México
Difieren en constitucionalidad de iniciativa de reforma energética
El investigador Arnaldo Córdova, de la UNAM, coincidió en el mismo marco con Juventino Castro y Castro en la necesidad de realizar un plebiscito o referéndum antes de que el Congreso discuta las referidas iniciativas.
MÉXICO.- Las propuestas del Ejecutivo federal sobre la reforma energética son constitucionales y pueden ser aprobadas por el Congreso de la Unión, aseveró el especialista en Derecho Héctor Fix Fierro.
En tanto el ex consejero del Instituto Federal Electoral ( IFE) Jaime Cárdenas Gracia planteó que con esas iniciativas sólo se busca beneficiar a inversionistas nacionales y extranjeros.
Cuestionó que la propuesta del Ejecutivo beneficie a Pemex pues, dijo, en ella se plantea que las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica no las adopte exclusivamente el Estado sino que las comparta con empresas privadas.
Para el egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional ya que en los hechos se implantan en Pemex reglas del Derecho corporativo, que son del Derecho privado, "con lo que el andamiaje del derecho constitucional y administrativo queda afectado".
En el foro "Análisis constitucional de las iniciativas de Reforma Energética", Fix Fierro consideró que esas iniciativas no enfrentan obstáculos de inconstitucionalidad que impidan que el Congreso las discuta y resuelva.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que la Constitución mexicana no es obstáculo sino el marco de referencia imprescindible y el cauce adecuado para el debate sobre el tema.
En la sede de la Cámara alta el especialista en Derecho sostuvo que la prohibición de concesiones y contratos de explotación es una restricción a la libertad de comercio, industria y trabajo.
Además, asentó, el Artículo 28 constitucional define "como área estratégica el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica", no la industria petrolera, lo que abre la puerta a diversas posibilidades de regulación".
Con ello "se deduce que los particulares pueden participar en áreas estratégicas de la industria petrolera" siempre y cuando Petroleos Mexicanos (Pemex) mantenga la propiedad de los hidrocarburos y los particulares no tengan un beneficio directo, añadió.
En tanto el ex ministro Juventino Castro y Castro planteó que de acuerdo con la Constitución el manejo de las áreas estratégicas es facultad exclusiva del Estado y los sectores social y privado pueden auxiliarlos sólo en las áreas prioritarias.
Propuso que tales iniciativas se sometan a un proceso de consulta popular antes de ser dictaminadas y votadas por el Congreso de la Unión pues los ciudadanos son los titulares exclusivos de la riqueza del subsuelo mexicano.
El investigador Arnaldo Córdova, de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), coincidió en el mismo marco con Juventino Castro y Castro en la necesidad de realizar un plebiscito o referéndum antes de que el Congreso discuta las referidas iniciativas.
En tanto el ex consejero del Instituto Federal Electoral ( IFE) Jaime Cárdenas Gracia planteó que con esas iniciativas sólo se busca beneficiar a inversionistas nacionales y extranjeros.
Cuestionó que la propuesta del Ejecutivo beneficie a Pemex pues, dijo, en ella se plantea que las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica no las adopte exclusivamente el Estado sino que las comparta con empresas privadas.
Para el egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional ya que en los hechos se implantan en Pemex reglas del Derecho corporativo, que son del Derecho privado, "con lo que el andamiaje del derecho constitucional y administrativo queda afectado".
En el foro "Análisis constitucional de las iniciativas de Reforma Energética", Fix Fierro consideró que esas iniciativas no enfrentan obstáculos de inconstitucionalidad que impidan que el Congreso las discuta y resuelva.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que la Constitución mexicana no es obstáculo sino el marco de referencia imprescindible y el cauce adecuado para el debate sobre el tema.
En la sede de la Cámara alta el especialista en Derecho sostuvo que la prohibición de concesiones y contratos de explotación es una restricción a la libertad de comercio, industria y trabajo.
Además, asentó, el Artículo 28 constitucional define "como área estratégica el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica", no la industria petrolera, lo que abre la puerta a diversas posibilidades de regulación".
Con ello "se deduce que los particulares pueden participar en áreas estratégicas de la industria petrolera" siempre y cuando Petroleos Mexicanos (Pemex) mantenga la propiedad de los hidrocarburos y los particulares no tengan un beneficio directo, añadió.
En tanto el ex ministro Juventino Castro y Castro planteó que de acuerdo con la Constitución el manejo de las áreas estratégicas es facultad exclusiva del Estado y los sectores social y privado pueden auxiliarlos sólo en las áreas prioritarias.
Propuso que tales iniciativas se sometan a un proceso de consulta popular antes de ser dictaminadas y votadas por el Congreso de la Unión pues los ciudadanos son los titulares exclusivos de la riqueza del subsuelo mexicano.
El investigador Arnaldo Córdova, de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), coincidió en el mismo marco con Juventino Castro y Castro en la necesidad de realizar un plebiscito o referéndum antes de que el Congreso discuta las referidas iniciativas.
Síguenos en