México
Dictan más órdenes de arresto por ''Moreirazo''
Cuatro ex funcionarios de Coahuila están acusados de la contratación ilegal de dos créditos por dos mil 100 MDP
CIUDAD DE MÉXICO (16/MAR/2012).- Un juez federal ordenó la aprehensión de cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno de Coahuila, acusados por la contratación ilegal de dos créditos por dos mil 100 millones de pesos dentro de un segundo expediente relacionado con el llamado "Moreirazo", por el ex gobernador Humberto Moreira.
Eduardo Torres Carrillo, juez Primero de Distrito de Procesos Penales en el Reclusorio Norte, libró las órdenes de aprehensión y remitió el expediente al Juzgado Décimo Sexto de Distrito, que lleva la causa penal 7/2012-V, iniciada en febrero pasado por hechos relacionados con este asunto.
Torres Castillo ordenó detener a Jaime René Jiménez Flores y Jorge López Alarcón, ex director de Deuda Pública y ex jefe de Departamento por Honorarios, respectivamente, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También se libraron órdenes de aprehensión en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, quienes se encuentran prófugos.
De acuerdo con este segundo pliego de consignación, los ex funcionarios estatales contrataron dos créditos, ante el Banco Santander en 2010 y 2011 con documentación falsa, en un procedimiento similar al empleado para tramitar el adeudo por mil millones con Banco del Bajío. Los servidores públicos de Hacienda inscribieron indebidamente la deuda en los registros de la dependencia.
El contrato más antiguo fue firmado el 12 de julio de 2010 hasta por mil 100 millones de pesos y el segundo, contratado hasta por mil millones, se suscribió el 28 de marzo de 2011. Los cuatro involucrados están acusados de violación al artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito en grado de tentativa.
A Jiménez Flores y López Alarcón, quienes se encuentran sujetos a proceso desde el mes pasado por hechos relacionados, se les cumplimentó la nueva orden de aprehensión en el Reclusorio Norte.
López Alarcón recibió este viernes auto de formal prisión y, por tratarse de un delito grave, no podrá obtener libertad bajo caución, mientras Jiménez Flores solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica, plazo que vence el próximo lunes.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito informó que la letra manuscrita inserta en los sellos de la SHCP sobre los documentos con los que se inscribieron estos créditos ante la Federación corresponde a la de López Alarcón, de acuerdo con una prueba pericial de grafoscopía que consta en el expediente.
Los registros 415/2010 y 178/2011, con los que se dieron de alta los dos créditos ante la SCHP no existían, mientras que los sellos impresos sobre las inscripciones resultaron falsos, de acuerdo con la acusación.
El juzgado destacó que, si bien al rendir su declaración preparatoria el indiciado negó su responsabilidad en los hechos que se imputan, "no aportó elementos de prueba que lo desvinculen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que el Ministerio Público sustenta su intervención en el delito; además de que no solicitó la duplicidad del término constitucional".
Eduardo Torres Carrillo, juez Primero de Distrito de Procesos Penales en el Reclusorio Norte, libró las órdenes de aprehensión y remitió el expediente al Juzgado Décimo Sexto de Distrito, que lleva la causa penal 7/2012-V, iniciada en febrero pasado por hechos relacionados con este asunto.
Torres Castillo ordenó detener a Jaime René Jiménez Flores y Jorge López Alarcón, ex director de Deuda Pública y ex jefe de Departamento por Honorarios, respectivamente, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También se libraron órdenes de aprehensión en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, quienes se encuentran prófugos.
De acuerdo con este segundo pliego de consignación, los ex funcionarios estatales contrataron dos créditos, ante el Banco Santander en 2010 y 2011 con documentación falsa, en un procedimiento similar al empleado para tramitar el adeudo por mil millones con Banco del Bajío. Los servidores públicos de Hacienda inscribieron indebidamente la deuda en los registros de la dependencia.
El contrato más antiguo fue firmado el 12 de julio de 2010 hasta por mil 100 millones de pesos y el segundo, contratado hasta por mil millones, se suscribió el 28 de marzo de 2011. Los cuatro involucrados están acusados de violación al artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito en grado de tentativa.
A Jiménez Flores y López Alarcón, quienes se encuentran sujetos a proceso desde el mes pasado por hechos relacionados, se les cumplimentó la nueva orden de aprehensión en el Reclusorio Norte.
López Alarcón recibió este viernes auto de formal prisión y, por tratarse de un delito grave, no podrá obtener libertad bajo caución, mientras Jiménez Flores solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica, plazo que vence el próximo lunes.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito informó que la letra manuscrita inserta en los sellos de la SHCP sobre los documentos con los que se inscribieron estos créditos ante la Federación corresponde a la de López Alarcón, de acuerdo con una prueba pericial de grafoscopía que consta en el expediente.
Los registros 415/2010 y 178/2011, con los que se dieron de alta los dos créditos ante la SCHP no existían, mientras que los sellos impresos sobre las inscripciones resultaron falsos, de acuerdo con la acusación.
El juzgado destacó que, si bien al rendir su declaración preparatoria el indiciado negó su responsabilidad en los hechos que se imputan, "no aportó elementos de prueba que lo desvinculen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que el Ministerio Público sustenta su intervención en el delito; además de que no solicitó la duplicidad del término constitucional".
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