México
Exigen investigación por últimos informes del caso Tlatlaya
AI se pronuncia tras el anuncio de que la orden de los militares era 'abatir delincuentes'
CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2015).- Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades civiles mexicanas investigar con urgencia un documento militar revelado recientemente por organizaciones civiles en el sentido de que la muerte de 22 personas cometida en junio de 2014 fue resultado de una orden de “abatir delincuentes” y no de un enfrentamiento entre soldados y una banda delictiva.
El organismo internacional señaló que esa orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.
“Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.
Érika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya (México) murieron a manos de soldados en lo que las autoridades aseguraron que había sido un enfrentamiento con hombres armados.
Sin embargo, agregó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de aquellas personas no habían muerto en un enfrentamiento, como afirmaba el secretario de la Defensa Nacional, sino abatidas a tiros cuando ya no representaban una amenaza para los soldados.
El pasado jueves, organizaciones mexicanas de derechos humanos dieron a conocer públicamente la orden que precedió a la operación.
El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería cursó una orden militar que decía lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, esta orden fue la base de las operaciones llevadas a cabo por la unidad militar en la zona específica de Tlatlaya en el momento de cometerse la matanza.
Tras la operación del 30 de junio, los soldados comunicaron que habían "abatido" a 22 delincuentes.
Amnistía resaltó que en el contexto de este caso, no cabe duda de que el término “abatir” significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares.
La misma terminología, añadió, se ha venido usando desde hace muchos años en múltiples comunicados de prensa con ese significado.
“Amnistía Internacional no ha encontrado un solo ejemplo en el que ‘abatir’ no fuera sinónimo de matar. Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales”, expresó.
"Aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”, ha explicado Erika Guevara-Rosas.
La organización, indicó, pide que se someta al personal militar implicado en el caso de Tlatlaya a una investigación imparcial, independiente y efectiva.
Lo anterior, añadió, debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes y que no hizo nada para impedir o reprimir ese crimen ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
AI también pidió al gobierno mexicano cancelar de inmediato cualquier orden permanente parecida y poner fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.
El organismo internacional señaló que esa orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.
“Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.
Érika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya (México) murieron a manos de soldados en lo que las autoridades aseguraron que había sido un enfrentamiento con hombres armados.
Sin embargo, agregó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de aquellas personas no habían muerto en un enfrentamiento, como afirmaba el secretario de la Defensa Nacional, sino abatidas a tiros cuando ya no representaban una amenaza para los soldados.
El pasado jueves, organizaciones mexicanas de derechos humanos dieron a conocer públicamente la orden que precedió a la operación.
El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería cursó una orden militar que decía lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, esta orden fue la base de las operaciones llevadas a cabo por la unidad militar en la zona específica de Tlatlaya en el momento de cometerse la matanza.
Tras la operación del 30 de junio, los soldados comunicaron que habían "abatido" a 22 delincuentes.
Amnistía resaltó que en el contexto de este caso, no cabe duda de que el término “abatir” significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares.
La misma terminología, añadió, se ha venido usando desde hace muchos años en múltiples comunicados de prensa con ese significado.
“Amnistía Internacional no ha encontrado un solo ejemplo en el que ‘abatir’ no fuera sinónimo de matar. Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales”, expresó.
"Aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”, ha explicado Erika Guevara-Rosas.
La organización, indicó, pide que se someta al personal militar implicado en el caso de Tlatlaya a una investigación imparcial, independiente y efectiva.
Lo anterior, añadió, debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes y que no hizo nada para impedir o reprimir ese crimen ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
AI también pidió al gobierno mexicano cancelar de inmediato cualquier orden permanente parecida y poner fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.
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