México
El GIEI advierte tortura como obstáculo en investigaciones
Los testigos clave habrían sido obligados a declarar para sostener la versión oficial de los hechos
CIUDAD DE MÉXICO (25/ABR/2016).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, advirtió evidencias de tortura contra los acusados clave para sostener la versión oficial de los hechos y denunció que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento del caso.
En su segundo y último reporte divulgado el domingo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) consideró que ha habido falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.
"Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado", señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que pidió a las autoridades continuar la búsqueda de los estudiantes, porque hasta ahora siguen desaparecidos y no hay certeza sobre su destino.
En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en todo momento le dio facilidades y "acceso pleno a la información" al grupo de expertos y aseguró que investiga la presunta tortura de 31 de los acusados que lo han denunciado.
"La tortura no es tolerada", dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. "La investigación del caso está abierta y no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces", añadió.
Aunque los expertos ya habían dicho en su primer reporte que tenían indicios de posible tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.
A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra "indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura", lo cual podría afectar la investigación.
Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
Interrogados sobre si la versión oficial estaría basada en confesiones arrancadas por tortura, el abogado chileno Francisco Cox dijo que son los tribunales mexicanos "los que tienen que determinar cuál es la consecuencia de esta información", aunque recordó que los estándares internacionales dicen que no pueden usarse ese tipo de declaraciones en un proceso penal.
El reporte fue presentado el domingo frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la Normal, defensores de derechos humanos y activistas. "¡No se vayan, no se vayan!", les pidieron a gritos a los cinco miembros del grupo, quienes el último día de abril terminan sus actividades en el país.
Los expertos denunciaron lentitud en las respuestas a sus solicitudes ante la PGR, demora en la realización de pruebas, la falta de indagatoria en otras líneas de investigación sugeridas, la imposibilidad de volver a entrevistar a algunos inculpados o entrevistar a nuevos, la negativa a interrogar a militares y un rechazo de las autoridades castrenses a entregar documentos o imágenes que tenían en su poder sobre los hechos de aquella noche.
"Basado en todas las maneras que el gobierno ha obstruido el trabajo del grupo, parece que la razón de traerlos nunca fue para resolver el caso, sino para hacer relaciones públicas, un control de daños de cara a la indignación pública por su manera del caso", dijo a Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de la organización Human Rights Watch. "Si ese fue el cálculo, claramente calcularon mal".
Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté en el posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde el primer reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.
"El caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho", señaló el abogado colombiano Alejandro Valencia, uno de los expertos.
Amnistía Internacional calificó de "demoledor" el informe de los expertos y consideró que refleja que "la determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites.
En su segundo y último reporte divulgado el domingo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) consideró que ha habido falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.
"Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado", señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que pidió a las autoridades continuar la búsqueda de los estudiantes, porque hasta ahora siguen desaparecidos y no hay certeza sobre su destino.
En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en todo momento le dio facilidades y "acceso pleno a la información" al grupo de expertos y aseguró que investiga la presunta tortura de 31 de los acusados que lo han denunciado.
"La tortura no es tolerada", dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. "La investigación del caso está abierta y no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces", añadió.
Aunque los expertos ya habían dicho en su primer reporte que tenían indicios de posible tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.
A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra "indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura", lo cual podría afectar la investigación.
Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
Interrogados sobre si la versión oficial estaría basada en confesiones arrancadas por tortura, el abogado chileno Francisco Cox dijo que son los tribunales mexicanos "los que tienen que determinar cuál es la consecuencia de esta información", aunque recordó que los estándares internacionales dicen que no pueden usarse ese tipo de declaraciones en un proceso penal.
El reporte fue presentado el domingo frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la Normal, defensores de derechos humanos y activistas. "¡No se vayan, no se vayan!", les pidieron a gritos a los cinco miembros del grupo, quienes el último día de abril terminan sus actividades en el país.
Los expertos denunciaron lentitud en las respuestas a sus solicitudes ante la PGR, demora en la realización de pruebas, la falta de indagatoria en otras líneas de investigación sugeridas, la imposibilidad de volver a entrevistar a algunos inculpados o entrevistar a nuevos, la negativa a interrogar a militares y un rechazo de las autoridades castrenses a entregar documentos o imágenes que tenían en su poder sobre los hechos de aquella noche.
"Basado en todas las maneras que el gobierno ha obstruido el trabajo del grupo, parece que la razón de traerlos nunca fue para resolver el caso, sino para hacer relaciones públicas, un control de daños de cara a la indignación pública por su manera del caso", dijo a Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de la organización Human Rights Watch. "Si ese fue el cálculo, claramente calcularon mal".
Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté en el posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde el primer reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.
"El caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho", señaló el abogado colombiano Alejandro Valencia, uno de los expertos.
Amnistía Internacional calificó de "demoledor" el informe de los expertos y consideró que refleja que "la determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites.
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