el llevar a la práctica lo anterior en las circunstancias actuales no es viable.
"Va a representar una gran carga de trabajo y una inversión importante en materia económica, porque ya hay plazos que están corriendo y se tienen que cumplir", indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF).
Explicó que de acuerdo al dictamen aprobado por el Congreso, cuando se publique la ley en el Diario Oficial de la Federación, correrá un plazo de un año para hacer las adecuaciones legislativas, y un máximo de tres años para su preparación, puesta en marcha y ejecución.
"El problema es que si no se tienen los apoyos económicos y no se disponen las partidas presupuestales respectivas puede tomarnos de sorpresa, es decir, no nada más es tener competencia en el tema de narcomenudeo, implica varias obligaciones como la prevención, tratamiento, especialización, entre otros", subrayó.
Mancera Espinosa destacó la importancia de la nueva ley, que conllevará reformas a disposiciones de la Ley Federal de Salud, del Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales.
"De hecho van a ser diferencias sustanciales porque con estas disposiciones, la PGJDF (al igual que el resto de las procuradurías estatales) será competente para iniciar una averiguación previa que tenga que ver con narcomenudeo, lo que hasta ahora no ocurría", dijo.
No obstante, el procurador enfatizó que debe existir la infraestructura necesaria en los estados y el Distrito Federal, principalmente en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, para atender casos de narcomenudeo que se presenten.
"Toda la carga de trabajo de narcomenudeo que ahora ocupa una buena parte de los esquemas de la Procuraduría General de la República y de los juzgados de Distritos Federales, ahora sería competencia de las entidades", afirmó.
Insistió en que uno de los mayores retos será para los sistemas de justicia locales, pues los jueces del fuero común no tratan actualmente temas de narcomenudeo, y ahora no solamente tendrán que atender esos procesos sino resolverlos, por lo que se requerirá una capacitación intensa.
Igual caso será para las policías Preventiva y la Judicial, que requerirán de una preparación específica, y en lo que concreta directamente a la PGJDF deberá crearse al menos una "Fiscalía Especializada en temas de Narcomenudeo", para atender las denuncias e iniciar las averiguaciones previas.
En este contexto, Mancera Espinosa subrayó la necesidad de que existan los recursos económicos suficientes para llevar a cabo los esquemas de operación, y preparar al personal una vez que la normativa entre en vigor.
"Se tendrán que hacer los planteamientos con los mismos diputados que están aprobando esas disposiciones, con los órganos legislativos, para que se entienda que tiene que haber partidas presupuestales etiquetadas o no, pero que tengan que ver con el tema de narcomenudeo", sentenció.
Sobre las cantidades de droga que se pueden portar para consumo, y que la normativa define, Mancera Espinosa rechazó que con esto se impulse a que la población las adquiera.
Externó que se trata de un parámetro con un doble objetivo; el primero marcar hasta qué punto se considera que se trata de una cantidad para el consumo personal; por otro lado si se excede ese límite en qué momento se diferenciarán las competencias, y pasa de ser un tema de narcomenudeo a narcotráfico.
El titular de la PGJDF consideró que de concretarse los apoyos suficientes que permitan sustentar de manera óptima la Ley de Narcomenudeo, se convertirá en un "buen instrumento" para combatir esta ilícita actividad.
Abundó que una vez puesta en marcha la normativa se atacará primero, en esfuerzos coordinados entre autoridades locales y federales, las zonas con mayor índice de narcomenudeo que son las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
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