México
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
La tarde del 24 de abril de 2007 sucedieron tres incidentes en el Centro Histórico de esta capital aparentemente de forma independiente, pero que se entremezclaron y se convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Esa tarde, policías municipales vieron entrar a unas personas armadas al Hotel El Árbol, y se ordenó detenerlos. Al mismo tiempo, policías locales y militares realizaban un operativo contra narcomenudistas en esa misma zona, y los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario.
(EPR), Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.
Su desaparición —el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez— provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el Gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó este año a la Policía Ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.
El Gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación del Gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo estar seguro que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco —quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones— eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.
Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquél Estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como “Suárez”, al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas —que nunca estuvieron ahí—, participaban en el operativo contra narcomenudistas.
Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El Gobierno federal estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquel operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, “se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura”.
La situación para el Gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El Gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.
La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al Gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
(EPR), Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.
Su desaparición —el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez— provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el Gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó este año a la Policía Ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.
El Gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación del Gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo estar seguro que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco —quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones— eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.
Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquél Estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como “Suárez”, al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas —que nunca estuvieron ahí—, participaban en el operativo contra narcomenudistas.
Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El Gobierno federal estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquel operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, “se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura”.
La situación para el Gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El Gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.
La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al Gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Síguenos en