México
Encontronazo
Por Vicente BELLO
Una semana después, Germán Martínez Cázares seguía aguijoneando al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este lunes, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) oteaba hacia el Congreso de la Unión, y a los priistas les volvía a restregar: “Es muy sencillo: aprobemos cuanto antes esas reformas”.
Hacía un instante, en su discurso de fuego, Martínez Cázares —en los hechos brazo del Presidente Felipe Calderón que controla al PAN— había latigueado al partido tricolor con una frase pretendidamente lapidaria: “Olvídense de aquel México de los condicionamientos y chantajes”. Y los empujaba por la ladera que el PAN quiere seguir: “Súmense a cambiar la ley para quitar a los criminales los bienes producto de sus delitos, combatir de fondo el narcomenudeo y evitar el lavado de dinero”.
Hablaba, reiteradamente, de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, que envió el Presidente de la República a la Cámara de Senadores, y donde el PRI de Manlio Fabio Beltrones ha detenido.
El Presidente Felipe Calderón propone que sea incluido en el derecho positivo mexicano el mandato jurídico que permita expropiar, de facto y por propuesta del Ministerio Público, propiedades que éste considere que son producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el secuestro, robo de autos, etcétera.
El PRI ha contra argumentado diciendo que tal como lo plantean Calderón y el PAN, esa Ley de Extinción de Dominio puede convertirse en caldo de muchas injusticias, porque la sociedad en general estaría a merced de estados de ánimo y de la usual poca ética de los agentes del Ministerio Público, que con tal instrumento jurídico podrían en múltiples ocasiones ponerse a practicar la extorsión; pero con singular alegría.
El PAN no ha ido más allá de la contra argumentación siguiente: un ciudadano que no se dedique a actuaciones ilícitas, no tendrá nada que temer; y, en todo caso, podrá echar mano de juicios que podrá ganar.
El PRI ha respingado este lunes, volviendo a insistir en que la carga de la prueba —de acuerdo con la iniciativa de Calderón— estará corriendo a cargo del ciudadano o particular, y no en el Ministerio Público, que tendrá desde la acusación la ventaja de que la ley concede a su dicho la condición a priori de que sería la verdad jurídica.
No faltaría el Ministerio Público que pretendiese hacerse de una propiedad —una casa, un departamento, un edificio, un negocio, un terreno— a través de la vileza de la difamación. Y el particular, que de acuerdo con esa ley estaría siendo considerado culpable de principio, sólo podría recuperar su propiedad si, mediante el juicio correspondiente, demostrase su inocencia.
El debate sobre la Ley de Extinción de Dominio nada fácil ha sido estos días. En la posición del PAN y de Calderón también la realidad se ha paseado de la mano del sentido común.
Lo que afirma Martínez Cázares se sustenta en que la delincuencia organizada —en sus procesos de lavado de dinero— suele utilizar la figura también ilícita del prestanombres. Y tal y como está actualmente el derecho positivo mexicano (conjunto de leyes vigentes en estos momentos del país), los delincuentes han torcido fácilmente en su favor las normas, logrando con ello que aun en la cárcel sigan usufructuando financiera y económicamente de los resultados de sus delitos, ellos y sus familiares.
El debate de la Ley de Extinción de Dominio ha tenido ya, sin embargo, sus consecuencias: provocó una gran fisura en la relación política que, históricamente, habían sostenido PAN y PRI.
Hacía un instante, en su discurso de fuego, Martínez Cázares —en los hechos brazo del Presidente Felipe Calderón que controla al PAN— había latigueado al partido tricolor con una frase pretendidamente lapidaria: “Olvídense de aquel México de los condicionamientos y chantajes”. Y los empujaba por la ladera que el PAN quiere seguir: “Súmense a cambiar la ley para quitar a los criminales los bienes producto de sus delitos, combatir de fondo el narcomenudeo y evitar el lavado de dinero”.
Hablaba, reiteradamente, de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, que envió el Presidente de la República a la Cámara de Senadores, y donde el PRI de Manlio Fabio Beltrones ha detenido.
El Presidente Felipe Calderón propone que sea incluido en el derecho positivo mexicano el mandato jurídico que permita expropiar, de facto y por propuesta del Ministerio Público, propiedades que éste considere que son producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el secuestro, robo de autos, etcétera.
El PRI ha contra argumentado diciendo que tal como lo plantean Calderón y el PAN, esa Ley de Extinción de Dominio puede convertirse en caldo de muchas injusticias, porque la sociedad en general estaría a merced de estados de ánimo y de la usual poca ética de los agentes del Ministerio Público, que con tal instrumento jurídico podrían en múltiples ocasiones ponerse a practicar la extorsión; pero con singular alegría.
El PAN no ha ido más allá de la contra argumentación siguiente: un ciudadano que no se dedique a actuaciones ilícitas, no tendrá nada que temer; y, en todo caso, podrá echar mano de juicios que podrá ganar.
El PRI ha respingado este lunes, volviendo a insistir en que la carga de la prueba —de acuerdo con la iniciativa de Calderón— estará corriendo a cargo del ciudadano o particular, y no en el Ministerio Público, que tendrá desde la acusación la ventaja de que la ley concede a su dicho la condición a priori de que sería la verdad jurídica.
No faltaría el Ministerio Público que pretendiese hacerse de una propiedad —una casa, un departamento, un edificio, un negocio, un terreno— a través de la vileza de la difamación. Y el particular, que de acuerdo con esa ley estaría siendo considerado culpable de principio, sólo podría recuperar su propiedad si, mediante el juicio correspondiente, demostrase su inocencia.
El debate sobre la Ley de Extinción de Dominio nada fácil ha sido estos días. En la posición del PAN y de Calderón también la realidad se ha paseado de la mano del sentido común.
Lo que afirma Martínez Cázares se sustenta en que la delincuencia organizada —en sus procesos de lavado de dinero— suele utilizar la figura también ilícita del prestanombres. Y tal y como está actualmente el derecho positivo mexicano (conjunto de leyes vigentes en estos momentos del país), los delincuentes han torcido fácilmente en su favor las normas, logrando con ello que aun en la cárcel sigan usufructuando financiera y económicamente de los resultados de sus delitos, ellos y sus familiares.
El debate de la Ley de Extinción de Dominio ha tenido ya, sin embargo, sus consecuencias: provocó una gran fisura en la relación política que, históricamente, habían sostenido PAN y PRI.
Síguenos en