México
Estrictamente personal
La infantería del narco
En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en el principal apoyo de los cárteles de las drogas, a quienes les brindan protección institucional, les sirven de operadores de campos para extorsiones y les proveen seguridad e información sobre las Fuerzas Federales que los buscan y de los operativos que realizan. Hay casos donde toda la estructura ha estado al servicio de las bandas de narcotraficantes, realizando las acciones de desafío más grande al Estado, como asesinar a generales comisionados para encabezar tareas de seguridad pública.
En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en la infantería de las organizaciones de delincuencia organizada. Realizan o coordinan secuestros de adversarios para torturarlos y en ocasiones son ellos mismos quienes los matan. Sin su participación cotidiana el trabajo de los cárteles de la droga sería más costoso y más difícil, y sus utilidades y posibilidades para mantener la logística, el reclutamiento y la adquisición de armas cada vez más poderosas, serían más estrechas.
Este fenómeno es el factor más importante en el diagnóstico de la espiral de violencia de los últimos años y, al mismo tiempo, donde más han chocado las instituciones. Hace más de dos años, decenas de presidentes municipales le pidieron al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, su apoyo en el combate a la delincuencia. Pero cuando les propuso que él les enviaba a jefes de policía, entrenados y pasados por los controles de confianza, ninguno aceptó. No querían tener a nadie que ellos no hubieran puesto, porque no confiaban en nadie ajeno para esas tareas. Ahí naufragó el viejo proyecto de una Policía nacional.
La alternativa fue una Policía estatal única, apoyada por la mayoría de los gobernadores del país —curiosamente la oposición más férrea viene de s panistas—, que García Luna volvió a presentar el viernes en un foro en Puerto Vallarta con alcaldes. No hubo sorpresas; el rechazo fue casi total. Los alcaldes del país no quieren saber nada de esa propuesta, pues afirman que una estrategia de combate a la delincuencia debe ser integral y multidisciplinaria. Es cierto, pero al no hacer nada por querer hacer todo junto, se ha perdido mucho tiempo.
Mientras la retórica ganó la batalla, durante este periodo se empalmaron los delitos del fuero común y los federales. La nueva generación de delincuentes comienza con el robo patrimonial, que es el principal delito en el país. Quien roba en la calle, empieza a hacerlo en casas. De ahí brinca a robar valores y a secuestrar. Cuando alguien llega a esos niveles ya posee una patología criminal, cuyo siguiente paso es la delincuencia organizada.
Este camino no era mecánico, pero en la actualidad hay zonas del país donde el tránsito de robo patrimonial a delincuencia organizada es de dos meses, aunque en ciudades como Juárez, quien hoy roba a un transeúnte puede convertirse en sicario en 48 horas. La velocidad con la cual transitan de la delincuencia del fuero común —que representa 92% de los delitos a nivel nacional— a la delincuencia organizada —cuyo 8% del total de delitos es más focalizado, pero más violento y generador de mayores miedos— está relacionada a la ineficiencia de las policías municipales para combatir el delito en su parte primaria.
La idea de una Policía estatal única tiene como argumento concentrar esfuerzos y recursos en capacitación, entrenamiento, homologación de bases de datos y hasta sistemas de comunicación, que hoy están dispersos en una especie de Torre de Babel donde abundan los problemas para sumar el trabajo de 165 mil policías municipales en poco más de dos mil corporaciones de ese tipo en el país.
Los presidentes municipales, al igual que han dicho los gobernadores, sostienen que les faltan recursos para mejorar salarios y equipamiento de sus policías. Es cierto, y en el nivel municipal es donde comienzan los problemas de seguridad pública por los problemas estructurales. Tres de cada cinco policías municipales en el país viven con menos de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo de los cárteles de la droga que, según García Luna, gastan mil 270 millones de pesos anuales en sobornarlos.
Esto permitió, por ejemplo, que el cártel del Golfo pagara mil 500 pesos al operador de la planta de radio de la Policía de Monterrey, sólo para que cuando trasladaran un cargamento de droga por esa capital, enviara a las patrullas a direcciones lejanas de esa ruta para evitar enfrentamiento. O que por 300 pesos se pueda contar con la gracia de un policía municipal en Baja California Sur o Tlaxcala, por tres mil a uno del Estado de México, o por seis mil a otro en el Distrito Federal.
El que sirvan policías municipales como mercenarios de cárteles de la droga, no es un asunto simplemente de corrupción, que sí existe, sino también de cómo cubrir sus niveles mínimos de subsistencia cuando sólo 29 entidades del país tienen salarios por encima de esos rangos, la mayoría cubre apenas dos terceras partes del mínimo establecido a partir del per cápita de cada Entidad, y en el resto no alcanzan salvo para 40% de lo que necesita un policía para vivir.
Los alcaldes están en una lógica que no termina de comprenderse. La discusión debe profundizarse para que expliquen por qué quieren la atomización policial, y que otros críticos del modelo propuesto argumenten técnicamente y sin prejuicios. Si no es la Policía estatal única, que se proponga la opción, porque las discusiones políticas no han frenado la delincuencia. La realidad es que lo que existe, bueno o malo, no ha funcionado, y hay que cambiarlo.
En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en la infantería de las organizaciones de delincuencia organizada. Realizan o coordinan secuestros de adversarios para torturarlos y en ocasiones son ellos mismos quienes los matan. Sin su participación cotidiana el trabajo de los cárteles de la droga sería más costoso y más difícil, y sus utilidades y posibilidades para mantener la logística, el reclutamiento y la adquisición de armas cada vez más poderosas, serían más estrechas.
Este fenómeno es el factor más importante en el diagnóstico de la espiral de violencia de los últimos años y, al mismo tiempo, donde más han chocado las instituciones. Hace más de dos años, decenas de presidentes municipales le pidieron al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, su apoyo en el combate a la delincuencia. Pero cuando les propuso que él les enviaba a jefes de policía, entrenados y pasados por los controles de confianza, ninguno aceptó. No querían tener a nadie que ellos no hubieran puesto, porque no confiaban en nadie ajeno para esas tareas. Ahí naufragó el viejo proyecto de una Policía nacional.
La alternativa fue una Policía estatal única, apoyada por la mayoría de los gobernadores del país —curiosamente la oposición más férrea viene de s panistas—, que García Luna volvió a presentar el viernes en un foro en Puerto Vallarta con alcaldes. No hubo sorpresas; el rechazo fue casi total. Los alcaldes del país no quieren saber nada de esa propuesta, pues afirman que una estrategia de combate a la delincuencia debe ser integral y multidisciplinaria. Es cierto, pero al no hacer nada por querer hacer todo junto, se ha perdido mucho tiempo.
Mientras la retórica ganó la batalla, durante este periodo se empalmaron los delitos del fuero común y los federales. La nueva generación de delincuentes comienza con el robo patrimonial, que es el principal delito en el país. Quien roba en la calle, empieza a hacerlo en casas. De ahí brinca a robar valores y a secuestrar. Cuando alguien llega a esos niveles ya posee una patología criminal, cuyo siguiente paso es la delincuencia organizada.
Este camino no era mecánico, pero en la actualidad hay zonas del país donde el tránsito de robo patrimonial a delincuencia organizada es de dos meses, aunque en ciudades como Juárez, quien hoy roba a un transeúnte puede convertirse en sicario en 48 horas. La velocidad con la cual transitan de la delincuencia del fuero común —que representa 92% de los delitos a nivel nacional— a la delincuencia organizada —cuyo 8% del total de delitos es más focalizado, pero más violento y generador de mayores miedos— está relacionada a la ineficiencia de las policías municipales para combatir el delito en su parte primaria.
La idea de una Policía estatal única tiene como argumento concentrar esfuerzos y recursos en capacitación, entrenamiento, homologación de bases de datos y hasta sistemas de comunicación, que hoy están dispersos en una especie de Torre de Babel donde abundan los problemas para sumar el trabajo de 165 mil policías municipales en poco más de dos mil corporaciones de ese tipo en el país.
Los presidentes municipales, al igual que han dicho los gobernadores, sostienen que les faltan recursos para mejorar salarios y equipamiento de sus policías. Es cierto, y en el nivel municipal es donde comienzan los problemas de seguridad pública por los problemas estructurales. Tres de cada cinco policías municipales en el país viven con menos de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo de los cárteles de la droga que, según García Luna, gastan mil 270 millones de pesos anuales en sobornarlos.
Esto permitió, por ejemplo, que el cártel del Golfo pagara mil 500 pesos al operador de la planta de radio de la Policía de Monterrey, sólo para que cuando trasladaran un cargamento de droga por esa capital, enviara a las patrullas a direcciones lejanas de esa ruta para evitar enfrentamiento. O que por 300 pesos se pueda contar con la gracia de un policía municipal en Baja California Sur o Tlaxcala, por tres mil a uno del Estado de México, o por seis mil a otro en el Distrito Federal.
El que sirvan policías municipales como mercenarios de cárteles de la droga, no es un asunto simplemente de corrupción, que sí existe, sino también de cómo cubrir sus niveles mínimos de subsistencia cuando sólo 29 entidades del país tienen salarios por encima de esos rangos, la mayoría cubre apenas dos terceras partes del mínimo establecido a partir del per cápita de cada Entidad, y en el resto no alcanzan salvo para 40% de lo que necesita un policía para vivir.
Los alcaldes están en una lógica que no termina de comprenderse. La discusión debe profundizarse para que expliquen por qué quieren la atomización policial, y que otros críticos del modelo propuesto argumenten técnicamente y sin prejuicios. Si no es la Policía estatal única, que se proponga la opción, porque las discusiones políticas no han frenado la delincuencia. La realidad es que lo que existe, bueno o malo, no ha funcionado, y hay que cambiarlo.
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