México
Estrictamente personal
Alcaldes, en temporada de caza
Gustavo Sánchez Cervantes se unió esta semana a la estadística de asesinatos en los tiempos violentos mexicanos. Pero sobretodo, pasó a engrosar una lista de crímenes que anteriormente no se habían presentado como tendencia: la de los presidentes municipales caídos durante el cumplimiento de su mandato. Sánchez Cervantes es el edil número 11 en caer asesinado desde el 17 de febrero, cuando Ramón Mendívil Sotelo, alcalde de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, inauguró la ominosa relación que causa estupor pero no parece ir a ninguna parte.
Hay temporada de caza de alcaldes, el primer piso de Gobierno en el país, y no hay escándalo nacional. Esta indiferencia, también es México y también mata.
El asesinato de alcaldes se ubica en ocho estados, algunos infectados por la guerra entre cárteles (Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas), y otros donde hay fuerte presencia del narcotráfico y gran descomposición social (Guerrero, Michoacán y Oaxaca). En la mayoría de los casos el modus operandi es el utilizado por los sicarios de los cárteles (emboscadas y ráfagas de metralla de fusiles de asalto), pero otros no corresponden a ese perfil de homicidio. El de Sánchez Cervantes es uno de estos.
Sánchez Cervantes murió junto con un colaborador con la cabeza aplastada por rocas, después de haber sido secuestrado el fin de semana en Tancítaro, Michoacán, donde asumió la alcaldía porque su predecesor abandonó el cargo por miedo de ser víctima de la delincuencia. Tancítaro es una zona aguacatera donde hay presencia del cártel del Golfo, pero no se encuentra en disputa. En enero despidió a 60 policías por presuntos vínculos con criminales, por lo que la primera línea de investigación se focaliza en ellos, como posibles autores del homicidio.
La tarea de encontrar a los responsables de ese y los otros 10 asesinatos de alcaldes este año corresponde a las autoridades judiciales. Pero la tarea de revisar qué es lo que está sucediendo con este primer piso de gobierno tiene que ser de los políticos, a nivel federal y en los congresos, que no están dando la atención suficiente al patrón de alteración política que empieza a conformarse en los municipios. En ellos se encuentra la primera línea de fuego contra la delincuencia, pero también es donde se pone a prueba si México camina hacia un Estado fallido o puede darle vuelta a un destino que pareciera manifiesto.
Un informe de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado divulgado a finales de agosto, reportó que desde 2007 se habían registrado 41 asesinatos de presidentes municipales, ex alcaldes, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a ediles. Más grave aún, mencionaba como síntoma de fragilidad del Estado Mexicano, de dos mil 339 municipios, en siete de cada 10 había una presencia clara del narcotráfico, y en 195 de ellos los cárteles tenían el control absoluto de ellos.
Los presidentes municipales se encuentran en la primera trinchera de todo. Son el círculo más externo de la contención en materia de seguridad, y también el principio de la pirámide de Gobierno. Es en los municipios donde una sociedad se forma, se orienta y establece porqué camino irá. Lo que sucede en ese microcosmos, si no se ataca cuando aparecen los síntomas de deterioro, determinará no sólo el curso de ese municipio, sino en la sumatoria nacional de deficiencias repetidas, la plataforma para un Estado disfuncional y una nación sin leyes.
No hace falta insistir que donde debe surgir la fortaleza de la nación, se haya la paradoja: la mayoría de los municipios están desamparados y abandonados por los estados y por la Federación. Si se toma el aspecto de la seguridad —que es la razón por la que se crearon los estados modernos—, como un ejercicio para ver el rezago de los municipios, la falta de atención y el soslayamiento de sus necesidades, equivale a una especie de suicidio institucional.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay poco más de 400 municipios que carecen de policías, y en mil 29 de ellos no hay más de 15 agentes. En números totales, 88.5% de los municipios tienen menos de 100 elementos. Es decir, en donde más, hay 30 policías máximo por turno, pero en donde menos existe presencia institucional, llega a haber hasta uno para cubrir los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones. Absurdo.
Si se añade que 93% de los delitos son del fuero común, y que de estos casi 80% son de algún tipo de robo, es totalmente lógica la percepción nacional de inseguridad, que está constantemente alimentada por ese abandono político de los municipios, lo que permite círculos viciosos que impiden la llegada del virtuoso.
Varios alcaldes asesinados este año fueron entregados y muertos por sus propios policías, que vieron afectados sus ingresos en forma directa al ser despedidos, o indirectamente al ser cambiados de sus tareas, con lo cual les quitaban el espacio para brindar protección a los narcotraficantes. Los alcaldes se convirtieron en sus principales enemigos.
Ni la Federación ni los estados inyectan suficientes recursos a los municipios, cuyos presidentes llegan a ser rebasados por los narcotraficantes de la zona, que son los que entregan a la comunidad espacios públicos —canchas deportivas—, iglesias y hasta empleo indirecto. Las lealtades comunitarias recaen pragmáticamente en la delincuencia organizada y no en la institución. No se trata de una corrupción meramente, sino de sobrevivencia. Si el Estado es incapaz de proveer y crear condiciones de vida aceptable, ¿por qué respetar al Estado que los abandona?
Sánchez Cervantes quería impulsar una política social y una mejora educativa en Tancítaro, y necesitaba limpiar la Policía para llevar adelante su propósito de cambiar el rumbo de la comunidad. No pudo. Murió en el intento. Y el resto de los que quieran hacer lo mismo, en las condiciones actuales, seguirán irremediablemente por ese camino.
El Estado fallido y la creación de burbujas territoriales donde mandan los narcotraficantes, seguirá creciendo ante los ojos de todos los que no han querido repensar qué hacer con el país en términos microscópicos, como el municipio, y están contemplando el bosque mientras la plaga acababa con los árboles.
Hay temporada de caza de alcaldes, el primer piso de Gobierno en el país, y no hay escándalo nacional. Esta indiferencia, también es México y también mata.
El asesinato de alcaldes se ubica en ocho estados, algunos infectados por la guerra entre cárteles (Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas), y otros donde hay fuerte presencia del narcotráfico y gran descomposición social (Guerrero, Michoacán y Oaxaca). En la mayoría de los casos el modus operandi es el utilizado por los sicarios de los cárteles (emboscadas y ráfagas de metralla de fusiles de asalto), pero otros no corresponden a ese perfil de homicidio. El de Sánchez Cervantes es uno de estos.
Sánchez Cervantes murió junto con un colaborador con la cabeza aplastada por rocas, después de haber sido secuestrado el fin de semana en Tancítaro, Michoacán, donde asumió la alcaldía porque su predecesor abandonó el cargo por miedo de ser víctima de la delincuencia. Tancítaro es una zona aguacatera donde hay presencia del cártel del Golfo, pero no se encuentra en disputa. En enero despidió a 60 policías por presuntos vínculos con criminales, por lo que la primera línea de investigación se focaliza en ellos, como posibles autores del homicidio.
La tarea de encontrar a los responsables de ese y los otros 10 asesinatos de alcaldes este año corresponde a las autoridades judiciales. Pero la tarea de revisar qué es lo que está sucediendo con este primer piso de gobierno tiene que ser de los políticos, a nivel federal y en los congresos, que no están dando la atención suficiente al patrón de alteración política que empieza a conformarse en los municipios. En ellos se encuentra la primera línea de fuego contra la delincuencia, pero también es donde se pone a prueba si México camina hacia un Estado fallido o puede darle vuelta a un destino que pareciera manifiesto.
Un informe de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado divulgado a finales de agosto, reportó que desde 2007 se habían registrado 41 asesinatos de presidentes municipales, ex alcaldes, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a ediles. Más grave aún, mencionaba como síntoma de fragilidad del Estado Mexicano, de dos mil 339 municipios, en siete de cada 10 había una presencia clara del narcotráfico, y en 195 de ellos los cárteles tenían el control absoluto de ellos.
Los presidentes municipales se encuentran en la primera trinchera de todo. Son el círculo más externo de la contención en materia de seguridad, y también el principio de la pirámide de Gobierno. Es en los municipios donde una sociedad se forma, se orienta y establece porqué camino irá. Lo que sucede en ese microcosmos, si no se ataca cuando aparecen los síntomas de deterioro, determinará no sólo el curso de ese municipio, sino en la sumatoria nacional de deficiencias repetidas, la plataforma para un Estado disfuncional y una nación sin leyes.
No hace falta insistir que donde debe surgir la fortaleza de la nación, se haya la paradoja: la mayoría de los municipios están desamparados y abandonados por los estados y por la Federación. Si se toma el aspecto de la seguridad —que es la razón por la que se crearon los estados modernos—, como un ejercicio para ver el rezago de los municipios, la falta de atención y el soslayamiento de sus necesidades, equivale a una especie de suicidio institucional.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay poco más de 400 municipios que carecen de policías, y en mil 29 de ellos no hay más de 15 agentes. En números totales, 88.5% de los municipios tienen menos de 100 elementos. Es decir, en donde más, hay 30 policías máximo por turno, pero en donde menos existe presencia institucional, llega a haber hasta uno para cubrir los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones. Absurdo.
Si se añade que 93% de los delitos son del fuero común, y que de estos casi 80% son de algún tipo de robo, es totalmente lógica la percepción nacional de inseguridad, que está constantemente alimentada por ese abandono político de los municipios, lo que permite círculos viciosos que impiden la llegada del virtuoso.
Varios alcaldes asesinados este año fueron entregados y muertos por sus propios policías, que vieron afectados sus ingresos en forma directa al ser despedidos, o indirectamente al ser cambiados de sus tareas, con lo cual les quitaban el espacio para brindar protección a los narcotraficantes. Los alcaldes se convirtieron en sus principales enemigos.
Ni la Federación ni los estados inyectan suficientes recursos a los municipios, cuyos presidentes llegan a ser rebasados por los narcotraficantes de la zona, que son los que entregan a la comunidad espacios públicos —canchas deportivas—, iglesias y hasta empleo indirecto. Las lealtades comunitarias recaen pragmáticamente en la delincuencia organizada y no en la institución. No se trata de una corrupción meramente, sino de sobrevivencia. Si el Estado es incapaz de proveer y crear condiciones de vida aceptable, ¿por qué respetar al Estado que los abandona?
Sánchez Cervantes quería impulsar una política social y una mejora educativa en Tancítaro, y necesitaba limpiar la Policía para llevar adelante su propósito de cambiar el rumbo de la comunidad. No pudo. Murió en el intento. Y el resto de los que quieran hacer lo mismo, en las condiciones actuales, seguirán irremediablemente por ese camino.
El Estado fallido y la creación de burbujas territoriales donde mandan los narcotraficantes, seguirá creciendo ante los ojos de todos los que no han querido repensar qué hacer con el país en términos microscópicos, como el municipio, y están contemplando el bosque mientras la plaga acababa con los árboles.
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