México
El desprecio del Presidente a la LX Legislatura
Por Vicente BELLO
El Congreso de la Unión ha vuelto ayer, de manera manifiesta, a ser exhibido en su función de contrapeso constitucional. No ha sido capaz de someter a comparecencia a la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, como tampoco ha podido fijar las fechas en que deberán presentarse los secretarios de Economía, Agricultura y el de Comunicaciones y Transportes.
Bastó con que un senador del PAN (Rodolfo Dorador) decidiera ausentarse de la asamblea de la Comisión que recibiría a Romero, para que, sin quórum, fuera suspendida la reunión de marras. Así, la comisionada pudo entonces evadir explicaciones en torno de las violaciones de los derechos humanos de migrantes, a propósito del caso específico de la trata de personas denunciado en Yucatán, donde un empleado de Migración hacía presuntamente negocios prostituyendo a mujeres centroamericanas.
El jefe de todos ellos, el Presidente Felipe Calderón, evidentemente no quiere que comparezcan, porque entonces tendrán que explicar por qué a estas alturas del año todavía no se han ejercido miles de millones de pesos del presupuesto, que la Cámara de Diputados destinó en diciembre pasado, para su ejercicio en 2009, en áreas de alto contenido social como la agricultura, la construcción de carreteras y de los programas de apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas.
De plano, ayer, en el Senado, había voces de la oposición que consideraban que Calderón está demostrando un franco desprecio a la LX Legislatura. Y ejemplificaban: a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ha dicho a la Comisión Permanente que Alberto Cárdenas Jiménez, titular de Sagarpa --y a quien esperan con muchas ganas para preguntarle por qué no ha soltado la totalidad del dinero que fue destinado para el Procampo-, irá al Congreso allá por el 18 de agosto. Y de los otros dos, pues que allá por el 28 de este mes y el 4 del siguiente. Pero ha respingado la Comisión Permanente, y luego de exigir “respeto” al Ejecutivo, ha dicho en voz de uno de sus legisladores que las fechas aquellas tampoco serán.
Pero la culpa de todo lo que les pasa, en su relación tormentosa con el Ejecutivo Federal, es de los propios legisladores. Aunque tienen motivos de sobra para reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución, en los artículos correspondientes a la relación Ejecutivo-Legislativo, nada han intentado desde hace 10 años, cuando el 31 de agosto de 1999 la Ley Orgánica y la Carta Magna fueron modificadas para fortalecer a medias el músculo al Poder Legislativo.
El tema del subejercicio presupuestal es uno de los asuntos que más escuecen a la oposición. No tragan ni con aceite los opositores del PRI y PRD que el Gobierno de Felipe Calderón no ejerza el presupuesto a sabiendas de que éste funciona como dínamo para la economía del país, y máxime ahora que está atravesando una fenomenal crisis.
Una crisis que tiene ya –decía Javier González Garza- a cuando menos unos ocho millones de jóvenes en el desempleo, lo que en los hechos ha estado representando una especie de “ejército de reserva” para el crimen organizado. Y remachaba: “Estamos provocando que el crimen organizado tenga un ejército de reserva, de ese tamaño, porque no los estamos atendiendo; porque a este sistema le sobran mexicanos; eso es una vergüenza. Necesitamos que todos los mexicanos tengan algo en qué creer para poder hacer sacrificios”.
González Garza había vuelto a hablar –como hace 15 días, en una sesión de la Comisión Permanente- de la destrucción de la cohesión social, que afirma ha perpetrado el régimen de Felipe Calderón.
Un dato más había estado mordiendo los calcañales a la oposición en el Congreso de la Unión: casi 40 mil soldados desertan cada año de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas mexicanas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea. La absoluta mayoría, son jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, algunos de los cuales ya han comenzado a aparecer en las filas del crimen organizado, como los ahora conocidos “Linces”. Algo así como la nueva versión de aquel grupo de élite del cártel del Golfo, que también desertaron hace 10 años.
Hablar del Ejército en el Congreso es coincidir en que “está desgastándose aceleradamente”. Así lo decían perredistas como González y priistas como Emilio Gamboa Patrón. Un desgaste innecesario para las Fuerzas Armadas, ya insistían cada cual por su lado, porque han estado dando la cara por las autoridades a partir de una mala estrategia de seguridad pública.
Pero no eran los únicos. El general de división y diputado federal priista Roberto Badillo argumentaba ayer así: las Fuerzas Armadas han trabajado desde que salieron a las calles sin información, y han sido víctimas de la falta de determinación y de discreción por parte de los cuerpos policíacos que lo acompañan, y de las autoridades civiles, incluyendo –decía- el Presidente Felipe Calderón.
Badillo está a punto de irse de San Lázaro. Llamó la atención en la LX Legislatura por su actitud crítica hacia el Presidente de la República. Acaso por eso no tuvo empacho alguno en afirmar que el problema que tiene hoy el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea no es el desgaste, como afirman algunos, sino la corrupción que tiene que enfrentar de las autoridades civiles, como son las diversas policías municipales, estatales y federales, y de los mismos mandos civiles.
Xicoténcatl. En la mesa de revisión de la reforma electoral, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita y el consejero Marco Antonio Baños Martínez han planteado que el Instituto deberá incluir para 2012 la urna electrónica. Rechazaron, en cambio, que el IFE deje de controlar al Trife, como propuso hace 15 días José Woldenberg, ex titular del IFE, había planteado.
Llegaron optimistas. Un dato que soltó Valdés fue el siguiente: de los 77.4 millones de empadronados, casi un millón 200 mil son gente que ya falleció. El senador Ricardo Monreal los bajó del caballo de los festejos: “Dejó el IFE que la presencia de viejos vicios persistieran”, decía el zacatecano. “Permitió que la presencia de prácticas arcaicas ilegales siguieran manifestándose en los distritos; uno de ellos, el papel protagónico de los gobernadores, gobernadoras”…. Monreal no deja de acordarse de su tierra, de donde también es Amalia García.
Arturo Núñez Jiménez, de los sabios en el tema, retomó la propuesta de Woldenberg. Y fue cuando Valdés dijo que no, que la función sancionadora del IFE debería continuar en el Trife, sin pasar a un Tribunal Electoral.
Bastó con que un senador del PAN (Rodolfo Dorador) decidiera ausentarse de la asamblea de la Comisión que recibiría a Romero, para que, sin quórum, fuera suspendida la reunión de marras. Así, la comisionada pudo entonces evadir explicaciones en torno de las violaciones de los derechos humanos de migrantes, a propósito del caso específico de la trata de personas denunciado en Yucatán, donde un empleado de Migración hacía presuntamente negocios prostituyendo a mujeres centroamericanas.
El jefe de todos ellos, el Presidente Felipe Calderón, evidentemente no quiere que comparezcan, porque entonces tendrán que explicar por qué a estas alturas del año todavía no se han ejercido miles de millones de pesos del presupuesto, que la Cámara de Diputados destinó en diciembre pasado, para su ejercicio en 2009, en áreas de alto contenido social como la agricultura, la construcción de carreteras y de los programas de apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas.
De plano, ayer, en el Senado, había voces de la oposición que consideraban que Calderón está demostrando un franco desprecio a la LX Legislatura. Y ejemplificaban: a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ha dicho a la Comisión Permanente que Alberto Cárdenas Jiménez, titular de Sagarpa --y a quien esperan con muchas ganas para preguntarle por qué no ha soltado la totalidad del dinero que fue destinado para el Procampo-, irá al Congreso allá por el 18 de agosto. Y de los otros dos, pues que allá por el 28 de este mes y el 4 del siguiente. Pero ha respingado la Comisión Permanente, y luego de exigir “respeto” al Ejecutivo, ha dicho en voz de uno de sus legisladores que las fechas aquellas tampoco serán.
Pero la culpa de todo lo que les pasa, en su relación tormentosa con el Ejecutivo Federal, es de los propios legisladores. Aunque tienen motivos de sobra para reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución, en los artículos correspondientes a la relación Ejecutivo-Legislativo, nada han intentado desde hace 10 años, cuando el 31 de agosto de 1999 la Ley Orgánica y la Carta Magna fueron modificadas para fortalecer a medias el músculo al Poder Legislativo.
El tema del subejercicio presupuestal es uno de los asuntos que más escuecen a la oposición. No tragan ni con aceite los opositores del PRI y PRD que el Gobierno de Felipe Calderón no ejerza el presupuesto a sabiendas de que éste funciona como dínamo para la economía del país, y máxime ahora que está atravesando una fenomenal crisis.
Una crisis que tiene ya –decía Javier González Garza- a cuando menos unos ocho millones de jóvenes en el desempleo, lo que en los hechos ha estado representando una especie de “ejército de reserva” para el crimen organizado. Y remachaba: “Estamos provocando que el crimen organizado tenga un ejército de reserva, de ese tamaño, porque no los estamos atendiendo; porque a este sistema le sobran mexicanos; eso es una vergüenza. Necesitamos que todos los mexicanos tengan algo en qué creer para poder hacer sacrificios”.
González Garza había vuelto a hablar –como hace 15 días, en una sesión de la Comisión Permanente- de la destrucción de la cohesión social, que afirma ha perpetrado el régimen de Felipe Calderón.
Un dato más había estado mordiendo los calcañales a la oposición en el Congreso de la Unión: casi 40 mil soldados desertan cada año de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas mexicanas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea. La absoluta mayoría, son jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, algunos de los cuales ya han comenzado a aparecer en las filas del crimen organizado, como los ahora conocidos “Linces”. Algo así como la nueva versión de aquel grupo de élite del cártel del Golfo, que también desertaron hace 10 años.
Hablar del Ejército en el Congreso es coincidir en que “está desgastándose aceleradamente”. Así lo decían perredistas como González y priistas como Emilio Gamboa Patrón. Un desgaste innecesario para las Fuerzas Armadas, ya insistían cada cual por su lado, porque han estado dando la cara por las autoridades a partir de una mala estrategia de seguridad pública.
Pero no eran los únicos. El general de división y diputado federal priista Roberto Badillo argumentaba ayer así: las Fuerzas Armadas han trabajado desde que salieron a las calles sin información, y han sido víctimas de la falta de determinación y de discreción por parte de los cuerpos policíacos que lo acompañan, y de las autoridades civiles, incluyendo –decía- el Presidente Felipe Calderón.
Badillo está a punto de irse de San Lázaro. Llamó la atención en la LX Legislatura por su actitud crítica hacia el Presidente de la República. Acaso por eso no tuvo empacho alguno en afirmar que el problema que tiene hoy el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea no es el desgaste, como afirman algunos, sino la corrupción que tiene que enfrentar de las autoridades civiles, como son las diversas policías municipales, estatales y federales, y de los mismos mandos civiles.
Xicoténcatl. En la mesa de revisión de la reforma electoral, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita y el consejero Marco Antonio Baños Martínez han planteado que el Instituto deberá incluir para 2012 la urna electrónica. Rechazaron, en cambio, que el IFE deje de controlar al Trife, como propuso hace 15 días José Woldenberg, ex titular del IFE, había planteado.
Llegaron optimistas. Un dato que soltó Valdés fue el siguiente: de los 77.4 millones de empadronados, casi un millón 200 mil son gente que ya falleció. El senador Ricardo Monreal los bajó del caballo de los festejos: “Dejó el IFE que la presencia de viejos vicios persistieran”, decía el zacatecano. “Permitió que la presencia de prácticas arcaicas ilegales siguieran manifestándose en los distritos; uno de ellos, el papel protagónico de los gobernadores, gobernadoras”…. Monreal no deja de acordarse de su tierra, de donde también es Amalia García.
Arturo Núñez Jiménez, de los sabios en el tema, retomó la propuesta de Woldenberg. Y fue cuando Valdés dijo que no, que la función sancionadora del IFE debería continuar en el Trife, sin pasar a un Tribunal Electoral.
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