México
El caballito de Troya de los gringos
Si el martes Florentino Castro y Castro cimbró los cimientos del Senado de la República, ayer, jueves, Raúl Carrancá y Rivas causaba retiembles de terremoto
Hacía un buen rato, todos habían definido su posición, su perfil, sus intereses acaso. Hacía un buen rato que también se venían pespunteando como los toros de lidia, sin reservas, sin consideración, sin cuartel. Y sin embargo, en esto que ha sido el Cuarto Foro —segundo en el debatir constitucional— de la reforma energética, volvieron a relucir entre aquellos expertos constitucionalistas esas dos interpretaciones del Artículo 27 constitucional que han estado mordiendo los calcañales de la gente en estos últimos días.
“El artículo 6 de la ley reglamentaria propuesto por las iniciativas de que se trata —decía el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Raúl Carrancá y Rivas— se trata de una especie de verdadero Caballo de Troya en el cuerpo normativo del 27 constitucional”.
Y, más adelante, remachaba Carrancá: “Hay elementos, en mi opinión, para afirmar que el autor de esas iniciativas (se refería a Felipe Calderón Hinojosa) debería ser enjuiciado por proponer iniciativas que violan, a luz de la razón, a la Constitución”.
Si el martes Florentino Castro y Castro cimbró los cimientos del Senado de la República, ayer, jueves, Raúl Carrancá y Rivas causaba retiembles de terremoto: rostros enrojecidos, miradas huidizas, cabezas gachas de quienes se sintieron agraviados por lo que el doctor en Derecho Constitucional les acababa de restregar. Sonrisas abiertas, aplausos, festejos de quienes se sintieron soliviados ante la avalancha mediática que ha favorecido a la posición de quienes, con los cambios, no consideran que se privatizaría el sector energético; todo esto concitaba el viejo abogado y maestro también de generaciones de quienes se han licenciado y doctorado.
Tanto hundió el escapelo Carrancá que, súbitamente, tocaba una de las fibras sensibles del Poder Legislativo: ¿Puede interpretar la Constitución el legislador?, preguntó. Y entonces se fue, llano, diciendo que no, porque el único intérprete auténtico es el juez y en el extremo la Corte.
Apostilló: “El legislador no interpreta, legisla, y mucho menos está facultado en mi opinión para definir en leyes reglamentarias lo que me parece una barbaridad, hasta dónde llega el dominio directo de la nación sobre el petróleo y los demás hidrocarburos. Hacer lo anterior, sería darle a los legisladores facultades reservadas a un Tribunal Constitucional o de control constitucional, y lo mismo pasa con el desacierto de sostener que los legisladores tienen la facultad de definir qué se entiende por explotación para los efectos del Artículo 27. Nada más nos faltaría que se añadiera a lo anterior que los legisladores pueden emitir jurisprudencia”.
A Carrancá, los organizadores del formato del debate (Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Francisco Labastida) lo pusieron en el primer turno. Y en el último —adivine a quién— al panista Fauzi Hamdan, otro hijo de la Escuela Libre de Derecho.
Sin pudor, otra vez, como ocurrió el martes, impusieron los primeros tres turnos a los tres —de seis— ponentes que se perfilaban como críticos duros de las propuestas de Felipe Calderón.
Después del maestro emérito, venía Sergio García Ramírez, cuyo discernimiento calaba a panistas y priistas: “Conviene abandonar la idea de que no existe otra ruta que la marcada en los proyectos y que fuera de ella está el abismo, y no podemos afirmar que con esta reforma el Estado será capaz, como dice la exposición de motivos sobre la ley reglamentaria, de garantizar el acceso a todos los mexicanos, a la salud y la educación, la seguridad, el combate a la pobreza y el apoyo a los proyectos sociales, construir la infraestructura que el país requiere. Si creyésemos en esa oferta milagrosa, habría que aprobar ahora mismo esa reforma y lo demás se nos daría por añadidura”.
Argumentación de alto voltaje. Acalambró a todos los oyentes, quienes todavía le tuvieron que escuchar: “Es preciso realizar reformas, pero abundan las discrepancias, en esta encrucijada, a mi juicio, no necesitamos una solución cuya fuerza reside en la votación, sino una solución que no derribe las decisiones constitucionales y cuyo vigor provenga de su justificación al amparo de los intereses nacionales”.
El tercero: Luis Javier Garrido. lopezobradorista confeso. De plano, se fue sin preámbulos a la yugular de los proponentes de la reforma energética: “México se haya ante una situación de excepcional gravedad, pues se está abriendo un escenario en el que dos de los poderes de la Unión: el Ejecutivo, aún sea de facto, y el Legislativo, pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución”.
Fue este orador quien dijo que la reforma propuesta es una “tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en legislación secundaria normas que creen condiciones para violar abiertamente principios centrales de la misma”.
Fue Garrido quien evocó al ex presidente estadounidense Roosevelt cuando dijo que había “pasado ya, definitivamente, la época de explotación de los recursos y el pueblo de un país, para beneficio de un grupo o de otro país”.
Garrido se corrigió: “El presidente Roosevelt se equivocaba. De aprobarse estas iniciativas, el Estado mexicano comprometería seriamente la seguridad de nuestro país, y propiciaría un serio menoscabo a la soberanía nacional al entregar, cada vez más abierta, espacios de la industria petrolera a las trasnacionales”.
Labastida enrojeció, Beltrones también. Garrido siguió: “Con cualquiera de los llamados contratos de incentivo violatorios de la Constitución, el Gobierno de facto convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono, porque la doctrina de seguridad estadounidense, redefinida por George W. Bush, establece claramente que Washinton se abrogará el derecho de intervenir militarmente en los países donde tienen intereses petroleros. Es decir, lo mismo en Iraq y en Afganistán, que en países de América Latina, por lo que ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante del Gobierno de facto, se cometería un atentado contra América Latina al hacer de México un posible objetivo militar de Washington”.
Entonces venían las contra argumentaciones. Primero, en voz de Miguel Carbonell, un estudioso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se doctoró en la Complutense de Madrid. De entrada, Carbonell dijo que opinaba que no hay inconstitucionalidad en las propuestas de reforma energética. Y trataba de contrapuntearse con el maestro Carrancá, diciendo que el legislador sí interpreta la Constitución, porque de otro modo sería imposible hacer su trabajo.
Sergio López Ayllón fue el otro doctor en Derecho Constitucional que consideró que “las iniciativas que propuso el Presidente (Felipe Calderón) se ajustan al marco constitucional”.
Luego, el priista José Elías Romero Apis, quien optaba por ponerse en medio de las dos visiones.
Después José Roldán Xopa, del ITAM, sorprendía diciendo que Pemex y el país tienen derecho a lucrar con el petróleo, antes incluso que particulares. Y al final, Fauzi Hamdan. Sí, el mismo Hamdan que tanto cabildeó desde las filas del PAN en el Congreso para el rescate del Fobaproa.
Van cuatro foros y las televisoras Televisa y Tv Azteca todavía no se dan por enteradas.
“El artículo 6 de la ley reglamentaria propuesto por las iniciativas de que se trata —decía el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Raúl Carrancá y Rivas— se trata de una especie de verdadero Caballo de Troya en el cuerpo normativo del 27 constitucional”.
Y, más adelante, remachaba Carrancá: “Hay elementos, en mi opinión, para afirmar que el autor de esas iniciativas (se refería a Felipe Calderón Hinojosa) debería ser enjuiciado por proponer iniciativas que violan, a luz de la razón, a la Constitución”.
Si el martes Florentino Castro y Castro cimbró los cimientos del Senado de la República, ayer, jueves, Raúl Carrancá y Rivas causaba retiembles de terremoto: rostros enrojecidos, miradas huidizas, cabezas gachas de quienes se sintieron agraviados por lo que el doctor en Derecho Constitucional les acababa de restregar. Sonrisas abiertas, aplausos, festejos de quienes se sintieron soliviados ante la avalancha mediática que ha favorecido a la posición de quienes, con los cambios, no consideran que se privatizaría el sector energético; todo esto concitaba el viejo abogado y maestro también de generaciones de quienes se han licenciado y doctorado.
Tanto hundió el escapelo Carrancá que, súbitamente, tocaba una de las fibras sensibles del Poder Legislativo: ¿Puede interpretar la Constitución el legislador?, preguntó. Y entonces se fue, llano, diciendo que no, porque el único intérprete auténtico es el juez y en el extremo la Corte.
Apostilló: “El legislador no interpreta, legisla, y mucho menos está facultado en mi opinión para definir en leyes reglamentarias lo que me parece una barbaridad, hasta dónde llega el dominio directo de la nación sobre el petróleo y los demás hidrocarburos. Hacer lo anterior, sería darle a los legisladores facultades reservadas a un Tribunal Constitucional o de control constitucional, y lo mismo pasa con el desacierto de sostener que los legisladores tienen la facultad de definir qué se entiende por explotación para los efectos del Artículo 27. Nada más nos faltaría que se añadiera a lo anterior que los legisladores pueden emitir jurisprudencia”.
A Carrancá, los organizadores del formato del debate (Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Francisco Labastida) lo pusieron en el primer turno. Y en el último —adivine a quién— al panista Fauzi Hamdan, otro hijo de la Escuela Libre de Derecho.
Sin pudor, otra vez, como ocurrió el martes, impusieron los primeros tres turnos a los tres —de seis— ponentes que se perfilaban como críticos duros de las propuestas de Felipe Calderón.
Después del maestro emérito, venía Sergio García Ramírez, cuyo discernimiento calaba a panistas y priistas: “Conviene abandonar la idea de que no existe otra ruta que la marcada en los proyectos y que fuera de ella está el abismo, y no podemos afirmar que con esta reforma el Estado será capaz, como dice la exposición de motivos sobre la ley reglamentaria, de garantizar el acceso a todos los mexicanos, a la salud y la educación, la seguridad, el combate a la pobreza y el apoyo a los proyectos sociales, construir la infraestructura que el país requiere. Si creyésemos en esa oferta milagrosa, habría que aprobar ahora mismo esa reforma y lo demás se nos daría por añadidura”.
Argumentación de alto voltaje. Acalambró a todos los oyentes, quienes todavía le tuvieron que escuchar: “Es preciso realizar reformas, pero abundan las discrepancias, en esta encrucijada, a mi juicio, no necesitamos una solución cuya fuerza reside en la votación, sino una solución que no derribe las decisiones constitucionales y cuyo vigor provenga de su justificación al amparo de los intereses nacionales”.
El tercero: Luis Javier Garrido. lopezobradorista confeso. De plano, se fue sin preámbulos a la yugular de los proponentes de la reforma energética: “México se haya ante una situación de excepcional gravedad, pues se está abriendo un escenario en el que dos de los poderes de la Unión: el Ejecutivo, aún sea de facto, y el Legislativo, pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución”.
Fue este orador quien dijo que la reforma propuesta es una “tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en legislación secundaria normas que creen condiciones para violar abiertamente principios centrales de la misma”.
Fue Garrido quien evocó al ex presidente estadounidense Roosevelt cuando dijo que había “pasado ya, definitivamente, la época de explotación de los recursos y el pueblo de un país, para beneficio de un grupo o de otro país”.
Garrido se corrigió: “El presidente Roosevelt se equivocaba. De aprobarse estas iniciativas, el Estado mexicano comprometería seriamente la seguridad de nuestro país, y propiciaría un serio menoscabo a la soberanía nacional al entregar, cada vez más abierta, espacios de la industria petrolera a las trasnacionales”.
Labastida enrojeció, Beltrones también. Garrido siguió: “Con cualquiera de los llamados contratos de incentivo violatorios de la Constitución, el Gobierno de facto convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono, porque la doctrina de seguridad estadounidense, redefinida por George W. Bush, establece claramente que Washinton se abrogará el derecho de intervenir militarmente en los países donde tienen intereses petroleros. Es decir, lo mismo en Iraq y en Afganistán, que en países de América Latina, por lo que ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante del Gobierno de facto, se cometería un atentado contra América Latina al hacer de México un posible objetivo militar de Washington”.
Entonces venían las contra argumentaciones. Primero, en voz de Miguel Carbonell, un estudioso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se doctoró en la Complutense de Madrid. De entrada, Carbonell dijo que opinaba que no hay inconstitucionalidad en las propuestas de reforma energética. Y trataba de contrapuntearse con el maestro Carrancá, diciendo que el legislador sí interpreta la Constitución, porque de otro modo sería imposible hacer su trabajo.
Sergio López Ayllón fue el otro doctor en Derecho Constitucional que consideró que “las iniciativas que propuso el Presidente (Felipe Calderón) se ajustan al marco constitucional”.
Luego, el priista José Elías Romero Apis, quien optaba por ponerse en medio de las dos visiones.
Después José Roldán Xopa, del ITAM, sorprendía diciendo que Pemex y el país tienen derecho a lucrar con el petróleo, antes incluso que particulares. Y al final, Fauzi Hamdan. Sí, el mismo Hamdan que tanto cabildeó desde las filas del PAN en el Congreso para el rescate del Fobaproa.
Van cuatro foros y las televisoras Televisa y Tv Azteca todavía no se dan por enteradas.
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