México
Estado laico y matrimonio gay
Las controversias constitucionales impulsadas por cinco gobiernos estatales contra la ley que permite el matrimonio gay, es un avance del Estado laico
Aunque parezca exactamente lo contrario, las controversias constitucionales impulsadas por cinco gobiernos estatales contra la ley que permite el matrimonio gay, es un avance del Estado laico. Me explico. El
Partido Acción Nacional (PAN) tiene un ideario que lo coloca en una posición difícil cuando se trata de tocar temas sexuales: planificación, relaciones prematrimoniales, anticoncepción, negocios relacionados con el sexo y preferencias amorosas. Eso no está mal. Ni bien. Es un ideario y, en libertad, ciudadanos mexicanos se cobijan bajo un manto ideológico cercano a la tradición católica.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su parte, tiene estatutos que lo enfrentan directamente con esa tradición católica. En cada uno de los temas sexuales en los que el PAN diga NO, el PRD dirá SÍ, en congruencia con sus postulados sobre la responsabilidad individual y la libertad.
Ambos partidos tienen derecho a pensar como piensan y a actuar como lo hacen, siempre y cuando lo hagan dentro de un marco institucional compartido, y ese marco es la estructura jurídica del Estado laico.
Al PAN no le agrada la idea de que en el Distrito Federal (DF) se permita el matrimonio homosexual y, por todos los medios posibles, está tratando de impedir una medida impulsada y ganada por su rival ideológico. Los panistas lo intentaron primero con los asambleístas del DF, pero ni tuvieron mayoría ni juntaron los 22 votos que necesitaban para apelar la decisión.
Lo siguiente fue echar mano del Gobierno federal, y éste entró al quite con una controversia interpuesta por la Procuraduría General de la República. Los días, sin embargo, siguen pasando como es su costumbre, y se acerca la fatídica fecha (para los albiazules) en que habrá un marido y hombre (o esposa y mujer) en la Ciudad de México.
Sin fuerza legislativa en esa ciudad, el PAN ideó una nueva estrategia: echar mano de los gobiernos en donde sí tiene poder, lo que derivó en cinco controversias interpuestas ante la Suprema Corte por los estados de Sonora, Jalisco, Morelos, Guanajuato y Tlaxcala.
El argumento de todos es básicamente el mismo: los derechos adquiridos en el DF meten en problemas a los estados de la Federación, pues éstos no tienen herramientas para reconocer esos derechos en caso de que haya movilidad de las nuevas parejas casadas.
Uno puede estar en desacuerdo con esa afirmación o verle todo el sentido del mundo, pero lo que es importante aquí es que la diferencia de visiones del mundo se está dirimiendo por los canales institucionales y con argumentos jurídicos. Es verdad, detrás de la argucia albiazul hay un postulado ideológico, pero también lo hay detrás de la aprobación de la ley. Eso no es lo importante. Lo importante es que la discusión está en terreno laico y ése, digan lo que digan, es un avance fregón.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su parte, tiene estatutos que lo enfrentan directamente con esa tradición católica. En cada uno de los temas sexuales en los que el PAN diga NO, el PRD dirá SÍ, en congruencia con sus postulados sobre la responsabilidad individual y la libertad.
Ambos partidos tienen derecho a pensar como piensan y a actuar como lo hacen, siempre y cuando lo hagan dentro de un marco institucional compartido, y ese marco es la estructura jurídica del Estado laico.
Al PAN no le agrada la idea de que en el Distrito Federal (DF) se permita el matrimonio homosexual y, por todos los medios posibles, está tratando de impedir una medida impulsada y ganada por su rival ideológico. Los panistas lo intentaron primero con los asambleístas del DF, pero ni tuvieron mayoría ni juntaron los 22 votos que necesitaban para apelar la decisión.
Lo siguiente fue echar mano del Gobierno federal, y éste entró al quite con una controversia interpuesta por la Procuraduría General de la República. Los días, sin embargo, siguen pasando como es su costumbre, y se acerca la fatídica fecha (para los albiazules) en que habrá un marido y hombre (o esposa y mujer) en la Ciudad de México.
Sin fuerza legislativa en esa ciudad, el PAN ideó una nueva estrategia: echar mano de los gobiernos en donde sí tiene poder, lo que derivó en cinco controversias interpuestas ante la Suprema Corte por los estados de Sonora, Jalisco, Morelos, Guanajuato y Tlaxcala.
El argumento de todos es básicamente el mismo: los derechos adquiridos en el DF meten en problemas a los estados de la Federación, pues éstos no tienen herramientas para reconocer esos derechos en caso de que haya movilidad de las nuevas parejas casadas.
Uno puede estar en desacuerdo con esa afirmación o verle todo el sentido del mundo, pero lo que es importante aquí es que la diferencia de visiones del mundo se está dirimiendo por los canales institucionales y con argumentos jurídicos. Es verdad, detrás de la argucia albiazul hay un postulado ideológico, pero también lo hay detrás de la aprobación de la ley. Eso no es lo importante. Lo importante es que la discusión está en terreno laico y ése, digan lo que digan, es un avance fregón.
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