México
El sexo en el Estado
esde hace varios años, grupos de académicos, defensores de derechos humanos y de legisladores han impulsado la reforma en materia de derechos humanos que hoy se discute en el Senado
Hay quienes lo gozan con frecuencia con la misma persona o variadito. Por el contrario, hay a quienes les aburre o no lo disfrutan. Hay quienes se mueren de miedo y se persignan al escuchar su sola mención.
Es el sexo, parte indispensable de nuestra condición humana y que desde hace siglos empezó a ser regulado, primero por la sociedad y sus costumbres patriarcales, después por la religión y más recientemente por el Estado y sus instituciones.
Ello viene a colación, porque en el Senado de la República la aprobación final de la reforma constitucional más importante en materia de Derechos Humanos se quedó atrapada precisamente por una discusión en torno al sexo. Me explico.
Desde hace varios años, grupos de académicos, defensores de derechos humanos y de legisladores han impulsado la reforma en materia de derechos humanos que hoy se discute en el Senado. En noviembre de 2006, de la Cámara de Diputados salió la primera iniciativa que desde entonces se ha analizado, modificado o enriquecido en alguna de las cámaras o en ambas en casi 60 ocasiones.
El 8 de abril de 2010 los senadores aprobaron por 96 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de Decreto de esa reforma que modifica 11 artículos de la Constitución y que eleva a rango constitucional la promoción y protección de los derechos humanos en México, así como actualiza y fortalece las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y revisa el recurso de amparo en nuestro ordenamiento jurídico.
Del Senado este proyecto se regresó entonces a la Cámara de Diputados, donde la diputada Enoé Uranga incorporó la palabra “sexuales” a preferencias como una categoría más sujeta a no discriminación en nuestro país.
En diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de esta reforma constitucional ahora sí con el “sexuales” incluido y de ahí se fue de nuevo al Senado, donde ahora mismo se encuentra atorada su aprobación debido a que un grupo de senadores del PAN manifiesta su rechazo a incorporar explícitamente la palabra “sexuales”. Bajo la visión de algunos senadores del PAN, la no discriminación por “preferencia sexual” equivaldría a proteger la “pedofilia” en la Constitución.
Falta aún mucho trabajo para educar a la población en general, y a algunos senadores en específico, sobre los tabúes y confusiones que hay respecto a las orientaciones, término preferido por muchos activistas LGBT, y/o las preferencias sexuales. Sin embargo, al parecer ya en el grupo parlamentario del PAN algunos senadores se han dado a la tarea de investigar el asunto y están modificando su opinión.
De aprobarse esta reforma en el Senado, de ahí se iría a las legislaturas locales para su aprobación por una mayoría (16 en total) y una vez logrado ello el Poder Ejecutivo debe mandarla a publicación.
En materia de reformas constitucionales, el Presidente no tiene poder de veto pero aún mantiene el llamado “veto de bolsillo” (que fue eliminado por el Congreso el año pasado, pero que aún sigue en votación en las legislaturas de los estados).
En otras palabras, la reforma de Derechos Humanos tendrá fuera del Senado aún un largo trecho por recorrer, en el cual los gobernadores ejercerán una fuerte presión sobre sus congresos locales y, al final, por el Presidente. Con ello sabremos quiénes han superado y quiénes mantienen sus prejuicios en torno a la sexualidad.
Es el sexo, parte indispensable de nuestra condición humana y que desde hace siglos empezó a ser regulado, primero por la sociedad y sus costumbres patriarcales, después por la religión y más recientemente por el Estado y sus instituciones.
Ello viene a colación, porque en el Senado de la República la aprobación final de la reforma constitucional más importante en materia de Derechos Humanos se quedó atrapada precisamente por una discusión en torno al sexo. Me explico.
Desde hace varios años, grupos de académicos, defensores de derechos humanos y de legisladores han impulsado la reforma en materia de derechos humanos que hoy se discute en el Senado. En noviembre de 2006, de la Cámara de Diputados salió la primera iniciativa que desde entonces se ha analizado, modificado o enriquecido en alguna de las cámaras o en ambas en casi 60 ocasiones.
El 8 de abril de 2010 los senadores aprobaron por 96 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de Decreto de esa reforma que modifica 11 artículos de la Constitución y que eleva a rango constitucional la promoción y protección de los derechos humanos en México, así como actualiza y fortalece las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y revisa el recurso de amparo en nuestro ordenamiento jurídico.
Del Senado este proyecto se regresó entonces a la Cámara de Diputados, donde la diputada Enoé Uranga incorporó la palabra “sexuales” a preferencias como una categoría más sujeta a no discriminación en nuestro país.
En diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de esta reforma constitucional ahora sí con el “sexuales” incluido y de ahí se fue de nuevo al Senado, donde ahora mismo se encuentra atorada su aprobación debido a que un grupo de senadores del PAN manifiesta su rechazo a incorporar explícitamente la palabra “sexuales”. Bajo la visión de algunos senadores del PAN, la no discriminación por “preferencia sexual” equivaldría a proteger la “pedofilia” en la Constitución.
Falta aún mucho trabajo para educar a la población en general, y a algunos senadores en específico, sobre los tabúes y confusiones que hay respecto a las orientaciones, término preferido por muchos activistas LGBT, y/o las preferencias sexuales. Sin embargo, al parecer ya en el grupo parlamentario del PAN algunos senadores se han dado a la tarea de investigar el asunto y están modificando su opinión.
De aprobarse esta reforma en el Senado, de ahí se iría a las legislaturas locales para su aprobación por una mayoría (16 en total) y una vez logrado ello el Poder Ejecutivo debe mandarla a publicación.
En materia de reformas constitucionales, el Presidente no tiene poder de veto pero aún mantiene el llamado “veto de bolsillo” (que fue eliminado por el Congreso el año pasado, pero que aún sigue en votación en las legislaturas de los estados).
En otras palabras, la reforma de Derechos Humanos tendrá fuera del Senado aún un largo trecho por recorrer, en el cual los gobernadores ejercerán una fuerte presión sobre sus congresos locales y, al final, por el Presidente. Con ello sabremos quiénes han superado y quiénes mantienen sus prejuicios en torno a la sexualidad.
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