México
El PAN y sus urgencias
Por Vicente BELLO
Sí. Se sentían en la víspera. Y aceleraban el tranco. Senadores y diputados federales se auparon ayer en el mismo común denominador y se fueron urgiendo a las comisiones a dictaminar.
No han sido pocas las leyes que han aprobado las dos cámaras del Congreso de la Unión. En cada una de las sesiones, desde marzo a la fecha, particularmente lo diputados han estado aprobando de docena a docena y media por asamblea.
Son las elecciones de julio las que han gravitado en casi todos estos procesos legislativos. Por desgracia, a los senadores y diputados no siempre los ha movido el ánimo de legislar para beneficio de las mayorías, sino para quedar bien con los electores en estos tiempos electorales.
Pero no por interesado el debate y los procesos electorales, dejan de rezumar verdades. Este martes, verbigracia, el Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro pretendía dar por concluido el proceso de fiscalización de las cuentas públicas de 2002, 2003, 2004 y 2005.
En voz de Héctor Larios, Acción Nacional ha intentado subestimar el rechazo que la oposición toda hizo de las cuentas de 2002 y 2003. Y presiona para que este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados olvide aquellos cuatro años y apruebe de una buena vez la cuenta pública de 2006. O sea, el primer año de la administración de Felipe Calderón.
A Larios le urge, sobremanera, que la cuenta de 2006 sea aprobada en cualesquiera de estas tres sesiones últimas del periodo ordinario (recuérdese que, con ellas, también concluirá la LX Legislatura), por una razón sencilla: temen los panistas en serio que a partir de la LXI Legislatura (septiembre próximo) el número de 210 diputados de que gozan actualmente disminuya de modo considerable. Y comiencen a tener problemas a la hora de las negociaciones con la oposición que virtualmente pongan éstos (los opositores, al PAN a “parir”, y suceda a Calderón literalmente lo mismo que ahora le está sucediendo a Vicente Fox, a quien —incluso cuando judicialmente nada pueden hacer en contra de él— lo han tenido prácticamente sangrando desde hace muchos días. De corrupto —y de alcahuete de Marta Sahagún— no lo baja la oposición.
A contrapelo de lo que han afirmado unánimemente priistas, perredistas, petistas, pvemistas y pcedistas, de que no será revisada la cuenta pública de ningún otro año hasta en tanto no sea resuelto 2002 y 2003, el jefe de la bancada panista Héctor Larios ha comenzado a contraatacar diciendo que aquello del rechazo a las cuentas son una vacilada política, y que en cambio ya deberían de estar los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública revisando la de 2006.
No es tan simple como pretende Larios mirar el asunto. En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, se mandató allí que las cuentas públicas de 2002 y 2003 deberían ser aprobadas a más tardar en 180 días a partir de dicha publicación. También las de 2004 y 2005. Las cuatro revisiones correspondían hacerlo a la anterior Legislatura, la LIX. Y la cuenta pública de 2006 no debería pasar, su aprobación, más allá de diciembre de 2008.
En los corrillos que, al respecto, suelen hacerse en San Lázaro, los diputados admiten que si la justicia fuera expedita en México ellos, literalmente todos, deberían ser sujetos a enjuiciamiento político, pues no han cumplido con esa labor esencial de servir de contrapeso del Ejecutivo, que de por sí suelen hacer con una gran mediocridad.
Pero no sólo este asunto de la cuanta pública de 2006 interesa con gran urgencia al panismo. También están allí la Ley de Extinción de Dominio, Ley General del Infonavit, Ley General de Adquisiciones y Obra Pública y, entre una veintena más, la Ley de Inversión Extranjera.
Detrás del interés del PAN de Héctor Larios, está, evidentemente, el interés que en la aprobación de ellas tiene el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón.
Son leyes que cargan una gran jiribilla. Es decir, un gran plan con maña. Y el PAN ha estado presionando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que los acompañe en la votación final.
La Ley General de Extinción de Dominio es una minuta (así se le dice a una iniciativa aprobada en una de las dos cámaras) que llegó a San Lázaro desde el Senado, y de ello ya tiene más de 20 días y los diputados siguen haciéndole al tiololo solo. En el pasillo, susurran los panistas que el PRI pretende no dictaminarla en este periodo ordinario que finaliza, sino hasta junio —mes en que los priistas prometen que empujarán para convocar a un periodo extraordinario de sesiones—, para que su entrada en vigor no sea antes de fin de año.
En la Ley General del Infonavit , el Partido Acción Nacional pretendería dos cambios fundamentales, pero a la vez muy peligrosos desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática (PRD): del total de los fondos del Infonavit, los panistas quieren que sólo 1%, sí, uno, vaya al sector vivienda, y el resto a las sofoles. También, el panismo de Héctor Larios pretendería incorporar en el dictamen cambios que permitan que la cartera vencida del Infonavit sea vendida a terceros. Y estos terceros no serían más que empresas dedicadas a cobrar a los morosos.
Ya encarrerados, los panistas también pugnan estos días de recta final cambios urgentes a la Ley General de Adquisiciones y Obra Pública, lo que no es más que un danzón dedicado a la nueva refinería.
Felipe Calderón —han visualizado opositores del PRI— pretende cambios a la General de Adquisiciones que permitan que un proyectista (en este caso de la refinería) también pueda concursar en licitaciones. Esta dualidad está prohibida actualmente por la ley, porque es de sentido común suponer que el proyectista estaría concursando con todo en su favor. Tendría información muy sensible que le permitiría ganar de calle a los demás competidores.
Suponen los perredistas y priístas que con este cambio legal, Calderón pretendería imponer como ganadora de la licitud de la construcción a la empresa que haría el proyecto y diseño de la refinería de marras.
La otra Ley sobre la cual los panistas están urgidísimos de su aprobación, es la de Inversión Extranjera. El PAN quiere que sea quitado definitivamente el candado aquél de 49% máximo permitido para que un extranjero invierta en México. Pujan por 100%; tal y como lo pretenden empresas de moda en el país como Movistar, la telefónica española que quiere entrar al país, pero sin comprometerse a colocar telefonía fija en comunidades apartadas. Ni más ni menos, como tampoco lo hizo Telmex. Nada que ver con las obligaciones sociales de la empresa.
Pues en éstas están ahora, en el Congreso. Jueves 23 de abril. Será la antepenúltima sesión.
No han sido pocas las leyes que han aprobado las dos cámaras del Congreso de la Unión. En cada una de las sesiones, desde marzo a la fecha, particularmente lo diputados han estado aprobando de docena a docena y media por asamblea.
Son las elecciones de julio las que han gravitado en casi todos estos procesos legislativos. Por desgracia, a los senadores y diputados no siempre los ha movido el ánimo de legislar para beneficio de las mayorías, sino para quedar bien con los electores en estos tiempos electorales.
Pero no por interesado el debate y los procesos electorales, dejan de rezumar verdades. Este martes, verbigracia, el Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro pretendía dar por concluido el proceso de fiscalización de las cuentas públicas de 2002, 2003, 2004 y 2005.
En voz de Héctor Larios, Acción Nacional ha intentado subestimar el rechazo que la oposición toda hizo de las cuentas de 2002 y 2003. Y presiona para que este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados olvide aquellos cuatro años y apruebe de una buena vez la cuenta pública de 2006. O sea, el primer año de la administración de Felipe Calderón.
A Larios le urge, sobremanera, que la cuenta de 2006 sea aprobada en cualesquiera de estas tres sesiones últimas del periodo ordinario (recuérdese que, con ellas, también concluirá la LX Legislatura), por una razón sencilla: temen los panistas en serio que a partir de la LXI Legislatura (septiembre próximo) el número de 210 diputados de que gozan actualmente disminuya de modo considerable. Y comiencen a tener problemas a la hora de las negociaciones con la oposición que virtualmente pongan éstos (los opositores, al PAN a “parir”, y suceda a Calderón literalmente lo mismo que ahora le está sucediendo a Vicente Fox, a quien —incluso cuando judicialmente nada pueden hacer en contra de él— lo han tenido prácticamente sangrando desde hace muchos días. De corrupto —y de alcahuete de Marta Sahagún— no lo baja la oposición.
A contrapelo de lo que han afirmado unánimemente priistas, perredistas, petistas, pvemistas y pcedistas, de que no será revisada la cuenta pública de ningún otro año hasta en tanto no sea resuelto 2002 y 2003, el jefe de la bancada panista Héctor Larios ha comenzado a contraatacar diciendo que aquello del rechazo a las cuentas son una vacilada política, y que en cambio ya deberían de estar los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública revisando la de 2006.
No es tan simple como pretende Larios mirar el asunto. En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, se mandató allí que las cuentas públicas de 2002 y 2003 deberían ser aprobadas a más tardar en 180 días a partir de dicha publicación. También las de 2004 y 2005. Las cuatro revisiones correspondían hacerlo a la anterior Legislatura, la LIX. Y la cuenta pública de 2006 no debería pasar, su aprobación, más allá de diciembre de 2008.
En los corrillos que, al respecto, suelen hacerse en San Lázaro, los diputados admiten que si la justicia fuera expedita en México ellos, literalmente todos, deberían ser sujetos a enjuiciamiento político, pues no han cumplido con esa labor esencial de servir de contrapeso del Ejecutivo, que de por sí suelen hacer con una gran mediocridad.
Pero no sólo este asunto de la cuanta pública de 2006 interesa con gran urgencia al panismo. También están allí la Ley de Extinción de Dominio, Ley General del Infonavit, Ley General de Adquisiciones y Obra Pública y, entre una veintena más, la Ley de Inversión Extranjera.
Detrás del interés del PAN de Héctor Larios, está, evidentemente, el interés que en la aprobación de ellas tiene el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón.
Son leyes que cargan una gran jiribilla. Es decir, un gran plan con maña. Y el PAN ha estado presionando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que los acompañe en la votación final.
La Ley General de Extinción de Dominio es una minuta (así se le dice a una iniciativa aprobada en una de las dos cámaras) que llegó a San Lázaro desde el Senado, y de ello ya tiene más de 20 días y los diputados siguen haciéndole al tiololo solo. En el pasillo, susurran los panistas que el PRI pretende no dictaminarla en este periodo ordinario que finaliza, sino hasta junio —mes en que los priistas prometen que empujarán para convocar a un periodo extraordinario de sesiones—, para que su entrada en vigor no sea antes de fin de año.
En la Ley General del Infonavit , el Partido Acción Nacional pretendería dos cambios fundamentales, pero a la vez muy peligrosos desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática (PRD): del total de los fondos del Infonavit, los panistas quieren que sólo 1%, sí, uno, vaya al sector vivienda, y el resto a las sofoles. También, el panismo de Héctor Larios pretendería incorporar en el dictamen cambios que permitan que la cartera vencida del Infonavit sea vendida a terceros. Y estos terceros no serían más que empresas dedicadas a cobrar a los morosos.
Ya encarrerados, los panistas también pugnan estos días de recta final cambios urgentes a la Ley General de Adquisiciones y Obra Pública, lo que no es más que un danzón dedicado a la nueva refinería.
Felipe Calderón —han visualizado opositores del PRI— pretende cambios a la General de Adquisiciones que permitan que un proyectista (en este caso de la refinería) también pueda concursar en licitaciones. Esta dualidad está prohibida actualmente por la ley, porque es de sentido común suponer que el proyectista estaría concursando con todo en su favor. Tendría información muy sensible que le permitiría ganar de calle a los demás competidores.
Suponen los perredistas y priístas que con este cambio legal, Calderón pretendería imponer como ganadora de la licitud de la construcción a la empresa que haría el proyecto y diseño de la refinería de marras.
La otra Ley sobre la cual los panistas están urgidísimos de su aprobación, es la de Inversión Extranjera. El PAN quiere que sea quitado definitivamente el candado aquél de 49% máximo permitido para que un extranjero invierta en México. Pujan por 100%; tal y como lo pretenden empresas de moda en el país como Movistar, la telefónica española que quiere entrar al país, pero sin comprometerse a colocar telefonía fija en comunidades apartadas. Ni más ni menos, como tampoco lo hizo Telmex. Nada que ver con las obligaciones sociales de la empresa.
Pues en éstas están ahora, en el Congreso. Jueves 23 de abril. Será la antepenúltima sesión.
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