México
Exigen mineros la pronta extradición de Gómez Urrutia
Confían integrantes de la cooperativa Veta de Plata que la PGR no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión contra Napoleón
CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la cooperativa Veta de Plata, conformada por trabajadores mineros que reclaman los 55 millones de dólares del fideicomiso minero, presuntamente desviados por
Napoleón Gómez Urrutia, exigieron a las autoridades federales iniciar "cuanto antes" los trámites para solicitar al gobierno de Canadá la detención del dirigente y su extradición para que responda por las acusaciones en su contra.
A través de su representante legal, Agustín Acosta Azcón, el grupo de mineros manifestó su confianza de que la Procuraduría General de la República (PGR), no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión para poner a Napoleón Gómez Urrutia frente a la justicia a fin que responda por los 55 millones de dólares.
El abogado sostiene que Gómez Urrutia desvió a cuentas personales, de su familia y cómplices los 55 millones de dólares, lo cual originó que jueces de Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal, liberaran tres órdenes de aprehensión por lo delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa, las cuales están plenamente vigentes y se suman la de orden de aprehensión federal, liberada el jueves.
Por ello, dijo, hay confianza en que no será difícil ejecutar la orden de aprehensión que liberó el jueves la juez Primero de Procesos Penales Federales de Distrito del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco Corona, ya que se sabe que el ex dirigente minero se esconde en Vancouver, Canadá, y que sus otros cómplices Héctor Félix Estrella, José Angel Rocha Pérez y Juan Linares Montufar, se deben de encontrar en México, porque no se tiene conocimiento de que hayan huido al extranjero.
Este último, aseguró, despacha en las instalaciones de la sede nacionales del sindicato minero como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, en tanto que otro inculpado, Gregorio Pérez Romo, se encuentra preso en un reclusorio de la Distrito Federal.
Agustín Acosta Azcón, señaló que la Procuraduría General de la República tiene como mandato de ley cumplir con la detención de Gómez Urrutia, que además es una exigencia de los trabajadores afectados por la extinción del fideicomiso y desvío de los 55 millones de dólares, con lo cual se violó flagrantemente la Ley de Instituciones de Crédito.
Con esa acción ilegal se configuró un delito financiero de orden federal, considerado grave, por lo cual los acusados no alcanzan el beneficio del derecho a defenderse de las acusaciones en libertad bajo fianza, y estarán expuestos a pagar penas no son menores a 10 años de cárcel.
A través de su representante legal, Agustín Acosta Azcón, el grupo de mineros manifestó su confianza de que la Procuraduría General de la República (PGR), no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión para poner a Napoleón Gómez Urrutia frente a la justicia a fin que responda por los 55 millones de dólares.
El abogado sostiene que Gómez Urrutia desvió a cuentas personales, de su familia y cómplices los 55 millones de dólares, lo cual originó que jueces de Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal, liberaran tres órdenes de aprehensión por lo delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa, las cuales están plenamente vigentes y se suman la de orden de aprehensión federal, liberada el jueves.
Por ello, dijo, hay confianza en que no será difícil ejecutar la orden de aprehensión que liberó el jueves la juez Primero de Procesos Penales Federales de Distrito del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco Corona, ya que se sabe que el ex dirigente minero se esconde en Vancouver, Canadá, y que sus otros cómplices Héctor Félix Estrella, José Angel Rocha Pérez y Juan Linares Montufar, se deben de encontrar en México, porque no se tiene conocimiento de que hayan huido al extranjero.
Este último, aseguró, despacha en las instalaciones de la sede nacionales del sindicato minero como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, en tanto que otro inculpado, Gregorio Pérez Romo, se encuentra preso en un reclusorio de la Distrito Federal.
Agustín Acosta Azcón, señaló que la Procuraduría General de la República tiene como mandato de ley cumplir con la detención de Gómez Urrutia, que además es una exigencia de los trabajadores afectados por la extinción del fideicomiso y desvío de los 55 millones de dólares, con lo cual se violó flagrantemente la Ley de Instituciones de Crédito.
Con esa acción ilegal se configuró un delito financiero de orden federal, considerado grave, por lo cual los acusados no alcanzan el beneficio del derecho a defenderse de las acusaciones en libertad bajo fianza, y estarán expuestos a pagar penas no son menores a 10 años de cárcel.
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