México
Estrictamente personal
La trampa del discurso
El Gobierno federal logró, a través del discurso y la propaganda, desarticular la crítica a la estrategia de la lucha contra el narcotráfico de las élites y trasladar el costo político real de la violencia a los gobiernos estatales. La violencia continúa creciendo en el país, pero el problema central, dicta el argumento, son las policías municipales. La propaganda es machacona: 92% de los delitos son del fuero común; sólo 8% del fuero federal. Por tanto, la responsabilidad de la violencia es de los gobernadores y alcaldes.
Las últimas encuestas reflejan el éxito del discurso: 5% de los mexicanos piensan que el narcotráfico es su principal problema, contra 27% que considera que es la inseguridad pública. Los estudios de opinión que realiza cotidianamente la Presidencia muestran que 70% de los mexicanos cree que Felipe Calderón sí está haciendo su trabajo y está enfrentando a los narcotraficantes, y considera que las policías locales son corruptas y compradas por el narco.
El Gobierno federal ha logrado imponer los términos de la discusión pública a las élites, que en la insistencia de calificar al Presidente Felipe Calderón como terco por mantener el discurso de la seguridad como el eje de su mensaje, se han equivocado en la discusión de fondo y sucumbiendo a su línea de argumentación.
Dos botones de muestra:
1.- La Policía única. El tema de una unificación de mando policial penetró en la opinión pública el año pasado y se convirtió en un asunto de interés de los políticos. El alegato era tan viejo como que fue propuesto originalmente en un libro como una Policía nacional por el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.
Al ser nombrado secretario de Seguridad Pública, el entonces presidente electo Calderón hizo suya la propuesta, que fue tomando cuerpo como mando único. Hoy existe el consenso de que es indispensable un mando único ante los altos niveles de corrupción de las policías locales, y no son pocos los gobernadores y las voces en las élites que están dispuestos a sacrificar el federalismo mexicano y a centralizar la coordinación policial al sentirse rebasados por la criminalidad de sus policías.
2.- La curva de la violencia. Después de un año y medio de plantear la analogía de los cárteles de la droga con las mafias en Palermo, Medellín, Nueva York y Chicago, la discusión tomó aire público hace tres semanas al ser entrevistado García Luna por Carlos Loret en Televisa, donde el secretario reiteró lo que hizo público por primera vez en septiembre de 2009 en la Cámara de Diputados, y repitió tres veces más en comisiones del Congreso y el Senado.
García Luna expuso que la curva de la violencia, tomando las experiencias en esas ciudades, empezaría a bajar en siete años, a partir de que inició el combate a los cárteles de la droga, o sea, un año después del fin del sexenio de Calderón, que se ajusta a los tiempos que ha dicho el Presidente que permanecerían las Fuerzas Armadas en las calles, y a las declaraciones del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien ve 2012 cuando regrese la tropa a los cuarteles.
El Gobierno federal llevó a las élites —medios, intelectuales, periodistas y un segmento de la sociedad a la que se ubica como el “círculo rojo”— a discutir en sus términos el fenómeno, y se alejaron del fondo de la problemática: si la delincuencia organizada no forma parte de los delitos del fuero común por definición, en el caso particular mexicano los delitos del fuero común son consecuencia directa de una falla en el diseño de la estrategia presidencial en el combate del narcotráfico, que produjo una externalidad: el traslape de delitos.
La racional del combate al narcotráfico fue cortar sus rutas de distribución, comercialización y financiamiento. En 2007 la estrategia diluyó al cártel de Tijuana, que se quedó sin dinero para sus operaciones y nóminas, y sus sicarios se mudaron de delito federal al secuestro, que es del fueron común, que se disparó en aquella ciudad y se volvió muy violento. Los Zetas prácticamente desaparecieron como cártel por las mismas razones, y mientras se expandían a Oaxaca y Centroamérica en busca de nuevos proveedores de droga, regresaron a la extorsión, venta de protección, secuestro y contrabando.
El cártel de Sinaloa, hoy del Pacífico, sobrevivió y se apoderó de varias plazas porque tenía inventarios que le permitieron, al igual que a sus aliados en la extinta Federación, seguir operando y ocupar las plazas de sus debilitados rivales. El diagnóstico que decidió la estrategia no contempló este fenómeno, ni anticipó que los cárteles se reconstituirían a una velocidad no calculada en alianzas no previstas, y con una calidad y cantidad de violencia en niveles inesperados.
Al soslayar el traslape de delitos federales y del fuero común se acepta por omisión el argumento de fases y escalas donde el narcotráfico es responsabilidad del Gobierno federal y la inseguridad pública —exacerbada por la criminalidad de policías locales— es de los gobiernos locales. El discurso de separación de responsabilidades para actuar en forma co-responsable para disminuir la violencia, oculta que la espiral de violencia fue resultado de errores en el diagnóstico para combatir al narcotráfico.
Por ello, hacer a los gobiernos locales responsables primarios de la violencia, es una estrategia política audaz del Gobierno federal que parte de la trampa del discurso. La falta de una disección profunda de las causas de la violencia derivada del narcotráfico, agrega sin matices el problema objetivo que añade la corrupción policial y coloca a los gobiernos estatales en un laberinto sin salida. Justo, donde lo quería el Gobierno federal.
Las últimas encuestas reflejan el éxito del discurso: 5% de los mexicanos piensan que el narcotráfico es su principal problema, contra 27% que considera que es la inseguridad pública. Los estudios de opinión que realiza cotidianamente la Presidencia muestran que 70% de los mexicanos cree que Felipe Calderón sí está haciendo su trabajo y está enfrentando a los narcotraficantes, y considera que las policías locales son corruptas y compradas por el narco.
El Gobierno federal ha logrado imponer los términos de la discusión pública a las élites, que en la insistencia de calificar al Presidente Felipe Calderón como terco por mantener el discurso de la seguridad como el eje de su mensaje, se han equivocado en la discusión de fondo y sucumbiendo a su línea de argumentación.
Dos botones de muestra:
1.- La Policía única. El tema de una unificación de mando policial penetró en la opinión pública el año pasado y se convirtió en un asunto de interés de los políticos. El alegato era tan viejo como que fue propuesto originalmente en un libro como una Policía nacional por el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.
Al ser nombrado secretario de Seguridad Pública, el entonces presidente electo Calderón hizo suya la propuesta, que fue tomando cuerpo como mando único. Hoy existe el consenso de que es indispensable un mando único ante los altos niveles de corrupción de las policías locales, y no son pocos los gobernadores y las voces en las élites que están dispuestos a sacrificar el federalismo mexicano y a centralizar la coordinación policial al sentirse rebasados por la criminalidad de sus policías.
2.- La curva de la violencia. Después de un año y medio de plantear la analogía de los cárteles de la droga con las mafias en Palermo, Medellín, Nueva York y Chicago, la discusión tomó aire público hace tres semanas al ser entrevistado García Luna por Carlos Loret en Televisa, donde el secretario reiteró lo que hizo público por primera vez en septiembre de 2009 en la Cámara de Diputados, y repitió tres veces más en comisiones del Congreso y el Senado.
García Luna expuso que la curva de la violencia, tomando las experiencias en esas ciudades, empezaría a bajar en siete años, a partir de que inició el combate a los cárteles de la droga, o sea, un año después del fin del sexenio de Calderón, que se ajusta a los tiempos que ha dicho el Presidente que permanecerían las Fuerzas Armadas en las calles, y a las declaraciones del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien ve 2012 cuando regrese la tropa a los cuarteles.
El Gobierno federal llevó a las élites —medios, intelectuales, periodistas y un segmento de la sociedad a la que se ubica como el “círculo rojo”— a discutir en sus términos el fenómeno, y se alejaron del fondo de la problemática: si la delincuencia organizada no forma parte de los delitos del fuero común por definición, en el caso particular mexicano los delitos del fuero común son consecuencia directa de una falla en el diseño de la estrategia presidencial en el combate del narcotráfico, que produjo una externalidad: el traslape de delitos.
La racional del combate al narcotráfico fue cortar sus rutas de distribución, comercialización y financiamiento. En 2007 la estrategia diluyó al cártel de Tijuana, que se quedó sin dinero para sus operaciones y nóminas, y sus sicarios se mudaron de delito federal al secuestro, que es del fueron común, que se disparó en aquella ciudad y se volvió muy violento. Los Zetas prácticamente desaparecieron como cártel por las mismas razones, y mientras se expandían a Oaxaca y Centroamérica en busca de nuevos proveedores de droga, regresaron a la extorsión, venta de protección, secuestro y contrabando.
El cártel de Sinaloa, hoy del Pacífico, sobrevivió y se apoderó de varias plazas porque tenía inventarios que le permitieron, al igual que a sus aliados en la extinta Federación, seguir operando y ocupar las plazas de sus debilitados rivales. El diagnóstico que decidió la estrategia no contempló este fenómeno, ni anticipó que los cárteles se reconstituirían a una velocidad no calculada en alianzas no previstas, y con una calidad y cantidad de violencia en niveles inesperados.
Al soslayar el traslape de delitos federales y del fuero común se acepta por omisión el argumento de fases y escalas donde el narcotráfico es responsabilidad del Gobierno federal y la inseguridad pública —exacerbada por la criminalidad de policías locales— es de los gobiernos locales. El discurso de separación de responsabilidades para actuar en forma co-responsable para disminuir la violencia, oculta que la espiral de violencia fue resultado de errores en el diagnóstico para combatir al narcotráfico.
Por ello, hacer a los gobiernos locales responsables primarios de la violencia, es una estrategia política audaz del Gobierno federal que parte de la trampa del discurso. La falta de una disección profunda de las causas de la violencia derivada del narcotráfico, agrega sin matices el problema objetivo que añade la corrupción policial y coloca a los gobiernos estatales en un laberinto sin salida. Justo, donde lo quería el Gobierno federal.
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