México
En caso Cassez se privilegió derecho a la defensa: Ministro
Alberto Gelacio Pérez Dayán subrayó que una de las funciones de los tribunales es resolver controversias
MÉRIDA, YUCATÁN (25/ENE/2013).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Gelacio Pérez Dayán, consideró que en el caso Florance Cassez prevaleció el derecho a la defensa sobre la justicia a las víctimas.
Tras rechazar que esta resolución deba ser considerada como un golpe bajo a la justicia mexicana, dijo que hoy México cuenta con tribunales que resuelven con base en decisiones fundadas y "motivadas".
Estableció que en el caso de la resolución de la Primera Sala de la SCJN, habrá que esperar la sentencia para determinar las razones que tuvieron los ministros para liberar a Florence.
Subrayó que una de las funciones de los tribunales es resolver controversias, y en el caso de Cassez, "en esta ocasión prevaleció más el derecho a la defensa que a la justicia para las víctimas, pero lo importante es ponderar tal cual la explicación del por qué llegaron a esa decisión".
En cuanto al debate generado en torno a este caso, explicó que son temas opinables, que se podrá generar en la mente la solución más justa y en sus consideraciones llegar a un fallo, pero el Estado cumple con sus funciones más allá de la apreciación personal que cada quien pueda tener.
Cuestionado a si esta resolución no afecta la confianza en la Suprema Corte, expresó: "Ojalá no se pierda la confianza en las instituciones, sería terrible, están ahí de buena fe para darnos la mayor seguridad posible".
Por otra parte, en Tijuana, Baja California, la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del estado consideró que la Suprema Corte envió un mal mensaje a la sociedad mexicana en el caso de Florence Cassez.
El presidente del organismo civil, Miguel Arregui Ibarra, manifestó en un comunicado que el más alto tribunal de Justicia del país únicamente se pronunció por las garantías constitucionales de la quejosa ciudadana de origen francés.
Dijo que aunque la corte se ha caracterizado por fallos a favor de los derechos humanos, debió tomar en cuenta el mensaje que transmitía con la resolución del caso a las autoridades responsables de las violaciones de las garantías y a la sociedad.
Tras rechazar que esta resolución deba ser considerada como un golpe bajo a la justicia mexicana, dijo que hoy México cuenta con tribunales que resuelven con base en decisiones fundadas y "motivadas".
Estableció que en el caso de la resolución de la Primera Sala de la SCJN, habrá que esperar la sentencia para determinar las razones que tuvieron los ministros para liberar a Florence.
Subrayó que una de las funciones de los tribunales es resolver controversias, y en el caso de Cassez, "en esta ocasión prevaleció más el derecho a la defensa que a la justicia para las víctimas, pero lo importante es ponderar tal cual la explicación del por qué llegaron a esa decisión".
En cuanto al debate generado en torno a este caso, explicó que son temas opinables, que se podrá generar en la mente la solución más justa y en sus consideraciones llegar a un fallo, pero el Estado cumple con sus funciones más allá de la apreciación personal que cada quien pueda tener.
Cuestionado a si esta resolución no afecta la confianza en la Suprema Corte, expresó: "Ojalá no se pierda la confianza en las instituciones, sería terrible, están ahí de buena fe para darnos la mayor seguridad posible".
Por otra parte, en Tijuana, Baja California, la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del estado consideró que la Suprema Corte envió un mal mensaje a la sociedad mexicana en el caso de Florence Cassez.
El presidente del organismo civil, Miguel Arregui Ibarra, manifestó en un comunicado que el más alto tribunal de Justicia del país únicamente se pronunció por las garantías constitucionales de la quejosa ciudadana de origen francés.
Dijo que aunque la corte se ha caracterizado por fallos a favor de los derechos humanos, debió tomar en cuenta el mensaje que transmitía con la resolución del caso a las autoridades responsables de las violaciones de las garantías y a la sociedad.
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