México
Deuda de justicia
El pasado 11 de diciembre, Celso Rodríguez González, el magistrado que encabeza el Poder Judicial en Jalisco, presentó el informe de otro año de trabajo en una ceremonia prefabricada
El pasado 11 de diciembre, Celso Rodríguez González, el magistrado que encabeza el
Poder Judicial en Jalisco, presentó el informe de otro año de trabajo en una ceremonia prefabricada. El mismo personaje que consiguió mantenerse en la presidencia del que se denomina
Supremo Tribunal de Justicia, gracias a un amparo obtenido en los primeros días del año 2008 de modo extraño —él sí obtuvo justicia expedita— y desató la ira de muchos de sus compañeros magistrados, completó un año más y pronunció un discurso rimbombante: “Podemos afirmar que el Poder Judicial está avanzando, contundentemente, en sus propósitos de convertirse en el órgano administrador de justicia más profesional, honesto y transparente del país”.
Habría que definir los conceptos de profesionalismo y honestidad que maneja este jurisconsulto que mantiene una lucha abierta contra los miembros del Consejo de la Judicatura, a quienes acusó de haberse asignado 50 días de salario como aguinaldo, cuando en realidad, según las pruebas mostradas por los consejeros que representan a la ciudadanía en la administración del Poder Judicial, ese aguinaldo es de 15 días.
Los consejeros judiciales, naturalmente, se han hecho acreedores a tantas críticas como las que recibe el presidente del Supremo Tribunal. El ciudadano común no puede hacer otra cosa que acusar a ambas partes.
Pero en el Poder Judicial, que ha sido desde generaciones atrás un laberinto al que sólo acceden los iniciados y cuyas reglas están cada vez más lejos de los ciudadanos a quienes pretende garantizar justicia y paz, todos optan por callar.
Los magistrados mismos que descalifican en privado la actuación de Celso Rodríguez, guardan silencio público para mantener vigente otro concepto inaprehensible y oscuro que coinciden en proteger: “la institucionalidad”.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, según reza la Ley Orgánica del Poder Judicial jalisciense en su artículo 33, “vigilará que la administración de justicia en el Estado sea pronta, completa, gratuita e imparcial, dictando al efecto las medidas que fueren necesarias”.
Pero mientras la aplicación de la justicia está lejos de ser pronta y, mucho menos, gratuita, el Poder Judicial —sus varios tribunales, sus jueces, su estructura toda— consumirá este año poco más de 809 millones de pesos del erario público.
El mensaje grandilocuente de un magistrado que ocupa el puesto que sus compañeros anhelan en secreto, no puede llenar la ausencia de justicia que miles de jaliscienses, todos los días, padecen en el daño a sus bienes y su persona. Y mientras todos los hombres de leyes están apresados en una red gigantesca de intereses que regula, de facto, hasta el más pequeño de los actos jurídicos, la deuda para con el ciudadano común se hace cada vez más grande.
La justicia, en una de las versiones más básicas de nuestra lengua, es una virtud que da a cada cual lo que merece. Los impartidores de justicia incumplen.
Habría que definir los conceptos de profesionalismo y honestidad que maneja este jurisconsulto que mantiene una lucha abierta contra los miembros del Consejo de la Judicatura, a quienes acusó de haberse asignado 50 días de salario como aguinaldo, cuando en realidad, según las pruebas mostradas por los consejeros que representan a la ciudadanía en la administración del Poder Judicial, ese aguinaldo es de 15 días.
Los consejeros judiciales, naturalmente, se han hecho acreedores a tantas críticas como las que recibe el presidente del Supremo Tribunal. El ciudadano común no puede hacer otra cosa que acusar a ambas partes.
Pero en el Poder Judicial, que ha sido desde generaciones atrás un laberinto al que sólo acceden los iniciados y cuyas reglas están cada vez más lejos de los ciudadanos a quienes pretende garantizar justicia y paz, todos optan por callar.
Los magistrados mismos que descalifican en privado la actuación de Celso Rodríguez, guardan silencio público para mantener vigente otro concepto inaprehensible y oscuro que coinciden en proteger: “la institucionalidad”.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, según reza la Ley Orgánica del Poder Judicial jalisciense en su artículo 33, “vigilará que la administración de justicia en el Estado sea pronta, completa, gratuita e imparcial, dictando al efecto las medidas que fueren necesarias”.
Pero mientras la aplicación de la justicia está lejos de ser pronta y, mucho menos, gratuita, el Poder Judicial —sus varios tribunales, sus jueces, su estructura toda— consumirá este año poco más de 809 millones de pesos del erario público.
El mensaje grandilocuente de un magistrado que ocupa el puesto que sus compañeros anhelan en secreto, no puede llenar la ausencia de justicia que miles de jaliscienses, todos los días, padecen en el daño a sus bienes y su persona. Y mientras todos los hombres de leyes están apresados en una red gigantesca de intereses que regula, de facto, hasta el más pequeño de los actos jurídicos, la deuda para con el ciudadano común se hace cada vez más grande.
La justicia, en una de las versiones más básicas de nuestra lengua, es una virtud que da a cada cual lo que merece. Los impartidores de justicia incumplen.
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