México
En México se consumen 500 toneladas de drogas al año
Esto, en una pugna en la que, admiten autoridades federales, es indispensable la existencia de redes de protección de funcionarios públicos de todos niveles, además del “cobijo social” de las comunidades
MÉXICO, D.F.- Los mexicanos consumen 500 toneladas de drogas al año, que representa un mercado que supera los 450 millones de dólares de ganancias anuales y que es codiciado por todos los cárteles de la droga que se disputan el territorio.
Esto, en una pugna en la que, admiten autoridades federales, es indispensable la existencia de redes de protección de funcionarios públicos de todos niveles, además del “cobijo social” de las comunidades.
Sin embargo, el combate a estos grupos criminales por parte del gobierno federal los ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento.
Sólo en el último año se han registrado al menos 50 mil casos de extorsión en el país y más de mil secuestros.
Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) revela el panorama actual del Esquema de Acción del crimen organizado, en el que se reconoce el impacto de las operaciones delictivas de los grupos que buscan ampliar y controlar sus zonas de operación, garantizar sus rutas de transporte de droga y áreas de distribución.
El documento señala que México se ha convertido en un país de consumo de drogas, “lo que implica una competencia por el mercado de consumo local”, una disputa que se ha recrudecido en los últimos años y se ha traducido en una ola de violencia.
En “juego” están las plazas de todo el país, donde se calcula que “el mercado mexicano de drogas alcanza un consumo potencial de 500 toneladas de drogas al año (…) que supera, según diversas estimaciones, 450 millones de dólares al año”, es decir, casi
6 mil millones de pesos de ganancias anuales.
Ante los recursos que obtienen, “las organizaciones delictivas han alcanzado suficiente capacidad para poder reclutar, por coerción o coacción, a funcionarios públicos de diversos niveles y ámbitos de gobierno”, dejando en claro que éste es un fenómeno que se presenta en todas las zonas del país donde operan estos grupos criminales.
La SSP acepta que “para que una organización criminal pueda operar en una plaza o región, es indispensable que cuente con la complicidad de las autoridades y cobijo social”.
El informe se difunde luego del reciente caso de Michoacán, donde el 26 de mayo pasado fueron detenidos 30 servidores públicos por su presunta protección al narcotráfico, que a la luz del diagnóstico de la dependencia podría no ser un caso aislado.
En el diagnóstico —fechado el 29 de mayo de este año—, se explica que el crimen organizado busca reclutar y corromper a funcionarios de los tres niveles de gobierno, para que éstos les permitan realizar sus actividades de narcomenudeo, traslado de cargamentos de droga, y que convoyes de unidades sin placas —con aditamentos policiacos y sujetos armados— puedan circular sin ser molestados.
Las redes de protección de funcionarios también cumplen la función de alertar sobre operativos que realizarán corporaciones policiacas y permiten a los delincuentes utilizar las frecuencias oficiales para monitorear las actividades de las autoridades.
Sin embargo, el crimen organizado también apuesta a su capacidad de fuego: siete de cada 10 armas que se les han asegurado son rifles de asalto AR-15 y AK-47; tan sólo las 7 mil piezas que ha decomisado la SSP federal tienen un valor en el mercado de 5 a 9 millones de dólares.
Esto, en una pugna en la que, admiten autoridades federales, es indispensable la existencia de redes de protección de funcionarios públicos de todos niveles, además del “cobijo social” de las comunidades.
Sin embargo, el combate a estos grupos criminales por parte del gobierno federal los ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento.
Sólo en el último año se han registrado al menos 50 mil casos de extorsión en el país y más de mil secuestros.
Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) revela el panorama actual del Esquema de Acción del crimen organizado, en el que se reconoce el impacto de las operaciones delictivas de los grupos que buscan ampliar y controlar sus zonas de operación, garantizar sus rutas de transporte de droga y áreas de distribución.
El documento señala que México se ha convertido en un país de consumo de drogas, “lo que implica una competencia por el mercado de consumo local”, una disputa que se ha recrudecido en los últimos años y se ha traducido en una ola de violencia.
En “juego” están las plazas de todo el país, donde se calcula que “el mercado mexicano de drogas alcanza un consumo potencial de 500 toneladas de drogas al año (…) que supera, según diversas estimaciones, 450 millones de dólares al año”, es decir, casi
6 mil millones de pesos de ganancias anuales.
Ante los recursos que obtienen, “las organizaciones delictivas han alcanzado suficiente capacidad para poder reclutar, por coerción o coacción, a funcionarios públicos de diversos niveles y ámbitos de gobierno”, dejando en claro que éste es un fenómeno que se presenta en todas las zonas del país donde operan estos grupos criminales.
La SSP acepta que “para que una organización criminal pueda operar en una plaza o región, es indispensable que cuente con la complicidad de las autoridades y cobijo social”.
El informe se difunde luego del reciente caso de Michoacán, donde el 26 de mayo pasado fueron detenidos 30 servidores públicos por su presunta protección al narcotráfico, que a la luz del diagnóstico de la dependencia podría no ser un caso aislado.
En el diagnóstico —fechado el 29 de mayo de este año—, se explica que el crimen organizado busca reclutar y corromper a funcionarios de los tres niveles de gobierno, para que éstos les permitan realizar sus actividades de narcomenudeo, traslado de cargamentos de droga, y que convoyes de unidades sin placas —con aditamentos policiacos y sujetos armados— puedan circular sin ser molestados.
Las redes de protección de funcionarios también cumplen la función de alertar sobre operativos que realizarán corporaciones policiacas y permiten a los delincuentes utilizar las frecuencias oficiales para monitorear las actividades de las autoridades.
Sin embargo, el crimen organizado también apuesta a su capacidad de fuego: siete de cada 10 armas que se les han asegurado son rifles de asalto AR-15 y AK-47; tan sólo las 7 mil piezas que ha decomisado la SSP federal tienen un valor en el mercado de 5 a 9 millones de dólares.
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