México
Estrictamente personal
Beneficio de la duda
La llegada de Marisela Morales a la Procuraduría General de la República puede ser vista bajo dos prismas. El de muchos dentro y fuera de la PGR –incluido el PRI-, es que ella “era lo menos malo”, al ser una abogada con experiencia en la procuración de justicia que no tiene agenda política. El de otro sector externo –buena parte de la izquierda-, es el de rechazarla como parte de un colectivo sin fisuras que ha judicializado la política, sin perdonarle su actuación en el llamado “michoacanazo”.
En este mismo espacio la semana pasada se hizo un alegato en su contra – “La PGR, de mal en peor” sobre la señora Morales como una funcionaria que se había prestado a los designios políticos de sus superiores, tras lo cual se abrió información que había estado cerrada, fresca y con contexto sobre el polémico “michoacanazo” que obligan a revisar las primeras valoraciones sobre Morales.
A diferencia de lo que en anteriores columnas estrictamente personales se reportó, como jefa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada (SIEDO), Morales sí incluyó las grabaciones telefónicas de funcionarios y políticos michoacanos con varios líderes de “La Familia Michoacana”, en especial con Servando Gómez, “La Tuta”, pese a que las grabaciones realizadas por la Policía Federal no habían sido autorizadas por un juez, como marca la ley.
No obstante ello, un juez en el Distrito Federal y otro más en Nayarit obsequiaron y ratificaron las órdenes de aprehensión contra una treintena de michoacanos sobre la base de la contundencia del caso, y tomaron como válidas las grabaciones. Los abogados de los políticos michoacanos, apoyados por organizaciones de derechos humanos, expusieron razones económicas de las familias de los inculpados, que les impedía seguir regularmente el proceso en Tepic-, y lograron trasladar el caso a Michoacán.
En Michoacán se presentó un amparo que un juez otorgó a todos los inculpados, con lo cual obtuvo la mayoría su libertad. Morales había tratado de evitar que el caso se trasladara al Juzgado Primero de Distrito en Morelia ante la posibilidad que los jueces fueran presionados o, en el peor de los casos, comprados, pero no lo logró. Lo que temía sucedió. Hay evidencias que cuando menos un funcionario de ese juzgado es propietario de una casa de un millón de dólares, sin que exista documentación que pruebe el origen del dinero con el que la adquirió. La PGR no ha hecho públicas las pruebas que tiene sobre esa persona en el juzgado donde se ignoraron los fallos previos de dos jueces, y sólo se inconformó.
El “michoacanazo” no está cerrado y se siguen acumulando pruebas para volver a detener a un número de ellos, que fue como se logró la orden de aprehensión contra el diputado Julio César Godoy, a quien el PRD buscó proteger con fuero –por presión de su hermano, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy-, que abrió paradójicamente la oportunidad para detenerlo. La forma como Morales logró las pruebas contra él fue a través del cotejamiento de su voz cuando rindió protesta como diputado con la conversación que tuvo con “La Tuta”. El peritaje demostró que era la misma voz y no hubo tecnicismo que lo salvara de la culpabilidad.
La decisión del juez en Michoacán dio pie al alegato de la judicialización de la política, pero esas afirmaciones, a la luz de la nueva información, se desvanecen. Godoy fue detenido el mismo día del “michoacanazo”, pero negociaciones políticas de su hermano el gobernador en la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia, lo dejaron en libertad. Morales pagó por una decisión política en la que, según la información recién revelada, no participó.
La explicación jurídica de sus acciones despejaron las dudas iniciales en senadores de oposición, que para ratificar su nombramiento le pidieron garantías de que no utilizaría la ley con fines políticos. Morales se las dio. Pero al asumir el cargo de procuradora, traspasará el ámbito único de la procuración de justicia en el que se encontraba, para entrar a un puesto donde la política es indivisible.
¿Soportará la presión, si se diera el caso, de que se le pida desde los más alto del Gobierno que use la justicia para perseguir políticos con investigaciones amañadas? Ella afirma que no aceptaría ese tipo de instrucción, pero nadie puede asegurar –salvo Morales en su fuero interno-, que renunciará antes de prestarse a un juego sucio. Por lo pronto, si “es lo menos malo”, bien se hará al otorgarle el beneficio de la duda y que ratifique, con trabajo futuro, lo que sembró en el pasado.
En este mismo espacio la semana pasada se hizo un alegato en su contra – “La PGR, de mal en peor” sobre la señora Morales como una funcionaria que se había prestado a los designios políticos de sus superiores, tras lo cual se abrió información que había estado cerrada, fresca y con contexto sobre el polémico “michoacanazo” que obligan a revisar las primeras valoraciones sobre Morales.
A diferencia de lo que en anteriores columnas estrictamente personales se reportó, como jefa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada (SIEDO), Morales sí incluyó las grabaciones telefónicas de funcionarios y políticos michoacanos con varios líderes de “La Familia Michoacana”, en especial con Servando Gómez, “La Tuta”, pese a que las grabaciones realizadas por la Policía Federal no habían sido autorizadas por un juez, como marca la ley.
No obstante ello, un juez en el Distrito Federal y otro más en Nayarit obsequiaron y ratificaron las órdenes de aprehensión contra una treintena de michoacanos sobre la base de la contundencia del caso, y tomaron como válidas las grabaciones. Los abogados de los políticos michoacanos, apoyados por organizaciones de derechos humanos, expusieron razones económicas de las familias de los inculpados, que les impedía seguir regularmente el proceso en Tepic-, y lograron trasladar el caso a Michoacán.
En Michoacán se presentó un amparo que un juez otorgó a todos los inculpados, con lo cual obtuvo la mayoría su libertad. Morales había tratado de evitar que el caso se trasladara al Juzgado Primero de Distrito en Morelia ante la posibilidad que los jueces fueran presionados o, en el peor de los casos, comprados, pero no lo logró. Lo que temía sucedió. Hay evidencias que cuando menos un funcionario de ese juzgado es propietario de una casa de un millón de dólares, sin que exista documentación que pruebe el origen del dinero con el que la adquirió. La PGR no ha hecho públicas las pruebas que tiene sobre esa persona en el juzgado donde se ignoraron los fallos previos de dos jueces, y sólo se inconformó.
El “michoacanazo” no está cerrado y se siguen acumulando pruebas para volver a detener a un número de ellos, que fue como se logró la orden de aprehensión contra el diputado Julio César Godoy, a quien el PRD buscó proteger con fuero –por presión de su hermano, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy-, que abrió paradójicamente la oportunidad para detenerlo. La forma como Morales logró las pruebas contra él fue a través del cotejamiento de su voz cuando rindió protesta como diputado con la conversación que tuvo con “La Tuta”. El peritaje demostró que era la misma voz y no hubo tecnicismo que lo salvara de la culpabilidad.
La decisión del juez en Michoacán dio pie al alegato de la judicialización de la política, pero esas afirmaciones, a la luz de la nueva información, se desvanecen. Godoy fue detenido el mismo día del “michoacanazo”, pero negociaciones políticas de su hermano el gobernador en la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia, lo dejaron en libertad. Morales pagó por una decisión política en la que, según la información recién revelada, no participó.
La explicación jurídica de sus acciones despejaron las dudas iniciales en senadores de oposición, que para ratificar su nombramiento le pidieron garantías de que no utilizaría la ley con fines políticos. Morales se las dio. Pero al asumir el cargo de procuradora, traspasará el ámbito único de la procuración de justicia en el que se encontraba, para entrar a un puesto donde la política es indivisible.
¿Soportará la presión, si se diera el caso, de que se le pida desde los más alto del Gobierno que use la justicia para perseguir políticos con investigaciones amañadas? Ella afirma que no aceptaría ese tipo de instrucción, pero nadie puede asegurar –salvo Morales en su fuero interno-, que renunciará antes de prestarse a un juego sucio. Por lo pronto, si “es lo menos malo”, bien se hará al otorgarle el beneficio de la duda y que ratifique, con trabajo futuro, lo que sembró en el pasado.
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