México
Diputadas federales piden juicio político contra Emilio González
Diputadas federales del PRD, Convergencia y PSD han presentado ayer una solicitud de juicio político contra Emilio González Márquez
CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas federales del PRD, Convergencia y PSD han presentado ayer una solicitud de juicio político contra Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, a quien han acusado de “negarse a aplicar la Norma Oficial Mexicana 046”, que obliga a las instituciones públicas de todo el país que prestan salud a las mujeres a atender sobre todo casos de violencia sexual”.
En conferencia en San Lázaro, las legisladoras Maricela Contreras Julián (PRD), presidenta de la Comisión de Equidad y Género; Martha Tagle Martínez (PC), secretaria de la misma Comisión; Rosario Ortiz Magallón (PRD); y, del PSD, Marina Arvizu Rivas y Elsa Conde Rodríguez, argumentaron que el juicio político lo sustentarían en la determinación que González Márquez tomó el 15 de junio al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constituciopnal para negarse a aplicar la norma 046.
Elsa Conde Rodríguez afirmó que el gobernador de Jalisco “no sólo se ha negado reiteradamente a dar el servicio desde sus instituciones de salud a las mujeres que han sufrido violencia sexual, y que por tal tienen embarazos obviamente no deseados”. Ahora, por añadidura, precisó Conde, “ha presentado esta controversia constitucional”.
En conferencia en San Lázaro, las legisladoras Maricela Contreras Julián (PRD), presidenta de la Comisión de Equidad y Género; Martha Tagle Martínez (PC), secretaria de la misma Comisión; Rosario Ortiz Magallón (PRD); y, del PSD, Marina Arvizu Rivas y Elsa Conde Rodríguez, argumentaron que el juicio político lo sustentarían en la determinación que González Márquez tomó el 15 de junio al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constituciopnal para negarse a aplicar la norma 046.
Elsa Conde Rodríguez afirmó que el gobernador de Jalisco “no sólo se ha negado reiteradamente a dar el servicio desde sus instituciones de salud a las mujeres que han sufrido violencia sexual, y que por tal tienen embarazos obviamente no deseados”. Ahora, por añadidura, precisó Conde, “ha presentado esta controversia constitucional”.
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