México
El derecho de hablar
La libertad de expresión en México nunca será completa si los periodistas no son dueños del contenido de sus programas de radio y televisión
La libertad de expresión en México nunca será completa si los periodistas no son dueños del contenido de sus programas de radio y televisión.
Lo puesto a considerarse la semana pasada, a raíz de la cancelación de un programa periodístico en MVS, es: quién decide qué se dice en los espacios de la radio y la televisión mexicanas.
Ése es el fondo del debate, oculto bajo el escándalo de rumores y torpezas de empresarios privados y funcionarios públicos que coincidieron en callar alguna voz molesta.
No les gustó una opinión y decidieron suprimirla, medida inaceptable en el México actual, deseoso de avanzar en su proceso democrático.
Si alguna utilidad pudiera derivarse de tanto alboroto sería la de trabajar en serio para normar y garantizar la libertad de informar y opinar de los periodistas de medios electrónicos.
No sería poca cosa avanzar en la creación de una estructura técnica, financiera y jurídica que abriera a la prensa cotos prohibidos actualmente en México para la difusión libre de las ideas.
La cibernética rebasó a la radiotelevisión tradicional. La dejó atrás, como isla de usufructo privado, al abrir caminos populares, gratuitos y eficaces a millones de personas en el mundo que carecían de la posibilidad de ser escuchadas.
Algunos radiotelevisores a la antigua, que son los más, creen que las regulaciones anacrónicas los protegen y salvarán.
Se equivocan si se empeñan en llenar con vino tierno los odres viejos. El progreso técnico y la lucha de cada pueblo por gozar de todos sus derechos no pueden detenerse con diques artificiales.
Los programas periodísticos, informativos o noticiosos de la radio y la televisión en México deben estar a salvo de los intereses de los concesionarios o de los políticos en el poder, blindándose la libertad de los periodistas profesionales de ejercer su derecho de informar, opinar o equivocarse.
Preferible el error a la mutilación de una garantía constitucional, así sea mínima y disfrazada.
Nos hemos quedado atrás. Como siempre la ley llega después de la conducta, para adecuarla a la vida en sociedad.
Nuestro desarrollo exige poner al día las leyes que rigen el informar por radio y televisión. Ya no son las adecuadas.
Deben protegerse, por supuesto, los derechos de los concesionarios, pero nadie puede defender la desmesura de favorecer a un grupo en mengua del bien general, en este caso el de los ciudadanos a ser informados sin cortapisas ni deformaciones.
Y el de los periodistas a ejercer su oficio sin amenazas ni pactos nebulosos.
El periodismo de radio y televisión debe tener las mismas características que el de la prensa impresa.
Evitar, entre otras cosas, que la noticia y el comentario sean instrumentos de intereses políticos o de lucro. Darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a los periodistas lo que es de los periodistas.
Ésa es la asignatura pendiente.
Lo puesto a considerarse la semana pasada, a raíz de la cancelación de un programa periodístico en MVS, es: quién decide qué se dice en los espacios de la radio y la televisión mexicanas.
Ése es el fondo del debate, oculto bajo el escándalo de rumores y torpezas de empresarios privados y funcionarios públicos que coincidieron en callar alguna voz molesta.
No les gustó una opinión y decidieron suprimirla, medida inaceptable en el México actual, deseoso de avanzar en su proceso democrático.
Si alguna utilidad pudiera derivarse de tanto alboroto sería la de trabajar en serio para normar y garantizar la libertad de informar y opinar de los periodistas de medios electrónicos.
No sería poca cosa avanzar en la creación de una estructura técnica, financiera y jurídica que abriera a la prensa cotos prohibidos actualmente en México para la difusión libre de las ideas.
La cibernética rebasó a la radiotelevisión tradicional. La dejó atrás, como isla de usufructo privado, al abrir caminos populares, gratuitos y eficaces a millones de personas en el mundo que carecían de la posibilidad de ser escuchadas.
Algunos radiotelevisores a la antigua, que son los más, creen que las regulaciones anacrónicas los protegen y salvarán.
Se equivocan si se empeñan en llenar con vino tierno los odres viejos. El progreso técnico y la lucha de cada pueblo por gozar de todos sus derechos no pueden detenerse con diques artificiales.
Los programas periodísticos, informativos o noticiosos de la radio y la televisión en México deben estar a salvo de los intereses de los concesionarios o de los políticos en el poder, blindándose la libertad de los periodistas profesionales de ejercer su derecho de informar, opinar o equivocarse.
Preferible el error a la mutilación de una garantía constitucional, así sea mínima y disfrazada.
Nos hemos quedado atrás. Como siempre la ley llega después de la conducta, para adecuarla a la vida en sociedad.
Nuestro desarrollo exige poner al día las leyes que rigen el informar por radio y televisión. Ya no son las adecuadas.
Deben protegerse, por supuesto, los derechos de los concesionarios, pero nadie puede defender la desmesura de favorecer a un grupo en mengua del bien general, en este caso el de los ciudadanos a ser informados sin cortapisas ni deformaciones.
Y el de los periodistas a ejercer su oficio sin amenazas ni pactos nebulosos.
El periodismo de radio y televisión debe tener las mismas características que el de la prensa impresa.
Evitar, entre otras cosas, que la noticia y el comentario sean instrumentos de intereses políticos o de lucro. Darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a los periodistas lo que es de los periodistas.
Ésa es la asignatura pendiente.
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