México
El Gobierno invierte 70 MDP en blindar vehículos oficiales
La protección de los secretarios José Ángel Córdova Villalobos y Gloria Guevara es prioritaria para las autoridades federales
CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2010).- El Gobierno federal busca reforzar la seguridad de secretarios de Estado como los de Turismo y Salud con la compra de vehículos blindados “para salvaguardar su integridad física”.
También se adquirirán unidades de este tipo para funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los centros penitenciarios federales del país que podrían estar expuestos a atentados de la delincuencia organizada, un blindaje en el que se invertirán más de 70 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), también tiene previsto un gasto superior a los 145 millones de pesos para adquirir 30 vehículos con blindaje para el traslado de reos peligrosos e impedir posibles intentos de rescate de delincuentes.
Autosafe, Blindajes Alemanes, Global Armor, TPS, Epel Blindaje, Autowerk y Ballistic son las empresas que concentran 65% o 70% del mercado de vehículos blindados en México, que hoy tienen un gran cliente: dos de cada 10 automóviles son adquiridos por el Gobierno federal, revela la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).
Detalla que las compras de Gobierno están contribuyendo a detonar este mercado. “Las expectativas para este año son vender dos mil unidades, lo que representa un incremento de 15% respecto de las ventas de 2009. De éstas, una cuarta parte son compras de Gobierno y el resto de la iniciativa privada”. Se estima así que alrededor de 500 automotores con protección especial serían distribuidos entre dependencias de la administración pública federal en lo que resta del año y durante 2011.
Documentos dan cuenta de algunos de los proyectos de compras de “vehículos con características especiales de seguridad” entregados por diversas dependencias federales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que justifican esta inversión para finales de este año y 2011, ante la necesidad de reforzar la seguridad de los secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel y servidores públicos operativos.
Extreman protección
El secretario de Salud, José Ángel Córdova, requirió en julio pasado a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia la compra de una unidad con protección especial para sus traslados.
En el oficio 315-A-03024 enviado al director general de Programación y Presupuesto “A” de la subsecretaría de Egresos de Hacienda se argumenta: “Es necesario contar con un vehículo que sustente las condiciones de seguridad para su traslado, las cuales garanticen su protección personal e integridad física, a fin de minimizar la repercusión que pudiera enfrentar ante posibles ataques y/o actos de violencia, en virtud del alto grado de importancia y trascendencia que reviste su actuación e intervenciones”.
Se agrega en el documento que Córdova Villalobos “es la segunda autoridad sanitaria del país, después del Presidente de la República (…) derivado de las actividades del titular del ramo es necesario contar con el vehículo con características especiales de seguridad”.
La Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda consideró procedente la compra del vehículo por un monto de dos millones 100 mil pesos para uso del secretario, pues además el automóvil blindado que tiene hoy asignado data de octubre de 2007 y ha presentado fallas continuas en sus sistemas de transmisión y suspensión.
Altos niveles de blindaje
Gloria Guevara, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), es otra de las funcionarias que el Gobierno federal blindará. El documento con la justificación económica de la inversión, enviado a Hacienda, destaca que sus escoltas le recomendaron reforzar su seguridad y contar con un vehículo con protección especial.
En el proyecto se solicita la compra de una camioneta con valor de dos millones 100 mil pesos, “modelo 2010 de ocho cilindros, automática, cuatro puertas, vestiduras de piel, con blindaje nivel D, conocido como N5”.
Hacienda también presentó su proyecto de adquisiciones para octubre-diciembre de 2010, en el que se prevé la compra de tres vehículos blindados por un total de seis millones 916 mil 800 pesos, con lo que se reforzaría el parque vehicular de 31 unidades con blindaje con las que ya cuenta la dependencia.
En la solicitud número 29575 formulada en octubre de este año por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SHCP, se menciona “la necesidad de contar con vehículos con características especiales de seguridad, para brindar la protección necesaria en la transportación de algunos servidores públicos”. No se indica si alguna de la unidades será asignada al titular Ernesto Cordero.
Se refuerzan contra atentados
La PGR solicitó con carácter de “urgente” la compra de vehículos blindados para el periodo enero-marzo de 2011, por un monto de 14 millones 616 mil pesos, para reforzar la seguridad de servidores públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En el documento, en el que se justifica esta adquisición, se indica que “derivado del incremento en el número de acciones violentas a cargo de la delincuencia organizada, la violencia con la que vienen llevando a cabo y el hecho generalizado de atentar en contra de los servidores públicos, es indispensable e impostergable que las instituciones que la combaten como esta procuraduría, cuenten con la infraestructura necesaria para enfrentarla y preservar la integridad física de los servidores públicos”.
Los vehículos se entregarían a la unidad especializada que realiza la intervención de comunicaciones, por lo que se añade que “debido a las funciones de los servidores que participan en coordinación táctica y/o estratégica para el combate frontal al crimen organizado y que ponen en riesgo su integridad física, se requiere la continuidad de acciones para aumentar su protección”.
Ante la ofensiva del Gobierno federal contra el narco y el crimen durante esta gestión, la PGR inició en 2007 un programa de blindaje, ya que “se prevén respuestas violentas hacia diversos servidores públicos de esta dependencia”, según argumentó en 2008 ante Hacienda cuando solicitó en ese año la compra de vehículos blindados por un valor superior a los 45 millones de pesos.
En junio de este año la SSP federal también requirió a la Secretaría de Hacienda la autorización para comprar 24 vehículos blindados, con un valor de 47 millones 583 mil 422 pesos, para la protección de sus servidores públicos.
En el documento que presentó de “análisis costo-eficiencia” de la inversión, destaca que las camionetas blindadas para el proyecto: 16 Suburban, cuatro Cherokee, dos Expedition y dos Yukon se destinarán al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para proteger a los funcionarios que trabajan en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Un proyecto de 145 MDP
Tanquetas para impedir rescates de reclusos
El blindaje para el traslado de reos es también un proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que requirió autorización para adquirir 30 unidades blindadas especiales con un costo de 145 millones 256 mil 289 pesos, a fin de evitar que al efectuarse estas operaciones exista el riesgo de intentos de rescate de integrantes del hampa.
Se solicitaron vehículos blindados tipo tanqueta, “con características especiales no disponibles en el mercado”.
El paquete incluye dos Chasis cabina unidad de traslado de 22 internos, dos Chasis vehículo de custodia propósitos especiales camello austero, dos unidades de traslado de 28 internos, cinco Chasis de custodia para propósitos especiales camello equipado, cinco Chasis de traslado de 12 internos y 14 vehículos tácticos.
Se justifica la compra ante la necesidad de reubicar a internos —sobre todo federales—, para la despresurización de los centros penitenciarios “que evidentemente implica condiciones de riesgo para el personal que enfrenta situaciones extremas, poniendo en riesgo hasta su vida”.
También se adquirirán unidades de este tipo para funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los centros penitenciarios federales del país que podrían estar expuestos a atentados de la delincuencia organizada, un blindaje en el que se invertirán más de 70 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), también tiene previsto un gasto superior a los 145 millones de pesos para adquirir 30 vehículos con blindaje para el traslado de reos peligrosos e impedir posibles intentos de rescate de delincuentes.
Autosafe, Blindajes Alemanes, Global Armor, TPS, Epel Blindaje, Autowerk y Ballistic son las empresas que concentran 65% o 70% del mercado de vehículos blindados en México, que hoy tienen un gran cliente: dos de cada 10 automóviles son adquiridos por el Gobierno federal, revela la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).
Detalla que las compras de Gobierno están contribuyendo a detonar este mercado. “Las expectativas para este año son vender dos mil unidades, lo que representa un incremento de 15% respecto de las ventas de 2009. De éstas, una cuarta parte son compras de Gobierno y el resto de la iniciativa privada”. Se estima así que alrededor de 500 automotores con protección especial serían distribuidos entre dependencias de la administración pública federal en lo que resta del año y durante 2011.
Documentos dan cuenta de algunos de los proyectos de compras de “vehículos con características especiales de seguridad” entregados por diversas dependencias federales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que justifican esta inversión para finales de este año y 2011, ante la necesidad de reforzar la seguridad de los secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel y servidores públicos operativos.
Extreman protección
El secretario de Salud, José Ángel Córdova, requirió en julio pasado a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia la compra de una unidad con protección especial para sus traslados.
En el oficio 315-A-03024 enviado al director general de Programación y Presupuesto “A” de la subsecretaría de Egresos de Hacienda se argumenta: “Es necesario contar con un vehículo que sustente las condiciones de seguridad para su traslado, las cuales garanticen su protección personal e integridad física, a fin de minimizar la repercusión que pudiera enfrentar ante posibles ataques y/o actos de violencia, en virtud del alto grado de importancia y trascendencia que reviste su actuación e intervenciones”.
Se agrega en el documento que Córdova Villalobos “es la segunda autoridad sanitaria del país, después del Presidente de la República (…) derivado de las actividades del titular del ramo es necesario contar con el vehículo con características especiales de seguridad”.
La Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda consideró procedente la compra del vehículo por un monto de dos millones 100 mil pesos para uso del secretario, pues además el automóvil blindado que tiene hoy asignado data de octubre de 2007 y ha presentado fallas continuas en sus sistemas de transmisión y suspensión.
Altos niveles de blindaje
Gloria Guevara, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), es otra de las funcionarias que el Gobierno federal blindará. El documento con la justificación económica de la inversión, enviado a Hacienda, destaca que sus escoltas le recomendaron reforzar su seguridad y contar con un vehículo con protección especial.
En el proyecto se solicita la compra de una camioneta con valor de dos millones 100 mil pesos, “modelo 2010 de ocho cilindros, automática, cuatro puertas, vestiduras de piel, con blindaje nivel D, conocido como N5”.
Hacienda también presentó su proyecto de adquisiciones para octubre-diciembre de 2010, en el que se prevé la compra de tres vehículos blindados por un total de seis millones 916 mil 800 pesos, con lo que se reforzaría el parque vehicular de 31 unidades con blindaje con las que ya cuenta la dependencia.
En la solicitud número 29575 formulada en octubre de este año por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SHCP, se menciona “la necesidad de contar con vehículos con características especiales de seguridad, para brindar la protección necesaria en la transportación de algunos servidores públicos”. No se indica si alguna de la unidades será asignada al titular Ernesto Cordero.
Se refuerzan contra atentados
La PGR solicitó con carácter de “urgente” la compra de vehículos blindados para el periodo enero-marzo de 2011, por un monto de 14 millones 616 mil pesos, para reforzar la seguridad de servidores públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En el documento, en el que se justifica esta adquisición, se indica que “derivado del incremento en el número de acciones violentas a cargo de la delincuencia organizada, la violencia con la que vienen llevando a cabo y el hecho generalizado de atentar en contra de los servidores públicos, es indispensable e impostergable que las instituciones que la combaten como esta procuraduría, cuenten con la infraestructura necesaria para enfrentarla y preservar la integridad física de los servidores públicos”.
Los vehículos se entregarían a la unidad especializada que realiza la intervención de comunicaciones, por lo que se añade que “debido a las funciones de los servidores que participan en coordinación táctica y/o estratégica para el combate frontal al crimen organizado y que ponen en riesgo su integridad física, se requiere la continuidad de acciones para aumentar su protección”.
Ante la ofensiva del Gobierno federal contra el narco y el crimen durante esta gestión, la PGR inició en 2007 un programa de blindaje, ya que “se prevén respuestas violentas hacia diversos servidores públicos de esta dependencia”, según argumentó en 2008 ante Hacienda cuando solicitó en ese año la compra de vehículos blindados por un valor superior a los 45 millones de pesos.
En junio de este año la SSP federal también requirió a la Secretaría de Hacienda la autorización para comprar 24 vehículos blindados, con un valor de 47 millones 583 mil 422 pesos, para la protección de sus servidores públicos.
En el documento que presentó de “análisis costo-eficiencia” de la inversión, destaca que las camionetas blindadas para el proyecto: 16 Suburban, cuatro Cherokee, dos Expedition y dos Yukon se destinarán al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para proteger a los funcionarios que trabajan en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Un proyecto de 145 MDP
Tanquetas para impedir rescates de reclusos
El blindaje para el traslado de reos es también un proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que requirió autorización para adquirir 30 unidades blindadas especiales con un costo de 145 millones 256 mil 289 pesos, a fin de evitar que al efectuarse estas operaciones exista el riesgo de intentos de rescate de integrantes del hampa.
Se solicitaron vehículos blindados tipo tanqueta, “con características especiales no disponibles en el mercado”.
El paquete incluye dos Chasis cabina unidad de traslado de 22 internos, dos Chasis vehículo de custodia propósitos especiales camello austero, dos unidades de traslado de 28 internos, cinco Chasis de custodia para propósitos especiales camello equipado, cinco Chasis de traslado de 12 internos y 14 vehículos tácticos.
Se justifica la compra ante la necesidad de reubicar a internos —sobre todo federales—, para la despresurización de los centros penitenciarios “que evidentemente implica condiciones de riesgo para el personal que enfrenta situaciones extremas, poniendo en riesgo hasta su vida”.
Síguenos en