México
El IFE regresa dictamen sobre gastos de campaña 2012
El Consejo General regresa el dictamen a la Unidad de Fiscalización
CIUDAD DE MÉXICO (10/JUL/2013).- El Consejo General del IFE regresó hoy a la Unidad de Fiscalización el dictamen consolidado de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones en el proceso electoral federal 2012.
Por unanimidad, a propuesta del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, el organismo electoral aprobó los cinco elementos que deberán ser reflejados en los documentos que concreten la valoración integral sobre los informes de gastos de campaña.
Valdés Zurita planteó que en el caso de los gastos que beneficien a campañas federales y locales, se requiere aplicar criterios de prorrateo previstos en el Artículo 195 del Reglamento de Fiscalización y después los derivados del Artículo 177, sin excepción, a todas las campañas beneficiadas.
Asimismo, dijo que se debe distribuir de manera igualitaria entre el número de candidatos beneficiados, los gastos no reportados que beneficien a más de una campaña.
Además, mencionó que con el objeto de respetar la garantía constitucional del debido proceso, es necesario excluir del dictamen los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México y turnarlos a la Unidad de Fiscalización, a cargo de Alfredo Cristalinas,
"En virtud de que en una revisión exhaustiva del dictamen consolidado no resultan suficientemente claras las motivaciones sobre la improcedencia de la reclasificación de gastos de la Coalición Movimiento Progresista, la Unidad deberá fundar y motivar con mayor detalle la improcedencia de las reclasificaciones de gasto planteadas en el dictamen", anotó.
En sesión extraordinaria, que se prolongó más de tres horas, de inicio, el consejero electoral Alfredo Figueroa anunció su voto a favor de la devolución del documento, y expresó una serie de complicaciones en la revisión de gastos de campaña.
Indicó que se debe determinar en qué caso los gastos de campaña corresponden a una coalición o partido político, o, en su efecto, si son relativos en específico a un tipo de candidatura.
A su vez, el consejero electoral, Marco Antonio Baños, respaldó el planteamiento de Valdés Zurita, al afirmar que "ha actuado con pertinencia en la búsqueda de encontrar puntos de coincidencia respecto a algunos criterios para que el dictamen pueda ser fortalecido.
En tanto, María Marván Laborde, ante el dato de que el documento refleja un gasto de 100 millones de pesos no reportado, dijo que toda erogación que tenga esa característica deberá ser sancionada.
Asimismo, se refirió en específico al análisis que se hizo de los gastos de la Coalición Movimiento Progresista, y consideró que la Unidad de Fiscalización se excede al pretender aplicar una sanción en virtud de que, presuntamente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue beneficiado por la propaganda electoral.
En su oportunidad, el consejero electoral, Francisco Guerrero Aguirre, de entrada, celebró la convocatoria a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, con una agenda que incluye el nombramiento del consejero que ocupará la vacante que dejó en febrero Sergio García Ramírez.
Indicó estar de acuerdo con los planteamientos del presidente del Consejo General, y reflexionó en cuanto a que en el modelo de fiscalización las sanciones se aplican a los partidos políticos, aunque se habla mucho de quienes fueron candidatos.
A su vez, el consejero Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que las campañas de los partidos y las coaliciones coincidieron en espacio y tiempo "y por lo tanto no pueden ser explicadas de manera escindida".
En tanto, la consejera Macarita Elizondo Gasperin, expuso no coincidir con la definición que dio la Unidad de Fiscalización respecto de los gastos no reportados, y comentó que sólo se puede aplicar la regla general a los partidos y coaliciones.
Por unanimidad, a propuesta del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, el organismo electoral aprobó los cinco elementos que deberán ser reflejados en los documentos que concreten la valoración integral sobre los informes de gastos de campaña.
Valdés Zurita planteó que en el caso de los gastos que beneficien a campañas federales y locales, se requiere aplicar criterios de prorrateo previstos en el Artículo 195 del Reglamento de Fiscalización y después los derivados del Artículo 177, sin excepción, a todas las campañas beneficiadas.
Asimismo, dijo que se debe distribuir de manera igualitaria entre el número de candidatos beneficiados, los gastos no reportados que beneficien a más de una campaña.
Además, mencionó que con el objeto de respetar la garantía constitucional del debido proceso, es necesario excluir del dictamen los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México y turnarlos a la Unidad de Fiscalización, a cargo de Alfredo Cristalinas,
"En virtud de que en una revisión exhaustiva del dictamen consolidado no resultan suficientemente claras las motivaciones sobre la improcedencia de la reclasificación de gastos de la Coalición Movimiento Progresista, la Unidad deberá fundar y motivar con mayor detalle la improcedencia de las reclasificaciones de gasto planteadas en el dictamen", anotó.
En sesión extraordinaria, que se prolongó más de tres horas, de inicio, el consejero electoral Alfredo Figueroa anunció su voto a favor de la devolución del documento, y expresó una serie de complicaciones en la revisión de gastos de campaña.
Indicó que se debe determinar en qué caso los gastos de campaña corresponden a una coalición o partido político, o, en su efecto, si son relativos en específico a un tipo de candidatura.
A su vez, el consejero electoral, Marco Antonio Baños, respaldó el planteamiento de Valdés Zurita, al afirmar que "ha actuado con pertinencia en la búsqueda de encontrar puntos de coincidencia respecto a algunos criterios para que el dictamen pueda ser fortalecido.
En tanto, María Marván Laborde, ante el dato de que el documento refleja un gasto de 100 millones de pesos no reportado, dijo que toda erogación que tenga esa característica deberá ser sancionada.
Asimismo, se refirió en específico al análisis que se hizo de los gastos de la Coalición Movimiento Progresista, y consideró que la Unidad de Fiscalización se excede al pretender aplicar una sanción en virtud de que, presuntamente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue beneficiado por la propaganda electoral.
En su oportunidad, el consejero electoral, Francisco Guerrero Aguirre, de entrada, celebró la convocatoria a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, con una agenda que incluye el nombramiento del consejero que ocupará la vacante que dejó en febrero Sergio García Ramírez.
Indicó estar de acuerdo con los planteamientos del presidente del Consejo General, y reflexionó en cuanto a que en el modelo de fiscalización las sanciones se aplican a los partidos políticos, aunque se habla mucho de quienes fueron candidatos.
A su vez, el consejero Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que las campañas de los partidos y las coaliciones coincidieron en espacio y tiempo "y por lo tanto no pueden ser explicadas de manera escindida".
En tanto, la consejera Macarita Elizondo Gasperin, expuso no coincidir con la definición que dio la Unidad de Fiscalización respecto de los gastos no reportados, y comentó que sólo se puede aplicar la regla general a los partidos y coaliciones.
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