México
Descartan pena de muerte y cadena perpetua en ley antisecuestro
La pena máxima que se prevé aprobar para quienes incurran en el delito del secuestro económico o por dinero es de casi 50 años de prisión
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados concluyó el dictamen de
Ley Antisecuestro que será votado en los próximos días.
En él, se aumentan las penas al delito, se descarta la pena de muerte y se prohíbe la mediación y publicidad de las peticiones de los plagiarios.
El diputado federal del PRI y encargado de la redacción de la nueva ley, Josué Valdés Huezo, destacó en entrevista que esta nueva ley retoma parte de la iniciativa enviada por el Presidente Felipe Calderón hace algunas semanas al Congreso de la Unión.
"Tenemos un dictamen listo para ser votado y esperamos que antes del 30 de abril sea avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, pero ello dependerá de la voluntad de los grupos legislativos", dijo en San Lázaro el integrante de la Comisión de Justicia.
Expuso que el país está inmerso en una 'industria del secuestro' que genera alrededor de cinco mil plagios al año y que van desde los casos tradicionales, el secuestro exprés y virtual, entre otros, que serán penalizados de forma severa.
Valdés Huezo señaló que se trabajó de forma coordinada con el Senado de la República, que también tiene un dictamen listo, por lo que de ser aprobado primero por los senadores, no habrá ningún problema para ratificarlo en San Lázaro o viceversa.
La pena máxima que se prevé aprobar para quienes incurran en el delito del secuestro económico o por dinero es de casi 50 años de prisión, pero se descarta la cadena perpetua y la pena de muerte, y se federaliza su combate.
Con ello las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada, es decir, más de tres personas y los estados se encargarían de los plagios en la modalidad virtual, exprés u otros de bajo impacto.
El legislador del partido tricolor por el estado de México recordó que el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales.
La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro, comentó.
La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, propuestas de Isabel Miranda de Wallace, y la del presidente Felipe Calderón.
Dijo que se buscan definir los tipos penales "se pretende una sanción de 40 a 50 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes.
En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.
Respecto al " secuestro virtual " como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra. Valdés Huezo comentó que se retomará el " modelo italiano" de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate y sancionar a quienes publiciten o difundan las peticiones de los plagiarios, destacó.
En él, se aumentan las penas al delito, se descarta la pena de muerte y se prohíbe la mediación y publicidad de las peticiones de los plagiarios.
El diputado federal del PRI y encargado de la redacción de la nueva ley, Josué Valdés Huezo, destacó en entrevista que esta nueva ley retoma parte de la iniciativa enviada por el Presidente Felipe Calderón hace algunas semanas al Congreso de la Unión.
"Tenemos un dictamen listo para ser votado y esperamos que antes del 30 de abril sea avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, pero ello dependerá de la voluntad de los grupos legislativos", dijo en San Lázaro el integrante de la Comisión de Justicia.
Expuso que el país está inmerso en una 'industria del secuestro' que genera alrededor de cinco mil plagios al año y que van desde los casos tradicionales, el secuestro exprés y virtual, entre otros, que serán penalizados de forma severa.
Valdés Huezo señaló que se trabajó de forma coordinada con el Senado de la República, que también tiene un dictamen listo, por lo que de ser aprobado primero por los senadores, no habrá ningún problema para ratificarlo en San Lázaro o viceversa.
La pena máxima que se prevé aprobar para quienes incurran en el delito del secuestro económico o por dinero es de casi 50 años de prisión, pero se descarta la cadena perpetua y la pena de muerte, y se federaliza su combate.
Con ello las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada, es decir, más de tres personas y los estados se encargarían de los plagios en la modalidad virtual, exprés u otros de bajo impacto.
El legislador del partido tricolor por el estado de México recordó que el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales.
La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro, comentó.
La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, propuestas de Isabel Miranda de Wallace, y la del presidente Felipe Calderón.
Dijo que se buscan definir los tipos penales "se pretende una sanción de 40 a 50 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes.
En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.
Respecto al " secuestro virtual " como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra. Valdés Huezo comentó que se retomará el " modelo italiano" de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate y sancionar a quienes publiciten o difundan las peticiones de los plagiarios, destacó.
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