México
El 7 de septiembre, límite para que EU pida inmunidad para Zedillo
Los demandantes buscan una compensación de 50 mil dólares, y lo hacen de manera anónima con objeto de protegerse de probables represalias, declara el abogado de los quejosos
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (12/AGO/2012).- El Departamento de Estado estadunidense tiene hasta el 7 de septiembre próximo para solicitar inmunidad para el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en el caso que enfrenta en una corte local por su supuesta responsabilidad en la matanza de Acteal.
De acuerdo con documentos de la corte revisados por Notimex, el Departamento de Estado se comprometió el pasado 23 de julio a enviar la solicitud antes del 7 de septiembre, luego de que el juez del caso lo urgiera a manifestarse sobre el asunto, a instancias de la defensa de Zedillo (1994-2000).
Asimismo, el gobierno de México había ya realizado una solicitud al Departamento de Estado para solicitar inmunidad para Zedillo en el caso de la masacre de Acteal, en el estado de Chiapas, en que 45 indígenas fueron muertos en 1997 a manos de un grupo paramilitar.
''Ahora todos estamos en espera de recibir esa declaración del Departamento de Estado. Dependiendo de lo que digan, eso tendrá un efecto en la corte'', afirmó Matthew Gordon, abogado de las 10 personas que en septiembre del año pasado ingresaron una demanda en una corte del estado de Connecticut.
Los quejosos ingresaron la demanda en la ciudad de New Haven, porque ahí radica actualmente el expresidente Zedillo, quien se desempeña como director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
Los demandantes buscan una compensación de 50 mil dólares, y lo hacen de manera anónima con objeto de protegerse de probables represalias, declaró Gordon en entrevista con Notimex.
''La razón de que el caso fuera ingresado de manera anónima (bajo el nombre de John Doe, en el argot legal de Estados Unidos) fue para proteger a las víctimas, que sí son reales, y no por razones políticas'', aseguró Gordon.
El equipo legal de Zedillo -que no respondió a la solicitud de entrevista de Notimex- ha sostenido que la demanda obedece a razones políticas, y ha solicitado de manera reiterada a la corte desecharla debido al daño que causa a la imagen pública de su representado.
Incluso, Jonathan Freiman -representante legal de Zedillo- ligó la demanda a los procesos electorales de México del año 2012, tal como consta en documentos ingresados a la corte.
Explicó además que por más de 200 años, las cortes estadunidenses han actuado bajo el entendido de que carecen de jurisdicción para revisar demandas que buscan compensación de daños de parte funcionarios de gobierno extranjeros que actuaron a nombre de un Estado soberano.
Uno de los últimos casos fue la inmunidad concedida al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, apenas en el año 2011, cuando demandantes en Estados Unidos lo relacionaron a un grupo paramilitar.
''Si el Departamento de Estado dice que no quiere que este proceso legal continúe y que sea desechado, la corte con toda probabilidad, pese a que no está legalmente obligada a hacerlo, haría caso de esta recomendación'', reconoció Gordon.
Sin embargo, el abogado de los demandantes basa toda su esperanza en la remota probabilidad de que ''el Departamento de Estado decida que no tomará una posición en el tema y deje que la corte proceda''.
De acuerdo con documentos de la corte revisados por Notimex, el Departamento de Estado se comprometió el pasado 23 de julio a enviar la solicitud antes del 7 de septiembre, luego de que el juez del caso lo urgiera a manifestarse sobre el asunto, a instancias de la defensa de Zedillo (1994-2000).
Asimismo, el gobierno de México había ya realizado una solicitud al Departamento de Estado para solicitar inmunidad para Zedillo en el caso de la masacre de Acteal, en el estado de Chiapas, en que 45 indígenas fueron muertos en 1997 a manos de un grupo paramilitar.
''Ahora todos estamos en espera de recibir esa declaración del Departamento de Estado. Dependiendo de lo que digan, eso tendrá un efecto en la corte'', afirmó Matthew Gordon, abogado de las 10 personas que en septiembre del año pasado ingresaron una demanda en una corte del estado de Connecticut.
Los quejosos ingresaron la demanda en la ciudad de New Haven, porque ahí radica actualmente el expresidente Zedillo, quien se desempeña como director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
Los demandantes buscan una compensación de 50 mil dólares, y lo hacen de manera anónima con objeto de protegerse de probables represalias, declaró Gordon en entrevista con Notimex.
''La razón de que el caso fuera ingresado de manera anónima (bajo el nombre de John Doe, en el argot legal de Estados Unidos) fue para proteger a las víctimas, que sí son reales, y no por razones políticas'', aseguró Gordon.
El equipo legal de Zedillo -que no respondió a la solicitud de entrevista de Notimex- ha sostenido que la demanda obedece a razones políticas, y ha solicitado de manera reiterada a la corte desecharla debido al daño que causa a la imagen pública de su representado.
Incluso, Jonathan Freiman -representante legal de Zedillo- ligó la demanda a los procesos electorales de México del año 2012, tal como consta en documentos ingresados a la corte.
Explicó además que por más de 200 años, las cortes estadunidenses han actuado bajo el entendido de que carecen de jurisdicción para revisar demandas que buscan compensación de daños de parte funcionarios de gobierno extranjeros que actuaron a nombre de un Estado soberano.
Uno de los últimos casos fue la inmunidad concedida al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, apenas en el año 2011, cuando demandantes en Estados Unidos lo relacionaron a un grupo paramilitar.
''Si el Departamento de Estado dice que no quiere que este proceso legal continúe y que sea desechado, la corte con toda probabilidad, pese a que no está legalmente obligada a hacerlo, haría caso de esta recomendación'', reconoció Gordon.
Sin embargo, el abogado de los demandantes basa toda su esperanza en la remota probabilidad de que ''el Departamento de Estado decida que no tomará una posición en el tema y deje que la corte proceda''.
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