México
EU libera 36 MDD de Iniciativa Mérida
El Gobierno de Estados Unidos retiene 26 millones de dólares hasta constatar avances adicionales de México en derechos humanos
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/SEP/2010).- México ha cumplido con suficientes requisitos en el respeto a los derechos humanos para que Estados Unidos libere 36 millones de dólares en fondos previamente retenidos, que fueron parte de la
Iniciativa Mérida de mil 400 millones, consideró el viernes el gobierno del presidente Barack Obama.
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Virginia Staab, dijo que Estados Unidos debe retener otros 26 millones en nuevos fondos hasta que Washington constate avances adicionales en "algunos aspectos del esfuerzo de México en los derechos humanos''.
Los fondos son parte de un compromiso de parte de Estados Unidos que data de 2008, para ayudar a México a combatir a los cárteles de la droga. Según las normas, el Congreso debe retener el 15% de los fondos hasta que México cumpla con requisitos específicos de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura y procesar a los policías y soldados que atenten contra las garantías individuales.
El Gobierno mexicano no respondió de inmediato a las solicitudes de opiniones sobre las recomendaciones del Departamento de Estado.
México ha sido criticado de forma reiterada por los abusos presuntamente cometidos por sus militares. Este año, funcionarios de los derechos humanos acusaron a soldados de dispararle a dos menores de edad y alterar la escena del crimen a fin de responsabilizar de las muertes a pistoleros de los cárteles de las drogas.
El Ejército ha negado las acusaciones. Dice que los niños, de 5 y 9 años, fueron asesinados en abril cuando el vehículo de su familia quedó atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo entre soldados y pistoleros en el estado norteño de Tamaulipas.
El escándalo renovó las demandas de los activistas de derechos humanos para que las autoridades civiles, no el ejército, investiguen los casos de violaciones a las garantías individuales en los que se vean involucrados los militares mexicanos.
Dado que las asignaciones de la Iniciativa Mérida tienen un retraso de más de un año, la decisión del viernes tendrá un impacto financiero mínimo, pero Andrew Selee, director del Mexico Institute, un organismo de investigación con sede en Washington DC, dijo que hay razones para lamentar.
Consideró preocupante que el Departamento de Estado hable de la falta de avances para el procesamiento justo de aquellos funcionarios públicos acusados de cometer abusos de los derechos humanos.
"Esto ha suscitado una preocupación especial en el Congreso de Estados Unidos, donde sigue habiendo un apoyo considerable a los esfuerzos de México contra la delincuencia organizada, pero también algunas preocupaciones por la falta de avances para garantizar investigaciones transparentes de las presuntas violaciones de los derechos humanos'', dijo Selee.
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Virginia Staab, dijo que Estados Unidos debe retener otros 26 millones en nuevos fondos hasta que Washington constate avances adicionales en "algunos aspectos del esfuerzo de México en los derechos humanos''.
Los fondos son parte de un compromiso de parte de Estados Unidos que data de 2008, para ayudar a México a combatir a los cárteles de la droga. Según las normas, el Congreso debe retener el 15% de los fondos hasta que México cumpla con requisitos específicos de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura y procesar a los policías y soldados que atenten contra las garantías individuales.
El Gobierno mexicano no respondió de inmediato a las solicitudes de opiniones sobre las recomendaciones del Departamento de Estado.
México ha sido criticado de forma reiterada por los abusos presuntamente cometidos por sus militares. Este año, funcionarios de los derechos humanos acusaron a soldados de dispararle a dos menores de edad y alterar la escena del crimen a fin de responsabilizar de las muertes a pistoleros de los cárteles de las drogas.
El Ejército ha negado las acusaciones. Dice que los niños, de 5 y 9 años, fueron asesinados en abril cuando el vehículo de su familia quedó atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo entre soldados y pistoleros en el estado norteño de Tamaulipas.
El escándalo renovó las demandas de los activistas de derechos humanos para que las autoridades civiles, no el ejército, investiguen los casos de violaciones a las garantías individuales en los que se vean involucrados los militares mexicanos.
Dado que las asignaciones de la Iniciativa Mérida tienen un retraso de más de un año, la decisión del viernes tendrá un impacto financiero mínimo, pero Andrew Selee, director del Mexico Institute, un organismo de investigación con sede en Washington DC, dijo que hay razones para lamentar.
Consideró preocupante que el Departamento de Estado hable de la falta de avances para el procesamiento justo de aquellos funcionarios públicos acusados de cometer abusos de los derechos humanos.
"Esto ha suscitado una preocupación especial en el Congreso de Estados Unidos, donde sigue habiendo un apoyo considerable a los esfuerzos de México contra la delincuencia organizada, pero también algunas preocupaciones por la falta de avances para garantizar investigaciones transparentes de las presuntas violaciones de los derechos humanos'', dijo Selee.
Síguenos en