México
Estrictamente personal
Aliados tontos
Es cierto que nadie sabe para quién trabaja. Por ejemplo, en “Rápido y Furioso”, que no es sólo una operación fallida de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés). Debajo de la piel escandalosa que tiene la operación se libra el último conflicto entre el Gobierno de Barack Obama y los sectores más conservadores en Estados Unidos por la venta libre de armas, razón por la cual el Gobierno mexicano decidió que aguantar las críticas por sus tibias reclamaciones a la Casa Blanca era mucho menos costoso que llevarlos al paredón.
Esto carecería de sentido de no existir nueva información procedente de los más altos niveles en Washington que empiezan a desvelar lo que sucedió con “Rápido y Furioso”. De acuerdo con esos detalles, la operación no tenía como objetivo dejar pasar armas compradas en Arizona a México para que terminaran en manos de criminales y pudieran rastrearlas hasta su destino final.
El objetivo, de acuerdo con esta información, era permitir que intermediarios pudieran adquirir armas a nivel nacional –no sólo en Arizona-, para descubrir redes de comercialización y protección institucional en Estados Unidos. La investigación que abrió el procurador Eric Holder, de quien depende ATF, es determinar si la operación se salió de las manos de sus supervisores, o si uno de sus responsables decidió cambiar el mandato de “Rápido y Furioso”.
En todo caso, Washington informó al Gobierno mexicano que no fue una operación diseñada para identificar sus destinos criminales, y que agentes de la Aduana mexicana fueron invitados a observar la operación en Arizona. El escándalo tiene justificaciones políticas y legales, que vienen de la revocación de la prohibición de ventas de armas de asalto en Estados Unidos en 2004, miles de las cuales terminaron en posesión de bandas criminales en México y han servido para matar a agentes federales y militares durante la guerra contra las drogas.
Esa revocación ha sido motivo de molestia creciente del Presidente Felipe Calderón, de editoriales en la prensa estadounidense en su apoyo, y de admisión frustrada del presidente Barack Obama sobre los obstáculos que enfrenta. La operación “Rápido y Furioso” encierra una paradoja, que se observa –si se quiere ver-, en cómo ha sido utilizada para atacar a la ATF por sus estrategias para el control de la venta de armas, por parte del senador Charles Grassley, el republicano de mayor rango en el poderoso Comité Judicial, y de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su acrónimo en inglés), la influyente organización que financia políticos y aboga por el libre comercio de armas amparada en la Segunda Enmienda constitucional.
El uno-dos se aprecia en una carta que envió la NRA al Comité Judicial de la Cámara de Diputados, donde afirma que “sin un reforzamiento agresivo de las leyes existentes, la situación en la frontera continuará deteriorándose y cobrando vidas de ciudadanos inocentes y de policías”.
La NRA reaccionó de esa forma al anuncio de ATF inmediatamente después de que se revelara la operación revisaría las actuales estrategias de tráfico de armas llevadas a cabo por los encargados de división y agentes especiales.
La NRA no quiere ir al fondo, por lo que insiste en el reforzamiento de las leyes “existentes” –Obama quiere replantear la prohibición de venta de armas de asalto-, y cuanta con el respaldo del senador Grassley, quien aprovechó la crisis de ATF para exigir que no se meta a revisar las estrategias –sugiriendo un conflicto de interés-, y repetir que se profundizara el rastreo y ahí se vieran los errores. Grassley es uno de los legisladores más cercanos a la NRA, que lo califica con una “A”, que significa que a través de su voto, es “un sólido político pro-armas”.
Grassley y la NRA han tenido su día de campo con “Rápido y Furioso”, aprovechando la fuerza de quienes se sienten lastimados por la revocación de la prohibición sobre armas de asalto, para usarlos como aliados tontos en su lucha contra los esfuerzos de la Administración Obama para frenar la venta libre de armamento de alto poder en Estados Unidos. Lo que plantean, en medio de la ola de indignación, es que se ataque el efecto, no la causa. Pero lo importante es la causa: decenas de miles de muertos en México fueron provocadas por armas como AK-47 y R-15, que desde hace siete años se siguen comprando en las armerías de Estados Unidos prácticamente, con sólo una licencia de conducir. Esto no hay que olvidarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Esto carecería de sentido de no existir nueva información procedente de los más altos niveles en Washington que empiezan a desvelar lo que sucedió con “Rápido y Furioso”. De acuerdo con esos detalles, la operación no tenía como objetivo dejar pasar armas compradas en Arizona a México para que terminaran en manos de criminales y pudieran rastrearlas hasta su destino final.
El objetivo, de acuerdo con esta información, era permitir que intermediarios pudieran adquirir armas a nivel nacional –no sólo en Arizona-, para descubrir redes de comercialización y protección institucional en Estados Unidos. La investigación que abrió el procurador Eric Holder, de quien depende ATF, es determinar si la operación se salió de las manos de sus supervisores, o si uno de sus responsables decidió cambiar el mandato de “Rápido y Furioso”.
En todo caso, Washington informó al Gobierno mexicano que no fue una operación diseñada para identificar sus destinos criminales, y que agentes de la Aduana mexicana fueron invitados a observar la operación en Arizona. El escándalo tiene justificaciones políticas y legales, que vienen de la revocación de la prohibición de ventas de armas de asalto en Estados Unidos en 2004, miles de las cuales terminaron en posesión de bandas criminales en México y han servido para matar a agentes federales y militares durante la guerra contra las drogas.
Esa revocación ha sido motivo de molestia creciente del Presidente Felipe Calderón, de editoriales en la prensa estadounidense en su apoyo, y de admisión frustrada del presidente Barack Obama sobre los obstáculos que enfrenta. La operación “Rápido y Furioso” encierra una paradoja, que se observa –si se quiere ver-, en cómo ha sido utilizada para atacar a la ATF por sus estrategias para el control de la venta de armas, por parte del senador Charles Grassley, el republicano de mayor rango en el poderoso Comité Judicial, y de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su acrónimo en inglés), la influyente organización que financia políticos y aboga por el libre comercio de armas amparada en la Segunda Enmienda constitucional.
El uno-dos se aprecia en una carta que envió la NRA al Comité Judicial de la Cámara de Diputados, donde afirma que “sin un reforzamiento agresivo de las leyes existentes, la situación en la frontera continuará deteriorándose y cobrando vidas de ciudadanos inocentes y de policías”.
La NRA reaccionó de esa forma al anuncio de ATF inmediatamente después de que se revelara la operación revisaría las actuales estrategias de tráfico de armas llevadas a cabo por los encargados de división y agentes especiales.
La NRA no quiere ir al fondo, por lo que insiste en el reforzamiento de las leyes “existentes” –Obama quiere replantear la prohibición de venta de armas de asalto-, y cuanta con el respaldo del senador Grassley, quien aprovechó la crisis de ATF para exigir que no se meta a revisar las estrategias –sugiriendo un conflicto de interés-, y repetir que se profundizara el rastreo y ahí se vieran los errores. Grassley es uno de los legisladores más cercanos a la NRA, que lo califica con una “A”, que significa que a través de su voto, es “un sólido político pro-armas”.
Grassley y la NRA han tenido su día de campo con “Rápido y Furioso”, aprovechando la fuerza de quienes se sienten lastimados por la revocación de la prohibición sobre armas de asalto, para usarlos como aliados tontos en su lucha contra los esfuerzos de la Administración Obama para frenar la venta libre de armamento de alto poder en Estados Unidos. Lo que plantean, en medio de la ola de indignación, es que se ataque el efecto, no la causa. Pero lo importante es la causa: decenas de miles de muertos en México fueron provocadas por armas como AK-47 y R-15, que desde hace siete años se siguen comprando en las armerías de Estados Unidos prácticamente, con sólo una licencia de conducir. Esto no hay que olvidarlo.
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