México
El Gobierno no se atreve contra los curas
La sotana de ministro católico, como si estuviésemos en el siglo XIX, es muchas veces sinónimo de inmunidad frente a la acción del Estado
El Estado mexicano reconoce fueros que, si bien discutidos y polémicos por el abuso que han permitido, son legales, pero también respeta otros que no existen en ninguna ley formal.
La sotana de ministro católico, como si estuviésemos en el siglo XIX, es muchas veces sinónimo de inmunidad frente a la acción del Estado. Lo grave es que parece aceptable.
Cuando algún cómico, conductor de televisión o radio e incluso un diputado —que sí goza de un fuero legal— usa públicamente expresiones discriminatorias hacia algún grupo de la sociedad por razón de sus creencias, su origen racial o sus preferencias sexuales, un organismo cuya existencia debemos a los esfuerzos por lograr una convivencia civilizada del ya fallecido Gilberto Rincón Gallardo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de inmediato reacciona, como debe suceder, para reconvenirlos.
Ese consejo, encargado de aplicar no un acuerdo informal sino una ley que prohíbe discriminar, ya recibió quejas de ciudadanos contra el cardenal católico Juan Sandoval Íñiguez porque ha utilizado en los últimos días expresiones de desprecio, condena y flagrante discriminación contra las personas homosexuales.
Es cierto que la ley no le otorga dientes al Conapred para aplicar sanciones pero la contundencia y celeridad con que ha actuado para llamar la atención y recomendar algún curso de derechos humanos a personas de los medios de comunicación no han aparecido en el caso del prelado tapatío.
De manera sorprendente, las declaraciones del mismo personaje contra los ministros de la Suprema Corte y el jefe de Gobierno del Distrito Federal sí causan una reacción institucional, tímida, pero reacción al fin: si insulta a la comunidad homosexual, al Estado no le preocupa; si acusa sin pruebas a los ministros, entonces sí hay indignación.
Pero esa inmunidad no se limita a un asunto que podría parecer menor a algunos, como es el de insultar y discriminar, sino que se manifiesta de modo preocupante en el terreno de delitos como el abuso sexual y los manejos financieros al margen de la ley.
Mientras el propio Vaticano, Estado extranjero que como ya se sabe tarda siglos y a veces hasta milenios en reconocer sus errores, decidió intervenir en el escandaloso caso del padre Maciel y su Legión de Cristo, el Estado mexicano se ha contentado con ser espectador de las investigaciones que se conducen desde Roma sobre los abusos sexuales cometidos por el fundador y diversos miembros de esa congregación contra menores y sobre la forma como han manejado los abundantes recursos monetarios que tiene a sus disposición dicho grupo.
Ni una averiguación por abuso sexual ni una pregunta sobre posible “lavado” de dinero, evasión de impuestos u otros delitos ha provenido del Estado mexicano.
Que alguien avise a quienes encabezan nuestras instituciones que el siglo XIX ya terminó.
Saciamorbos
A la Torre del Bicentenario le fue detectado un problema de diseño: demasiadas Flores.
La sotana de ministro católico, como si estuviésemos en el siglo XIX, es muchas veces sinónimo de inmunidad frente a la acción del Estado. Lo grave es que parece aceptable.
Cuando algún cómico, conductor de televisión o radio e incluso un diputado —que sí goza de un fuero legal— usa públicamente expresiones discriminatorias hacia algún grupo de la sociedad por razón de sus creencias, su origen racial o sus preferencias sexuales, un organismo cuya existencia debemos a los esfuerzos por lograr una convivencia civilizada del ya fallecido Gilberto Rincón Gallardo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de inmediato reacciona, como debe suceder, para reconvenirlos.
Ese consejo, encargado de aplicar no un acuerdo informal sino una ley que prohíbe discriminar, ya recibió quejas de ciudadanos contra el cardenal católico Juan Sandoval Íñiguez porque ha utilizado en los últimos días expresiones de desprecio, condena y flagrante discriminación contra las personas homosexuales.
Es cierto que la ley no le otorga dientes al Conapred para aplicar sanciones pero la contundencia y celeridad con que ha actuado para llamar la atención y recomendar algún curso de derechos humanos a personas de los medios de comunicación no han aparecido en el caso del prelado tapatío.
De manera sorprendente, las declaraciones del mismo personaje contra los ministros de la Suprema Corte y el jefe de Gobierno del Distrito Federal sí causan una reacción institucional, tímida, pero reacción al fin: si insulta a la comunidad homosexual, al Estado no le preocupa; si acusa sin pruebas a los ministros, entonces sí hay indignación.
Pero esa inmunidad no se limita a un asunto que podría parecer menor a algunos, como es el de insultar y discriminar, sino que se manifiesta de modo preocupante en el terreno de delitos como el abuso sexual y los manejos financieros al margen de la ley.
Mientras el propio Vaticano, Estado extranjero que como ya se sabe tarda siglos y a veces hasta milenios en reconocer sus errores, decidió intervenir en el escandaloso caso del padre Maciel y su Legión de Cristo, el Estado mexicano se ha contentado con ser espectador de las investigaciones que se conducen desde Roma sobre los abusos sexuales cometidos por el fundador y diversos miembros de esa congregación contra menores y sobre la forma como han manejado los abundantes recursos monetarios que tiene a sus disposición dicho grupo.
Ni una averiguación por abuso sexual ni una pregunta sobre posible “lavado” de dinero, evasión de impuestos u otros delitos ha provenido del Estado mexicano.
Que alguien avise a quienes encabezan nuestras instituciones que el siglo XIX ya terminó.
Saciamorbos
A la Torre del Bicentenario le fue detectado un problema de diseño: demasiadas Flores.
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